Los fiscales federales Carlos Casas Nóblega y Augusto Richter apuntaron este jueves contra la cúpula del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba por la “monstruosa” cantidad de cheques que libró para el desvío de millones, necesarios para consumar la presunta defraudación y lavado de dinero en perjuicio de los afiliados.
El debate comenzó semanas atrás luego de que el fiscal general Casas Nóblega y el tribunal –integrado por Noel Costa (presidenta), José Asís y Carolina Prado- rechazaran el ofrecimiento de 198.433.940 de pesos de los imputados como reparación del daño para evitar el juicio y lograr el sobreseimiento.
Además de los dos referentes sindicales, están siendo juzgados Fernando Navarro, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Martín López.
Los fiscales, contra la cúpula
Durante el inicio de la penúltima audiencia del juicio, el fiscal Richter solicitó la incorporación de prueba respecto a datos obtenidos sobre una propiedad de Suárez (con un conjunto pedido de no innovar para la inhibición y eventual decomiso si hay condena) y de vehículos presuntamente vinculados a él.
Sin embargo, los defensores Ernesto y Tristán Gavier (representantes de Suárez, Molina Herrera, su hija Victoria, Navarro y Lozano) pidieron su absoluto rechazo por “esconder” la prueba (ante la imposibilidad de analizarla previamente), mientras que el abogado Iván Mochkofsky (defiende a Fidelbo, Galván y López) señaló que la solicitud del Ministerio Público no afectaba los intereses de sus representados.
El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba era “común” a las partes y, si bien valoró su pertinencia, determinó que no cumplían los requisitos formales de aceptación, por lo que rechazó su incorporación por improcedente (aunque dejó la puerta abierta para que los fiscales soliciten los informes con venia del tribunal).
Luego de apuntar contra la cúpula por haberse “valido de recursos materiales y humanos (personal de menor jerarquía del gremio o eslabones)” para sus presuntos fines ilegales, el fiscal Casas Nóblega describió las maniobras adjudicadas a los imputados, entre ellas las vincualadas a millones del Fondo Compensador.
Este Fondo está conformado por una contribución de Epec y de los aportes de los trabajadores activos. El objetivo principal del Fondo es compensar la jubilación y la pensión de los beneficiarios empadronados en la Secretaría de Previsión social del sindicato que percibían menos del 82 por ciento y el 75 por ciento, respectivamente.
El Fondo Compensador, la “caja” adjudicada a la cúpula
En ese sentido, Richter ahondó en el punto y recalcó que la cúpula habría empleado el Fondo Compensador para sus fines espurios. Al respecto, apuntó contra Tapia (secretario de Previsión Social), Navarro (por entonces, secretario de Finanzas y Administración), Lozano (subsecretario de Finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social).
Debe recordarse que tres encargados de la Subcomisión del Fondo Compensador (Remanente), del Centro de Jubilados y Pensionados de Epec, observaron supuestas irregularidades y las denunciaron, lo que derivó en las maniobras que se ventilan por estos días en el juicio.
Desde el ejercicio contable de los años 2014/2015, los administradores del Fondo habrían comenzado a pagar de manera parcial a cada jubilado y pensionado los remanentes a través de cheques por 10 mil pesos cada uno. Ya en marzo de 2018, el pago se suspendió de forma definitiva por la presunta falta de fondos.
El perjuicio se habría conseguido mediante dos maniobras. Por un lado, dándole al remanente del Fondo un destino distinto al legalmente establecido. Y por otro, realizando préstamos de dinero desde el área de Fondo Compensador a otras del sindicato: Administración Central; Vivienda; Préstamos; Turismo; Cultura y Acción Social, y Deportes.
Esos préstamos habrían sido otorgados con dinero del Fondo Compensador sin estar habilitado para realizarlos conforme al nuevo reglamento.
Al respecto, el fiscal Richter sostuvo que la cúpula usó el Fondo Compensador como “caja” para “desviar” más de $ 6 millones en fondos a otras áreas del sindicato para propósitos sociales y turísticos (cuando estaba prohibido porque debían destinarse para la prevención de la salud), logrando así su objetivo final: la apropiación del dinero.
Los fondos fueron autorizados por Molina Herrera y Navarro a través del libramiento de cheques, por lo que les endilgó responsabilidad en la supuesta defraudación por administración fraudulenta, ya que los millones enviados a esas áreas no fueron devueltos. “Nunca las aéreas devolvían los fondos al Fondo. Los imputados tuvieron un manejo discrecional. No pagaron la deuda histórica a los jubilados y pensionados. No defendieron ni su más mínimo interés”, añadió.
Incluso, con el dinero transferido indebidamente a las áreas del sindicato se constató la compra de diversos elementos que no guardan relación con el propósito último del Fondo. Así, se constataron adquisiciones de zapatillas, crocs, lentes, ropa de mujer y hasta de tres preservativos.
Al respecto, puntualizó que los jubilados reclamaron el pago de la deuda histórica pero que les negaron la existencia de dinero a pesar de que sí había fondos. “Los imputaron ganaron por cansancio a los viejos”, sostuvo.
Sustentado en los informes de los interventores de la comisión revisora, especificó que el perjuicio para los pasivos llegó hace unos años (2018) a $ 215.348.923 (actualmente el Fondo, que fue intervenido judicialmente, cuenta con $ 1.800 millones para poder librar pagos a los pasivos). Los imputados “violaron sistemáticamente el estatuto del Fondo en detrimento del sector más vulnerable de la sociedad”, detalló.
Si la morosidad de los préstamos dados a las áreas y la deuda histórica no abonada apropiadamente a los jubilados fueran actualizadas, dijo el fiscal, “no darían los ceros de la calculadora“ para que el sindicato pudiera responder (pagar) correspondientemente.
Anticipó que pedirá la absolución parcial uno de los hechos achacados a la subsecretaria de Acción Social, Victoria Molina, por no haber ostentado el cargo entre 2016 y 2019, aunque se la acusa por otras maniobras.
Sospechas de defraudación mediante cheques
Posteriormente, Casas Nóblega detalló las tres formas de presunta defraudación que habría perpetrado la cúpula (encabezada por Molina Herrera, Suárez y Navarro) mediante el libramiento de cheques a apoderados del gremio (Fidelbo, Galván y el fallecido Guzmán), a terceros, personas jurídicas y personas físicas con o sin ninguna vinculación con el gremio (por ejemplo, el empleado de limpieza del gremio, el imputado López).
“Fidelbo, Galván y Guzmán eran de absoluta confianza de los jefes. Eran ‘apéndices’ funcionales a la organización”, describió y dijo que quienes habrían colaborado con las maniobras desde el gremio (“eslabones” de menor rango) accedían a beneficios con “laxos” requisitos de los referentes sindicales: desde “ayudas” dinerarias y/o préstamos para arreglar sus casas y vacacionar en Punta de Este y Brasil, pero que, en definitiva, no habrían devuelto.
“Esta forma de administrar le daba a la cúpula una gran capacidad de adhesión (de los empleados), encubierta bajo ‘derechos laborales’. Lograba una masa de resistencia cuando hiciera falta”, señaló Casas Nóblega.
Los cheques eran endosados y cobrados por los “coleros” (presuntos cómplices de los líderes sindicales) por habituales cifras “redondas” ($ 50 mil, para operar “bajo el radar“ limitativo impuesto por el Banco Central) para retornar, finalmente, a manos de la cúpula sospechada. Es lo que, en la jerga investigativa, se conoce como el “pitufeo bancario” o fraccionamientos de altos montos en pequeños (“pitufeo”) para no llamar la atención de las autoridades de control.
“Era una monstruosa cantidad de cheques librados, la ‘punta del iceberg’ para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la posterior denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dio inicio a la investigación en la Justicia.
En 2018 se transfirieron $ 800 millones a Bancor (equivalente a U$S 385 mil), luego cobrados por terceros y personas sin actividad económica declarada, según precisó.
El gremio también transfirió $ 35 millones al Nación, de los cuales $ 19 millones fueron cobrados por personas vinculadas o no con el sindicato. Eso hizo que los bancos dispararon, a lo largo de varios años, siete Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la UIF y que generó alertas sobre movimientos dudosos de Luz y Fuerza.
Sin embargo, con el tiempo, el Ministerio Público recalcó que la cúpula comenzó a “cuidarse” al enterarse que estaba bajo investigación judicial y comenzó a operar con transferencias bancarias en vez de con el gran volumen de cheques. “Se empezaron a cuidar de meter la mano en la lata”, dijo Richter.
Su par Casas Nóblega remarcó que era imposible revelar las supuestas maniobras de la cúpula en los ocho años que habría durado la asociación ilícita, lo que cumplió los requisitos de permanencia y pluralidad de planes ilegales del tipo penal.
De esta forma, tomó como referencia o ejemplo el mes enero de 2018 para describir los ilícitos y apuntó contra la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior (Ampes) como participante del endosamiento de cheques a personal de esa entidad supuestamente involucrados en el “pitufeo”. “No hay duda que los jefes (Molina Herrera, Suárez y Navarro) tenían vinculación con Ampes”, agregó y reveló que la mutual está geográficamente cerca de la sede de Luz y Fuerza.
También aludió a proveedores de rumbros -como el turístico-, que habrían participado de las maniobras. Sobre esto último, Casas Nóblega resaltó el testimonio de imprentero Darío Cipollini, quien declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación” de “pago” por un “servicio” en “varios cheques”. Así, habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”.
Al monto total de la operación, de acuerdo con su testimonio, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor. “Predeterminaban el precio del servicio, la forma de pago y el retorno”, agregó el fiscal general. Para sostener su posición acusatoria, el representante del Ministerio Público refutó las defensas exculpatorias de los imputados.
El fiscal subrayó que los interventores del Fondo Compensador indicaron, al analizar el rol de la cúpula gremial, que no había razón para que el sindicato operara con cheques, ya que pudieron haber pagado a proveedores con transferencias (aunque hacerlo hubiera implicado dejar registrada una trazabilidad favorable a los controles de las autoridades).
¿Lavado?
En cuanto al presunto lavado, el acusador Richter recalcó que era “incontable la cantidad de maniobras” que pudieran llevar el juicio hasta a “cinco años” de duración, en una hipérbole descriptiva.
A ese respecto, dijo que Molina Herrera nunca pudo justificar con su único ingreso salarial como empleado de Epec la compra de la “exorbitante” suma de más de 13,5 millones de pesos en fichas de casinos, ya que en cuatro años -período investigado- tuvo acreditaciones laborales “paradójicamente” por la mitad de ese monto ($ 7 millones).
Los casinos reportaron operaciones sospechosas de Molina Herrera por su asiduidad en las salas de juegos (también habría acudido a un prestamista de la sospechada financiera ilegal descubierta en la causa de tiroteo de Nueva Córdoba, en 2018). En 2019, llegó a visitar 41 veces un casino en solo un mes (más de una vez por día, según el día). “Ese casino envió a la fiscalía 41 CD de filmación sobre Molina Herrera de ese solo mes porque los meses anteriores los borraron”, sostuvo.
Según la causa, en los videos de vigilancia de los casinos se observó al sindicalista colmando de fichas el paño de las mesas de ruleta, lo que elevó las sospechas sobre el origen de los fondos. Incluso, empleados de un casino reconocieron al gremialista, a quien solían llamar “San Molina”, por las sustanciosas propinas que al parecer dejaba.
No habría cambiado las fichas únicamente él sino que se habría valido de terceros para, según la acusación, evitar quedar en la mira de los casinos, ya que están obligados a reportar sospechas por posibles hechos de lavado.
A pesar de eso, el sindicalista compró una casa, dos autos y una camioneta y realizó numerosos viajes al exterior con su familia a Brasil, Chile, Panamá y Estados Unidos. “No hay forma que pueda justificar el elevado costo de vida”, señaló el fiscal.
De este modo, rechazó la defensa exculpatoria del imputado de que el dinero invertido en fichas provenía de su salario y de la posterior “reutilización” de las ganancias conseguidas presuntamente en los casinos como apostador. “Hay que saber ganar y perder pero a la larga se gana”, dijo el sindicalista en su declaración citada por el fiscal.
“Pero es absurdo sostener que su patrimonio aumentó notablemente por las ganancias en los casinos”, reprochó Richter y cuestionó la lógica defensiva.
Luego, analizó las supuestas maniobras de blanqueo de Navarro, ya que con su sueldo “no pudo probar” la compra de dos departamentos y vehículos, algunos adquiridos por sus hijos, y la realización de viajes. “No hay duda que la plata venía de otro lado. Uno de los hijos en tres años de trabajo compró una casa y un auto... Quien pudiera, ¿no?...“, ironizó.
Tras casi cuatro horas de alegatos, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 18 de este mes (el juez Asís debía asistir a otro juicio por videoconferencia), cuando el Ministerio Público prosiga con los hechos adjudicados a Suárez respecto al lavado y realice el pedido de penas.
Las querellas también alegarán ese día. Una de las querellantes es Mabel Sessa, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mientras que también son querellantes los empleados de Epec Héctor Agustín Tosco, Julio Alberto Pereyra, Elvio Gustavo Aldo Aimino, Alberto Delfín Jara, Ángel Santiago Cuello, Raúl Héctor Luján, Carlos Julio Vergara y Miguel Ángel Brocal (los últimos cuatro, jubilados).
El 28 alegarán las defensas, será la última palabra y se dará a conocer el veredicto.
Acuerdos con los “coleros”
Si bien nueve acusados principales llegaron finalmente a juicio, otros nueve también fueron imputados. Los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario acordaron con el fiscal Casas Nóblega indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco, lo que les permitió evitar sentarse en el banquillo.
El mismo tribunal homologó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) en favor de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).
