Luego de la amenaza del gobernador Martín Llaryora de dar aumentos por decreto, en línea con los que otorgó el Gobierno nacional, dos de los principales gremios estatales cordobeses mantendrán este lunes reuniones en el Centro Cívico, y lo más probable es que firmen el acuerdo paritario.
Las cúpulas del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y de la Unión Personal Superior (UPS) mantendrán este lunes encuentros por separado con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.
Luego de las conversaciones con el negociador del gobernador Llaryora, ambos gremios convocarán a las bases para aprobar el acuerdo. Todo indica que firmarían la paritaria por todo el corriente año, con cláusula gatillo por inflación.
Es decir, los salarios de los estatales cordobeses no perderían en la carrera contra la inflación, pero tampoco recuperarían lo perdido durante el año pasado, como venían reclamando los gremios.
Luego del acuerdo con la Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, el Gobierno provincial retomó las conversaciones con los gremios.
El jueves pasado, el gobernador Llaryora les bajó a los gremios una decisión concreta: si no firman el acuerdo paritario hasta este lunes, cuando vencerá el plazo para la confección de los recibos de sueldos, otorgará aumentos por decretos, en línea con el techo que puso la gestión del presidente Javier Milei: 1,8% de incremento para marzo y el 1% para abril.
De concretarse esta amenaza, los estatales cordobeses perderían más de dos puntos contra la inflación, sólo en esos dos meses mencionados.
En marzo y abril, el índice de inflación que midió la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba –que rige para la paritaria provincial– fue del 2,8% en marzo, y 2,5% en abril. Es decir, un acumulativo del 5,3% en ambos meses.
En cambio, si los gremios firman el acuerdo, los empleados públicos cobrarán aumentos en línea con la inflación en marzo y abril, con la posibilidad de obtener alguna otra mejora en la negociación que se llevará a cabo en la secretaría General de la Gobernación.
Sergio Castro, titular del SEP, y María Inés Palacios, presidente la UPS-jerárquicos, se reunirán con Consalvi para tratar de llegar a un acuerdo.
Luego de la reunión en el Centro Cívico, el SEP convocará a un plenario de delegados para resolver si aprueban la propuesta del Gobierno. Mientras que la UPS analizará la propuesta oficial en una reunión de comisión directiva.
En ambos gremios admiten en privado que la postura del gobernador Llaryora es inflexible. De no aceptar el acuerdo que les garantiza no perder contra la inflación, los aumentos por decreto sería la peor salida, ya que los salarios públicos perderían más de dos puntos, sólo en marzo y abril.
Negociaciones congeladas
La semana pasada, el gobernador Llaryora ordenó postergar las conversaciones con los gremios estatales hasta el miércoles pasado, cuando se realizó la segunda audiencia de conciliación en la Corte Suprema, por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones.
Como se sabe, hubo acuerdo, y el Gobierno nacional girará cinco mil millones de pesos mensuales a la Caja de Jubilaciones.
De todos modos, este convenio con la Nación está lejos de cubrir el rojo de la Caja de Jubilaciones. En este escenario, el gobernador Llaryora anunció que esos fondos se utilizarían para mejorar la situación de los jubilados provinciales que cobran la mínima, pero no se eliminará el diferimiento para cobrar los aumentos de los activos, que hoy afecta al 50% del sector pasivo cordobés.
Los gremios reclaman eliminar el diferimiento, pero según lo que anunció el gobernador, sólo se mejoraría la situación de los jubilados que cobran el haber más bajo.
En la negociación clave que se mantendrá este lunes en el Centro Cívico, el SEP pedirá que se blanqueen una parte de los más de 200 mil pesos que cobran como adicionales el personal de la administración pública provincial.
El gremio que conduce Castro también reclama que se reglamente la nueva ley de salud que beneficiará al personal de los hospitales públicos, que desde hace dos semanas tiene la atención resentida por las asambleas de dos horas por turnos que viene aplicando el SEP.
Mientras que la UPS exigirá que el porcentaje de aumento sea todo remunerativo, para que ese incremento llegue a los jubilados de la planta jerárquica de la administración pública provincial.
Conflicto en Tribunales
De firmar el acuerdo con el SEP y el gremio de los jerárquicos, el Gobierno provincial avanzará con el resto de los estatales, (legislativos, viales, músicos, Atsa y Casinos, entre otros), que suele seguir la estrategia de los mencionados sindicatos.
Sin embargo, el conflicto más áspero que le quedaría por resolver a la gestión llaryorista es el que hace meses se instaló en los tribunales provinciales.
El gremio de los judiciales (Agepj) que conduce Federico Cortelletti viene reclamando la equiparación salarial de los empleados del Poder Judicial de Córdoba con la Justicia Federal.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impulsó una modificación del escalafón de los judiciales provinciales, que significó un aumento promedio del 10%.
Esta “reestructuración” del escalafón –que quedó en seis categorías, como en la Justicia Federal– significará para las finanzas del Gobierno provincial un costo de 586 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, el gremio consideró “importante” la modificación del escalafón, pero “no suficiente”.
Los judiciales mantienen por ahora el paro de 72 horas, que se desarrollará entre el miércoles y el viernes próximo.
El gremio ya había hecho un paro de 48 horas, el lunes y martes de esta semana.
Desde el TSJ aseguran que “no hay margen” para la equiparación salarial con la Justicia Federal.
Desde el Centro Cívico, los funcionarios llaryoristas dijeron que la reestructuración del escalafón es el último esfuerzo económico que hará la Provincia para mejorar la situación de los judiciales.
Suoem, abrazo al Palacio
Por otra parte, también entre los estatales, pero en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, el gremio de los municipales (Suoem) mantendrá el estado de “asamblea permanente” de dos horas por turno, ya que el intendente Daniel Passerini mantiene la decisión de no discutir aumentos salariales hasta julio.
El próximo martes, el Suoem hará un multitudinario abrazo al Palacio Municipal, que incluirá la participación de todas las reparticiones municipales que hay en la ciudad de Córdoba, que se movilizarán por las calles céntricas hasta la Municipalidad.
Esta nueva protesta de los municipales volverá a convertir en un caos el tránsito en el Centro de la ciudad.
El intendente ha dicho que “no hay plata para dar aumentos por varios meses”. En el gremio que conduce Rubén Daniele creen que el congelamiento salarial será hasta después de junio, cuando se cobre el medio aguinaldo.
Es decir, que si Passerini cumple con este congelamiento salarial, que también incluye a la planta política, de haber un acuerdo, los empleados municipales recién cobrarían un aumento con el salario de julio, es decir, en los primeros días de agosto.
El Suoem promete seguir con las asambleas públicas que afectan la atención en el municipio. Además, del abrazo al Palacio del martes, el jueves habrá otra asamblea pública, que tendrá a Daniele como principal orador.
Los funcionarios de Passerini dicen que el “diálogo está abierto” con el gremio, pero que por ahora no habrá propuesta de aumento salarial.
Además del reclamo de aumento salarial, el Suoem exige pasar a contratos una parte de los monotributistas y becarios, y resolver el conflicto en el nuevo Ente de Control que creó el intendente, en el cual, por ahora no trabajan los inspectores que son afiliados al gremio municipal.
