Todos los afiliados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) pagan desde este mes un monto mayor por el denominado Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) dispuesto el año pasado para mejorar las finanzas del organismo.
El nuevo valor, que se cobra desde marzo, fue oficializado ayer con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
De acuerdo con la Resolución 2/2025 del organismo, el FEC pasó a ser de $ 9.460, un 14% más que el valor vigente hasta febrero ($ 8.270).
El Fondo recibe “un aporte mensual a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios” y tiene por objeto “atender las mayores erogaciones relacionadas con éstas (trasplantes de órganos y tejidos, hemodiálisis, fibrosis quística, hemofilia, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea y otras a definir por el Directorio de la Apross”, según consta en la norma que lo creó a comienzos del año pasado.
El aporte corresponde a cada uno de los beneficiarios, incluyendo a sus familiares a cargo.
Ajuste
Desde el año pasado, el monto se ajusta de acuerdo con las pautas salariales que firman los docentes, gremio que la semana pasada selló en paritarias con el Gobierno de Martín Llaryora el incremento para lo que resta del año.
Cuando se creó el FEC, se iba a actualizar por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero luego, pro presión de los sindicatos públicos, se decidió que se ajuste con la variación de los salarios de los docentes provinciales.
Junto con el FEC, se creó otro aporte para financiar el Apross, en este caso, el llamado Fondo solidario de atención para enfermedades emergentes e innovación tecnológica (Fosaet). En medio de reclamos múltiples por cobros de la administración, al menos hasta junio de este año, está suspendido.
Estrategia
La estrategia de la creación de fondos de asignación específica es un común denominador de la gestión de Martín Llaryora.
Cuando llegó al Panal, además de los fondos en Apross, envió a la Unicameral cambios impositivos para crear el “Fondo de seguridad ciudadana y de mejoramiento de los servicios públicos y sociales” (FSC) y el “Fondo provincial de inclusión social de personas con discapacidad” (FPI).
Ambas imposiciones hicieron su debut en 2024, son obligatorias y las pagan todos aquellos que tributan el impuesto inmobiliario urbano por sus propiedades dentro de la provincia de Córdoba.
El primero de los fondos se conformó con un adicional del 4% del inmobiliario urbano y, el segundo, con un extra del 2% en el mismo impuesto. Ambos son “de carácter transitorio”, dice la ley, y regirán hasta el 31 de diciembre de 2027.
La conformación de fondos especiales de asignación específica supone que ambos ingresos no irán a rentas generales, sino que se destinarán exclusivamente para el propósito para el cual fueron creados.
En el caso del FSC, si bien se espera que se utilice para temas de seguridad, las posibilidades de uso son amplias porque las alternativas de destino detalladas en la ley son muy variadas.
Respecto del FPI, el destino sí es más específico: “Contribuir al financiamiento de aquellos programas o proyectos de inclusión, participación y la autonomía de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida diaria (...)”.
Números
El último balance de Apross, correspondiente a 2023, dice que tuvo ingresos ordinarios por $ 245.366 millones y gastos por 289.541 millones. Le faltó el equivalente al 15% de su gasto; un desvío de $ 44.173 millones.
