Ante el creciente reclamo de productores agropecuarios por el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, el gobernador Martín Llaryora envió una señal contundente: analiza eliminar ese tributo el año que viene, ya que esos recursos que se recaudan se reinvierten en su totalidad en mejoras de infraestructura para el campo.
En los últimos días, en el Centro Cívico observaron con preocupación las quejas de muchos productores ruralistas. La gota que colmó el vaso fue el anuncio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que mañana hará una asamblea pública, para reclamarle al Gobierno provincial lo que consideran un “impuestazo”.
El viernes por la mañana había trascendido la molestia del gobernador Llaryora, ante las insistentes quejas de algunos sectores del campo, alimentados por las furibundas críticas de los principales dirigentes opositores: el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo.
Ante una consulta de La Voz, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, confirmó la decisión que está analizando el gobernador.
“La situación es muy clara. Lo que se recauda del Inmobiliario Rural va al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que financia las obras de infraestructura para el campo. El 98% de ese impuesto va a ese fideicomiso que administra el Banco de Córdoba, con la activa participación de la Mesa de Enlace. Bueno, si los productores no quieren pagar el Inmobiliario Rural, la Provincia lo eliminará, pero que después ellos se hagan cargo de las obras de infraestructura para su sector”, admitió el ministro Busso, el peronista que mejor relación tiene con el campo cordobés.
Busso rechazó las críticas de productores y de dirigentes opositores, quienes aseguran que en algunos caso el aumento de Inmobiliario Rural llegó al 1.000%.
“Eso es absolutamente falso. El aumento fue del 172,5% como se comprometió el gobernador Llaryora. En la Ley de Presupuesto que aprobó la Legislatura, con el apoyo de varios legisladores opositores, el aumento del Inmobiliario Rural era del 189%. Pero luego hubo un compromiso con la Mesa de Enlace de bajar al mencionado tope del 172,5%”, aseguró Busso, quien condujo el mismo ministerio durante la anterior gestión del gobernador Juan Schiaretti.
Busso y otras fuentes oficiales confirmaron que la eventual eliminación del Inmobiliario Rural regiría para el año que viene. Este año se cobrará de acuerdo a los cedulones que ya fueron enviados, con algunos alivios por refinanciación que fueron acordados con la Mesa de Enlace agropecuaria.
El Fondo de Desarrollo Agropecuario fue creado en la anterior gestión provincial, en el año 2020. Arrancó con el aporte del 50% de Inmobiliario Rural para financiar obras, como pavimentación y mejoras de caminos rurales.
Desde el oficialismo aseguran que uno de los que le propuso al entonces gobernador Schiaretti la creación de este fideicomiso fue el entonces titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat, hoy diputado nacional, y uno de los más críticos de la suba de impuestos que ahora decidió la gestión llaryorista.
Llaryora llevó al 98% de la recaudación de ese impuesto para financiar ese fideicomiso. Por ley, no se puede girar el 100% de la recaudación de un impuesto a un único fin. Por eso, quedó sólo un 2% que va a Rentas Generales, un ingreso insignificante para las arcas provinciales.
El Fondo administrará este año alrededor de 200 mil millones de pesos que se destinarán a obras para el campo.
Ante el reclamo airado de algunos sectores, no así de la Mesa de la Enlace, el gobernador amenaza con la drástica medida de eliminar para el año que viene el Inmobiliario Rural.
“No hay que ser libertarios sólo para algunas cosas. Si la voluntad de la mayoría de los productores agropecuarios es no pagar el Inmobiliario Rural, se eliminará, pero que se hagan cargo de las mejoras para el campo”, dijo otra fuente oficialista, apuntando a otra cuestión política: en el Gobierno provincial están convencidos que una buena porción parte del sector agropecuario cordobés respalda la gestión del presidente Javier Milei.
Detrás de esta pulseada, también hay una cuestión política. En el Centro Cívico le achacan a los productores que no le reclaman con el mismo énfasis al Gobierno nacional la eliminación de las retenciones, pero ponen el grito en el cielo por el aumento del impuesto provincial, que finalmente se reinvierte en proyectos para el campo.
Críticas opositoras
Luego del áspero debate en la Legislatura, el miércoles pasado, cuando el oficialismo logró rechazar el intento de la oposición de plantear un pedido sobre tablas (necesitaba la mayoría agravada) para retrotraer los aumentos de los impuestos provinciales, en el Centro Cívico tomaron nota.
Los bloques opositores amenazan con insistir en dos semanas con esta propuesta, para lo cual ya no necesitarán los dos tercios. Algunos monobloques que habitualmente votan con el oficialismo, ya anunciaron que se plegarán al pedido que hizo el radicalismo y el Centro Cívico, lo cual genera inquietud en el PJ cordobés.
