El debate sobre la reforma de la Corte Suprema volvió a tomar impulso en una reciente sesión plenaria del Senado, integrada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La reunión contó con la participación de destacados juristas que expusieron sus visiones sobre la necesidad de modificar no solo la cifra de miembros del máximo tribunal, sino también el modo en que se garantiza la independencia, la meritocracia, el federalismo y, por supuesto, la paridad de género.
En este contexto, las palabras de Antonio María Hernández, exconstituyente de la Reforma de 1994 y académico, se destacaron por un diagnóstico incisivo y por sus propuestas orientadas a una “reforma muy profunda” del sistema judicial argentino, tanto en el ámbito federal como provincial.
En el extenso debate de más de dos horas, Hernández desarrolló una visión crítica y a la vez constructiva de la realidad judicial. Puntualizó que el tema, aunque se centre en la Corte, forma parte de un problema sistémico.
Y se refirió a un tema presente hoy: la cantidad de miembros. “Es una enorme lentitud; imagínense una Corte con 15 o 25 miembros”, dijo en forma enfática para luego manifestar su inclinación por un número reducido de ministros, proponiendo cinco o siete como lo más prudente.
Hernández recordó que el número de ministros de la Corte ha fluctuado a lo largo de la historia argentina y que desde 1862 la ley fijó cinco miembros, número vigente aunque cuestionado. “Muchos han planteado subir a siete, nueve o más, pero este aumento no necesariamente mejora la calidad de las decisiones ni la eficiencia judicial”, afirmó.
El jurista sostuvo que, aunque la cuestión numérica es importante, “la clave es cómo se designan los jueces,” y recordó que el proceso es una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Senado, buscando evitar la politización.
Politización
Hernández fue muy crítico con la “politización enorme y clara” que hoy reina en la Justicia, advirtiendo que tanto el Ejecutivo como el Senado han fallado en garantizar la independencia judicial.
“El mal funcionamiento de la Justicia provincial termina repercutiendo en la Corte Suprema, que recibe un volumen excesivo de causas porque los tribunales provinciales no resuelven oportunamente,” subrayó.
Por ello, pidió una descomplejización judicial, incluyendo la transferencia urgente de la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al gobierno local, lo cual permitiría filtrar mejor las causas que llegan a la Corte.
Sobre la especialización dentro de la Corte, Hernández fue categórico: “El requisito esencial para un ministro de la Corte es manejar muy bien la Constitución Nacional y ser un hombre o mujer de Estado. No hace falta especialización en derecho civil o penal”, explicó, y puso como ejemplo las diferencias con tribunales federales o provinciales donde sí hay especialización.
“La Corte es esencialmente un tribunal de garantías constitucionales, no de casación,” recalcó para aclarar que la multiplicidad de materias jurídicas complejas no debería fragmentar su labor.
Respecto a la representación federal, otro punto clave del debate, Hernández defendió el federalismo y destacó que históricamente la Corte ha estado integrada predominantemente por jueces de Buenos Aires. Sin embargo, alertó que el “reparto regional” debe manejarse con cuidado para que no se convierta en un criterio político desconectado de la idoneidad.
“La federalización no significa que un juez venga ‘de tal provincia’ sin capacidad técnica. El federalismo debe expresarse en el respeto a las competencias de cada provincia y en un juez que interprete la Constitución con esa mirada,” puntualizó.
Diálogo
En diálogo con otros expertos, como la doctora María Eugenia Chapero, quien defendió la paridad de género como un mandato constitucional y de los tratados internacionales, Hernández compartió la preocupación por la ausencia absoluta de mujeres en la Corte desde hace años. Él mismo calificó de “lamentable” esta realidad y reclamó la designación urgente de mujeres para cumplir con las normas constitucionales y avanzar hacia una Justicia más inclusiva y representativa.
Otro aspecto destacado fue la insistencia en que cualquier reforma o debate debe respetar las reglas constitucionales vigentes, especialmente el artículo 108, que no permite la división de la Corte en salas.
En este sentido, Hernández descartó proyectos que propongan un tribunal tan grande que necesite subdivisiones, considerando que eso contradice el texto constitucional.
El exconstituyente fue enfático al señalar que el Senado tiene una responsabilidad institucional crucial en este proceso y le pidió que “defienda el artículo 129 y limpie de causas a la Corte Suprema” para evitar la congestión judicial que hoy la afecta. Sobre la idoneidad y la independencia de los jueces, Hernández apuntó que la designación debe basarse en la idoneidad técnica y en un compromiso ético serio con la Constitución: “Hace falta conocer muy bien cuáles son los antecedentes y la transparencia de los candidatos,” planteó.
Asimismo, Hernández comentó que no es momento para discutir reformas constitucionales profundas como la elección popular de jueces, propuesta por otros participantes, calificándola de “experiencia compleja” que genera inestabilidad política y que desnaturaliza el poder contramayoritario del Poder Judicial, propio del sistema republicano. Dijo, en concreto: “Para una elección popular de jueces a nivel federal hay que ir a una reforma constitucional, y no creo que este sea el momento, sino que primero debemos cumplir la Constitución vigente.”
Finalmente, alertó que el problema es más grande que la Corte: “Hay que reformar profundamente el Poder Judicial federal y los provinciales, porque ahí está la raíz del problema.”
Al referirse al deterioro institucional, enfatizó que la justicia argentina atraviesa una crisis ligada a la politización, la judicialización de la política y la pérdida de confianza ciudadana.
