La oposición puso la lupa sobre la responsabilidad de Aníbal Fernández en el operativo montado en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner la noche del atentado y el ministro de Seguridad puso a disposición su renuncia, pero el presidente Alberto Fernández lo sostiene en el cargo.
Fernández reveló que, cuando ocurrió el ataque, le ofreció su renuncia al presidente. “Yo soy un caballero, y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al presidente es que estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme”, afirmó este lunes al ingresar a la sede del ministerio.
La seguridad de la vicepresidenta está a cargo de la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, en la esquina de Juncal y Uruguay donde vive Cristina, la Policía de la Ciudad había sido relegada por orden del juez Roberto Gallardo.
Fernández señaló que en la zona había tres patrulleros y “una medida de contención”. “Cuando ampliamos la custodia para hacernos cargo de ese sector, no nos corrimos para que la responsabilidad la tuviera otro. Nos hicimos cargo de esa situación”, enfatizó.
Además, el funcionario apuntó que “hay una foto donde se ve claramente como si fuera el cinco del dado: la vicepresidenta en el medio y cuatro hombres de la Policía Federal a su alrededor”.
“El lugar estaba cubierto”, garantizó, aunque luego admitió: “No me satisface. No quiero buscar una excusa. Hay que seguir trabajando para que esto no vuelva suceder. El hecho fue horroroso”.
Por otra parte, aclaró que los efectivos policiales que incautaron el celular del atacante Fernando Sabag Montiel no manipularon el aparato, sino que solo lo guardaron en una bolsa de Faraday (un envase sellado que blinda el dispositivo y bloquea la señal) y lo enviaron al Juzgado.
Según relató, el Juzgado envió un recibo donde consta que el celular tenía “la cadena de custodia intacta”. “Hasta ahí llega nuestra tarea. Después no sé qué pasa. La jueza y el fiscal tienen atribuciones para tomar decisiones per se que yo no conozco”, dijo.
El presidente no solo no le aceptó la renuncia a Fernández, sino que renovó la confianza en el funcionario el mismo viernes posterior al ataque, cuando lo sentó a su derecha en la reunión de Gabinete convocada de urgencia.
En ese encuentro, el ministro contó el estado de la investigación que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. “La Fiscalía y la jueza han hecho un muy buen trabajo y nosotros queremos aportar a eso para que se pueda trabajar lo más pronto posible”, aseguró Fernández a la prensa.
El domingo, Capuchetti le envió al ministro un oficio para determinar cómo actuó la custodia, quiénes eran los agentes afectados al operativo y si cumplieron los protocolos, ya que después del episodio Cristina siguió saludando a los militantes y firmando libros (según declaró ante la Justicia, no se percató del disparo fallido).
Arremetida de la oposición
El jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, consideró que las explicaciones de Fernández no fueron suficientes y encabezó un proyecto de resolución para interpelar al ministro en la Cámara de Diputados por “las evidentes fallas en la seguridad de la vicepresidenta”.
Asimismo, pidió que se informe la cantidad de efectivos que forman parte de la custodia de la vicepresidenta, las medidas tomadas antes y después del atentado y “aquellas tendientes al esclarecimiento del intento de magnicidio y el correspondiente deslinde de responsabilidades”.
La iniciativa se suma a otras similares presentadas por la diputada Graciela Ocaña (PRO) y el senador Pablo Blanco (UCR). “Las ostensibles fallas en la organización de la seguridad de la vicepresidenta deben ser explicadas”, argumentó Negri.
En Diputados, Juntos por el Cambio presiona para que Fernández comparezca ante la Comisión de Seguridad Interior, que es presidida por un legislador del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez. “El pedido está hecho, lo estamos evaluando”, se limitó a responder el massista a este medio.
La noche del atentado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anunció que se crearía una comisión bicameral especial para investigar el hecho, en el marco de las potestades que tiene el Congreso. Sin embargo, el oficialismo no activó el tema después del anuncio.
En el Congreso ya existe una Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior que tendría facultades para abordar el caso. Pero ni siquiera está constituida y la última vez que se reunió fue en diciembre de 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri.
No solo la oposición desconfía de Fernández: también el núcleo duro kirchnerista, que tiene al funcionario en la mira desde que se produjo la pedrada contra el despacho de Cristina en el Congreso, durante una manifestación de grupos de izquierda contra el Fondo Monetario Internacional.
También Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, exigió públicamente la renuncia del ministro “por inepto y descuidado”. “Ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta (sic)”, denunció.
Fernández le contestó este lunes: “Me duele el alma porque no sabe qué pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho”.
