El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) es un complemento salarial que se paga a los docentes provinciales en Argentina como un adicional a su salario básico. En principio, a los de escuelas públicas y en algunos casos también a los de instituciones privadas, dependiendo de la jurisdicción. Este incentivo es financiado por el Estado nacional y representa –en promedio– el 9% del salario total. Además de jerarquizar la educación, se propone como objetivo equilibrar las diferencias salariales existentes entre jurisdicciones.
A partir del 31 de diciembre pasado, el Fondo dejó de tener sustento legislativo por vencer el decreto de Alberto Fernández que lo prorrogaba. En medio del ajuste fiscal que en los últimos días está girando en torno al reparto de ingresos entre provincias y Nación, volvió a surgir el debate sobre si el Estado Nacional debe continuarlo o no. En la visión del oficialismo, se trata de un subsidio a docentes provinciales, que, por lo tanto, las provincias pueden decidir si continúan otorgando, y sobre lo cual Nación no tiene ninguna responsabilidad. Ahora bien, ¿tiene sustento ese planteo?
Una cuestión de federalismo
Tras la consolidación de la República Argentina en 1860, las provincias, fundadoras de la Nación, se reservaron para sí mismas la potestad de manejar la educación mediante el artículo 5° de la Constitución Nacional. No obstante, debido a la falta de acción por parte de estas, en 1880 Sarmiento asumió la tarea de edificar escuelas y capacitar docentes a nivel provincial desde el gobierno central. Esta medida, si bien fue efectiva, contravenía la Constitución y promovió la percepción incorrecta de que el gobierno nacional tiene la responsabilidad sobre la educación básica.
Durante los años 70 y 90, se realizó la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, normalizando esta situación. La unificación de la gestión redundaría en mayor eficiencia y, a su vez, la proximidad de los gobiernos locales a los receptores del servicio llevaría a la prestación de servicios más acordes a la población.
Los programas del Ministerio de Educación nacional debían permanecer transitoriamente mientras las provincias mejoraban su capacidad de gestión. Aunque terminaron quedando para siempre y burocratizados. En ese contexto es que en 1998 se crea el Fonid. Actualmente, son un total de siete programas nacionales que intervienen en la administración educativa provincial.
El daño que provoca que Nación se entrometa en funciones provinciales
Además de ser relevante la necesidad de delimitar funciones porque la normativa legal lo establece, los argumentos administrativos o de gestión también apuntan al mismo sentido.
En primer lugar, porque la existencia de programas por duplicado aumenta la carga burocrática. A las estructuras ministeriales de las provincias (y en algunos casos, también municipales), se agrega una Secretaría de Educación nacional. Es decir, más gasto que de otro modo podría llegar directamente a la función sobre la cual se pretende actuar.
Pero principalmente, la intromisión de la Nación genera conflictividad, porque nunca termina siendo claro si la responsabilidad por la educación es de las provincias o del nivel nacional, cuando quienes deben rendir cuentas a los ciudadanos de los resultados educativos son las provincias. En muchos casos ha sucedido que funcionarios provinciales pretenden que el Estado Nacional los ayude a financiar sueldos impagos o descargan culpas de su crisis educativa sobre las autoridades nacionales. En esta ocasión, el conflicto en torno al financiamiento del Fonides probable que afecte el comienzo de clases en algunas jurisdicciones.
Sin embargo, a la hora de analizar cómo impacta en las finanzas públicas el costo del Fonid, según datos del Ministerio de Economía para el año 2023, representó apenas un 0,17% del PBI. Lo que para las provincias, equivale un 1% del gasto provincial, y para Nación representa un 0,75% del gasto nacional. Es decir, el Fondo tiene dimensiones relativamente pequeñas en los presupuestos tanto provinciales como nacionales, pero termina generando un costo social y político exageradamente alto.
La diferencia entre ajustar y ordenar
En resumen, la eliminación del Fonid se fundamenta en argumentos tanto legales como administrativos. Sin embargo, esta acción debe encuadrarse dentro de un esquema más amplio de transformación del papel que desempeña el Estado Nacional en el ámbito de la educación básica. En lo ideal, las funciones de la Secretaría de Educación deberían acotarse a un rol de coordinación y generación de datos.
Pero es imprescindible abordar en conjunto otras contradicciones, como la paritaria nacional docente (que no es abordado en el proyecto de ley ómnibus). Además, cualquier plan de transformación debe implementarse en colaboración con las provincias para evitar incrementar las tensiones y prevenir que los gobiernos provinciales eludan sus obligaciones ante el marcado deterioro de la calidad educativa.
El caso del Fonid ejemplifica claramente la distinción entre ajustar y organizar de manera más eficiente el Estado. Eliminar el Fonid sin adoptar una estrategia integral ofrece poco beneficio en términos de reducción del gasto fiscal y contribuye significativamente al empeoramiento de la calidad educativa.
