Un muy reducido número de empresas cordobesas figuran como participantes de la nueva etapa del programa Precios Justos impulsado por el Gobierno nacional y que prevé incrementos mensuales de hasta el 5% en los precios por los próximos 90 días.
De acuerdo con el listado difundido por la Secretaría de Comercio, solo una docena de compañías con sede administrativa o raíces en esta provincia forman parte del listado que está compuesto por 150 firmas. La nómina incluye rubros de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares y cadenas de supermercados y mayoristas.
No obstante, no está claro si las empresas mencionadas podrán garantizar el límite en los precios o, por presión de los mayores costos, se verán impedidas de trasladarlos con consecuencias en el abastecimiento de mercadería y en el plazo de cobranza a sus clientes.
En el segmento conocido como consumo masivo, que incluye alimentos y bebidas, sólo aparece de Córdoba el Grupo Arcor. Sí figuran otras empresas que cuentan con fábricas en esta provincia, como Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, pero nada más.
En ese mismo segmento también aparecen supermercados. Libertad, del Grupo Casino, es el único que posee sede en Córdoba. El resto de los que aparecen (Cencosud, Carrefour) toman sus decisiones en otras radicaciones.
En el rubro “laboratorios” figuran tres cordobeses: Cabuchi, Hemoderivados y Química Luar. En “línea blanca”, la fábrica Drean (actualmente Mabe) radicada en Luque.
Es en la categoría “motos” donde hay más firmas cordobesas. Una es Okinoi, otra Dragón, Keller e IMSA, ligada a Corven. En “calzados” figura El Dante, una fábrica local.
La escasa adhesión al esquema fue interpretada en medios empresariales como un gesto de poca confianza a la posibilidad de sujetar los precios en un proceso inflacionario y de abastecimiento de mercadería incierto.
Un cambio de fondo en esta nueva versión del polémico plan de Precios Justos es que ya no existe más una canasta de mercadería a la cual se le imponen límites. En teoría alcanza a todas las categorías de productos. Pero, en fuentes del sector, se afirma que la realidad es que no hay ningún acuerdo, simplemente una lista difundida por el secretario de Comercio, Matías Tombolini.
“Puede decirse que esa lista conocida a través de redes sociales es de las empresas que se sentaron a hablar, pero ninguna firmó”, dijeron fuentes con conocimiento de la negociación.
¿En qué se benefician?
¿Cuáles son los términos del acuerdo? En general no incrementar los precios por encima del cinco por ciento para obtener a cambio dos beneficios impositivos. Uno es no realizar el pago anticipado del nuevo impuesto a las ganancias, el “látigo” que estrenó Guillermo Michel, el titular de la Aduana que intervino en los hechos la secretaría de Tombolini.
El otro, tener abierto el grifo de las importaciones y no pagar el 7,5% del impuesto País. “Sin embargo, para importar no hay dólares, así que es medio incomprensible todo”, indicó una fuente cuya empresa sale en la nómina.
“Hay que recordar que un nuevo precio que está fijo por 90 días. No es un salto para que luego se siga moviendo. Eso supone evaluar la estructura de costos de las empresas. Elaboramos un informe sobre el impacto de las variaciones del impuesto Pais y el tipo de cambio, en ningún caso el diferencial de precios supera el 25% del nuevo dato. Entendemos que esta compensación alcanzará para absorber el impacto del nuevo precio del dólar”, describió en su momento Tombolini.
A las cadenas de venta masiva, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, se les exige que no acepten listas de previos de los proveedores con subas superiores al 5%. Es la barrera que el Gobierno pretende bajar de cara a la inflación de septiembre, dado que la de agosto ya de cifras cercanas al 7%.
Pero a nivel de la industria, sostener ese porcentual de incremento luego de un ciclo de incremento en los costos a lo que se agregó la devaluación es una misión difícil de cumplir. “Lo que se va a ver ahora es un acortamiento en la cadena de pago, ya no se podrá esperar a las grandes cadenas 60 días para cobrar”, indicó un vocero ligado a la producción.
La banca JP Morgan fue muy pesimista para la Argentina en ese sentido: “Asumiendo un traslado a precios del 50% durante los primeros dos meses post devaluación, esperamos que en agosto-septiembre la inflación se ubique en los dos dígitos (12,5 por ciento promedio mensual)”, aseguró en un documento.
