¿En qué momento el caso Oscar González puede dejar de ser la acumulación de muestras de lo perjudicial que puede ser el poder cuando se lo ejerce de manera abusiva?
Hay un instante fatídico, cruel, irreparable. Fue en aquella tarde del sábado 29 de octubre de 2022 en el paraje Niña Paula, con la colisión de dos vehículos, uno manejado por González y el otro por Alejandra Bengoa, quien fallece, acompañada de Alexa y Marina, las que quedaron con secuelas de por vida.
Pero si uno detiene el tiempo una milésima antes del impacto, ya todo estaba mal. Y después, a los tres años y un mes, todo sigue estando mal. Que la Justicia no le haya concedido a Oscar González la posibilidad de evitar el juicio a través de un resarcimiento económico es uno de los primeros elementos contrarios a esa lógica.
Antes del choque
González era una pieza clave del poder del peronismo cordobés. La tercera autoridad de la Provincia en ese momento manejaba un vehículo de alta gama entregado de manera irregular.
El Tribunal Superior de Justicia le había asignado a la Legislatura –pero dirigido hacia su presidente provisorio– un auto secuestrado, aunque la causa estaba en el fuero federal, no en el provincial, por lo cual nunca debió haberlo cedido.
Descubrimos ahí aquel secreto a voces: que la cabeza del Poder Judicial cordobés entregaba este tipo de vehículo como intercambio de favores políticos.
No hubo hasta acá ninguna reflexión pública de los integrantes del Tribunal Superior respecto de esa práctica, que fue corregida sólo por el estrépito del siniestro.
Ese vehículo debía ser utilizado, según la ley, para uso oficial. Pero González se iba a sus pagos a pasar el fin de semana y a disputar un espacio de poder personal en la elección de la Cemdo, la cooperativa de servicios de Villa Dolores, con un ámbito de incumbencia similar al de un municipio.
Manejaba un vehículo que no debía haber tenido, en circunstancias en las que no estaba autorizado y con una licencia de conducir entregada de manera irregular.
A González le habían retirado la licencia por la acumulación de infracciones y multas impagas, y sacó un carnet en el municipio de Las Tapias, pese a que la ley era clara respecto de que uno debe obtener ese registro en el municipio de residencia.
O sea, si no se hubiese producido la colisión, igualmente todo estaba mal y había una ostentación abusiva del poder.
Jueces propios
Y siguió estando todo mal después. Los familiares de González retiraron pertenencias del vehículo antes de que efectuara al menos un peritaje, y ante la vista cómplice de efectivos policiales.
Es que cuesta encontrar en Traslasierra alguna designación oficial que no haya pasado por la venia del caudillo y los suyos.
Y ahí empezó a tallar la Justicia, sobre la cual el dirigente peronista tenía injerencia en nombramientos.
González no sólo integraba el Jury de Magistrados sino que era un operador político del Gobierno ante los Tribunales.
No es casual que haya ido todo tan lento, al punto de que transcurrieron más de tres años y aún no hay fecha cierta para el juicio por un siniestro vial.
Un juicio que va a tener a la misma fiscal que instruyó la causa, Analía Gallarato, cuestionada por los familiares de las víctimas por supuesta parcialidad en todo el proceso.
El tribunal será unipersonal y en Villa Dolores.
En el medio, a la legisladora Luciana Echevarría se le ocurrió repasar las declaraciones juradas de González y se dio con más de una inconsistencia.
La primera vez que La Voz solicitó declaraciones de bienes a los candidatos fue en la elección legislativa de 1993. González, por entonces candidato a diputado nacional, fue el primero que se negó a presentarla, conducta que modificó días después de la controversia que se suscitó por la publicación de su ficha en blanco.
En estos más de 30 años, triplicó su patrimonio, pese a declarar que sus ingresos estaban compuestos en un 90 por ciento por el salario de funcionario público.
El Fuero Anticorrupción provincial sumó una mancha más y durmió la causa, activada luego por la Justicia federal, que lo tiene preso por el supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Sin aquel instante fatal en Niña Paula, el patrimonio de González correría la misma suerte que el de varios de sus compañeros que llegaron al poder hace tres décadas y lograron incrementos patrimoniales significativos, sin reproche judicial alguno.
