La causa en la que se investiga al exconcejal justicialista y exdirector municipal, Guillermo Kraisman, junto con la militante oficialista Luciana Castro, tendrá este jueves un día clave en el proceso en el marco de la investigación acerca del intento de extracción del salario de una empleada “fantasma” de la Legislatura.
El fiscal del fuero Penal Económico y Anticorrupción Franco Mondino confirmó en diálogo con La Voz que pedirá la presión preventiva de ambos.
Este jueves se desarrollará la audiencia oral, no pública, en la que los detenidos deberán presentarse con sus defensores ante las autoridades judiciales en el proceso en el que se investiga el accionar de ambos exfuncionarios, que concurrieron el 16 de enero a una entidad bancaria de barrio General Paz con un DNI vencido de Virginia Martínez.
La mujer se encontraba registrada en la Legislatura como asistente legislativa del oficialismo.
Martínez figuraba con un alta de ingreso con fecha de diciembre y baja el 8 de enero por la legisladora y vicepresidenta de la Legislatura (la tercera autoridad en orden de importancia en la Unicameral), Nadia Fernández.
Consultado por La Voz, el fiscal Mondino afirmó que se reúnen los elementos necesarios para pedir la previsión preventiva de los detenidos. Además, confirmó que las situaciones anteriores cometidas por Kraisman, la más reciente en septiembre pasado cuando intentó llevarse sin abonar un pack de fiambre de un supermercado de Córdoba capital, también son tenidas en cuenta. Tanto Kraisman como Castro están detenidos por tentativa de estafa.
Entre estas cuestiones, el fiscal Anticorrupción priorizará para la petición de la presión preventiva de Kraisman y de Castro la existencia de un hecho, la participación, la calificación legal, los elementos procesales y la peligrosidad procesal, es decir un peligro de fuga o un entorpecimiento en la investigación que lleva adelante. En este caso, el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gustavo Hidalgo, será el que definirá si hará lugar al pedido de Mondino.
El fiscal también confirmó a este medio que en el marco del proceso de investigación ordenó a la Dirección de Asuntos Legales de Legislatura de Córdoba la entrega de información sobre la relación laboral que tenía Martínez con la Unicameral cordobesa. Y ratificó que hoy en la causa la mujer se encuentra en carácter de denunciante y testigo.
De acuerdo con los dichos de la defensa de la mujer, “nunca concurrió a la Legislatura” y tampoco conocía a la legisladora Fernández, quien rubricó su alta y luego la baja del contrato.
Respecto de la situación de la legisladora Fernández, el fiscal expresó que no fue citada por la Justicia. “Hoy es una mera testigo”, explicó. Y agregó, que en el marco del proceso que se lleva adelante –y vía información por correo electrónico– desde la Legislatura se dispuso información para la testimonial de un empleado del Poder Legislativo acerca de la situación contractual de Martínez.
Por lo que se espera que esta semana, además de la audiencia oral con los acusados, se tome el testimonio de un agente legislativo (que se reservó su nombre) con datos sobre el vínculo contractual de Martínez, que según el acta de baja –a la que tuvo acceso este medio– se trató de una asistente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, espacio que integra la legisladora Fernández.
La semana pasada y según declaró la misma Fernández a La Voz, el contrato de Martínez fue dado de baja en enero debido a que “no cumplía con sus tareas y horarios laborales”.
Para la defensa de la mujer, en cambio, Martínez nunca estuvo en la Legislatura “porque desconocía haber sido contratada” y se aseguró que Kraisman intentó realizar un cobro con un “DNI no vigente” de la mujer. Sin embargo, los asesores del exconcejal y de Castro plantearán este jueves en la audiencia que no “hubo delito, ni ardid” y que la supuesta asesora ”sí conocía la situación”.
En esta trama, en la que también aparece la madre de Martínez, vecina de Kraisman en el edificio de residencia, la fiscalía de Mondino confirmó que se secuestraron celulares no sólo del exconcejal y de Castro, sino de otras personas, entre las que se encuentra la mamá de supuesta asesora.
Otro dato que aportó el fiscal es “hasta hoy” no está abierta la investigación a otros contratos en la Legislatura”, ya que “no surgen otras situaciones irregulares en la causa”. Esta semana se conoció al respecto que en enero se dio el ingreso a la Unicameral cordobesa de 23 asistentes legislativos, entre los que se encontraba Martínez.
