Llegamos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo hicimos más por la sensatez de la oposición que por la acción del Gobierno.
Personalmente, no recuerdo una irresponsabilidad tan grande como la que protagonizó una parte importante del oficialismo, que jugó a dirimir tensiones internas de larga data amenazando con la posibilidad del default.
¿Qué persiguieron con la agitación del fantasma del incumplimiento de los pagos acordados? Dar sustento y continuidad a sus prejuicios ideológicos y torcer el brazo del Presidente.
Como demuestra la historia, y particularmente la argentina, todo a costa del sufrimiento de la gente y la puesta en crisis de la institucionalidad.
Esperamos que el Gobierno haya tomado nota: no se puede ser gobierno en el ejecutivo y oposición en el Congreso.
No quisimos votar las medidas económicas que intentaban validar.
Primero, porque difieren los vencimientos al próximo gobierno y más allá también. El problema no radica en cuál será la fuerza que reciba la responsabilidad de administrar el Estado y además esta carga, sino que esta postergación prolonga la agonía de todos los argentinos.
La agonía de los que no consiguen empleo formal ni informal; de quienes producen -recurrentemente expoliados por el Estado-; la agonía de los jubilados, producto de un sistema cada vez más frágil; la agonía de los que aún teniendo trabajo ya no soportan el flagelo de la inflación.
La verdadera cuestión no es discutir los plazos de este nuevo empréstito sino cuándo vamos a enfrentar las causas que generan el problema de la crónica decadencia argentina.
El acuerdo con el FMI es una gran farsa
El mundo y el FMI comprendieron que este gobierno carece de vocación y aptitud para llevar adelante las reformas estructurales que el país necesita, con y sin FMI. De hecho, este acuerdo laxo -que insisto solo prolonga los padecimientos de nuestros compatriotas- es una gran farsa. El mundo y el Fondo saben que este gobierno no cumplirá lo acordado.
Pero hay algo peor: el gobierno también sabe que no va a honrar lo que comprometió. Por eso, durante los dos últimos años de esta gestión seguiremos con cepo cambiario, retenciones, trabas a la exportación, altísima presión impositiva, regulaciones anti-empleo y anti-inversión.
¿A quién le conviene esto? A las corporaciones, a las organizaciones llamadas sociales, a muchos sindicatos y a todos aquellos que viven del Estado a expensas de la gente, a quien nada de esto beneficia.
En definitiva, las medidas que pretenderá implementar este cuarto período kirchnerista no serán aquellas que permitan reducir el déficit, generar crecimiento y mejorar la calidad de vida. Las sociedades que lo logran y permiten generar riquezas crecen con estados con mínimas regulaciones.
Aquí, por el contrario, el llamado redistribucionismo seguirá consistiendo en rapiñar a los pocos sectores productivos que aún resisten y generan riquezas, a quienes trabajan, nivelando para abajo y empobreciéndonos como país y como sociedad.
El oficialismo dice que le duele la pobreza, que le duele el desempleo, que le duele la indigencia. Si les duele, entonces que empiecen a gobernar. Tienen esa tarea pendiente desde hace dos años.
Sector público inteligente y eficaz
Cuando el año que viene volvamos a conducir el país, vamos a terminar de una vez con el populismo que propone un estado bobo. Vamos a construir un sector público inteligente y eficaz, que despliegue sus recursos allí donde lo necesite la gente, con el norte puesto en la promoción social ascendente, el desarrollo individual y colectivo.
Un Estado que nos libere para siempre de la lógica de la supervivencia en el estancamiento.
Mientras tanto, nuestro espacio político seguirá oponiéndose en este Congreso a cada medida que implique seguir engordando este estado, uno que solo tiene un programa pobrista y clientelar a costa del futuro de los argentinos de hoy y los que van a nacer.
