El ministro Sergio Massa arribó a Economía para resolver una dificultad enorme, tan enorme que parece insalvable. Insalvable en el sentido de “imposible de resolver”.
Es que su predecesor, Martín Guzmán, prometió ante el FMI que habría ajuste, pero ante el altar kirchnerista prometió que no lo iba a haber. Como prueba de fe, pagó un IFE adicional y un bono a los jubilados, en mayo pasado.
Alegó alta tensión social y con eso logró maquillar ante el Fondo la revisión de las metas trimestrales. El organismo accedió para ese trimestre, pero no para el año.
Por lo tanto, Massa ahora debe ajustar lo que no se ajustó antes. Blanquear que hará un ajuste ante la tropa propia, anunciarlo e implementarlo.
En los 18 días que pasaron desde que fue confirmado, Massa hizo poco y nada. Es más: casi que no arrancó.
La principal novedad fue anunciar que el consumo de luz será subsidiado sólo hasta los 400 kWh (en teoría, al mes, pero eso no está del todo explicitado) y confirmar que todos quienes no pidieron el subsidio, lo perderán. Es el 30% de los hogares de todo el país.
Cuando anunció sus primeras medidas, indicó que la segmentación regiría desde el 1º de agosto. Guzmán había dicho desde junio. Ya va la mitad de agosto y la Secretaría de Energía ni siquiera publicó los cuadros tarifarios para informar el nuevo precio de la electricidad que los usuarios pagarán en el trimestre en curso (el anterior venció el 31 de julio).
No hay tampoco una aproximación a cómo será la segmentación en el caso del gas natural residencial.
No obstante, en el entorno de Massa siguen anunciado que el ahorro en agosto será de 400 millones de dólares. Imposible.
Opciones
Surgen entonces varias alternativas.
La primera: todavía no tienen idea de cómo implementar lo que se anunció.
Los subsidios económicos (energía y transporte) representan hoy el 15% del total del gasto público argentino y consumirán 15 mil millones de dólares; es decir, uno de cada tres dólares que genera la agroindustria.
En transporte, no se avanzó: se aplicó en agosto un aumento de apenas el 40% en los colectivos del Amba, cuyas tarifas no se ajustaban desde marzo de 2019, pese a que la inflación en el período fue del 303%. Esa suba había sido dispuesta durante la breve gestión de Silvina Batakis. Los choferes reclaman aumentos salariales: en Córdoba está dictada la conciliación y hasta en el Amba hubo paros nocturnos en reclamo de actualización salarial.
La segunda: que Massa haya sido cooptado por lo que parece ser una marca del albertismo: la inacción, los funcionarios que no funcionan, la no gestión. Puede pasar que tengan idea de cómo aplicar lo anunciado, que en la teoría esté muy bien diseñada la segmentación, pero que no haya personal idóneo o sistema para aplicar algo que afectará a 14 millones de hogares y que hay que coordinar con 23 distritos, más de 50 distribuidoras y cientos de cooperativas.
La tercera: la posibilidad que el cristinismo esté ofreciendo resistencia, que no pueda digerir lo anunciado y que esté buscando que no se haga. Jamás, hasta ahora, el kirchnerismo anunció un ajuste, al menos visible. Lo hace cada vez que deprecia el peso y que convalida una inflación que le reporta ingresos extraordinarios que distribuye a discreción; lo hace cada vez que admite una brecha cambiaria superior al 100%. y lo hace cada vez que multiplica los planes sociales sin recursos. Lo curioso es que mientras lo hace, el relato populista sostiene que el peronismo no devalúa y que el peronismo es trabajo.
Lo que hay que hacer en materia tarifaria no pasa esa prueba discursiva: hay que anunciar un ajuste, en precios y cantidad. No hay manera de disimularlo, y le toca hacerlo al peronismo.
¿Y el viceministro?
No sólo en materia tarifaria hay demoras. Massa no logró imponer a Gabriel Rubinstein como vice de economía y no tiene reemplazante.
En materia de planes sociales, lanzó la idea de permitir, por decreto, la conversión de 200 mil beneficios (el 10% del total) en trabajo genuino, permitiendo a las empresas computar por 12 meses el plan como parte del salario, que tiene que estar plenamente formalizado. Dijo que lo llamaría “Puente Empleo”.
El archivo siempre sirve: en 2017, la gestión Macri puso en marcha el plan Empalme. Se esperaba la reconversión de 400 mil planes, la ayuda social podía ser parte del salario durante dos años y hasta se podía aplicar a personal existente, no blanqueado. Pero cosechó apenas 7.700 adhesiones.
También Massa anunció que habría cinco mil millones de dólares como anticipo de exportaciones, pero de eso apenas avanzó con 300 millones del sector minero.
Al campo no le acercó ninguna propuesta superadora de lo que anunció Batakis: un dólar soja especial, que apenas mejora el tipo de cambio.
El logro más relevante es el de haber podido refinanciar dos billones de pesos hasta julio de 2023, el 85% de lo que vence entre agosto, septiembre y octubre. La buena noticia es que evitará emitir esos pesos extras ahora; la mala es que el problema se pateó un año, lo que deteriora aún más los títulos de deuda que tiene Anses.
