Alberto Fernández sorprendió este domingo al inaugurar el año con el anuncio de que pedirá juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y sus tres miembros.
No tiene chances políticas ni matemáticas de que prospere ese juicio político en el Congreso. A eso lo sabe; y así y todo, lo hace.
Hay tres lecturas que pueden explicar el comportamiento del Presidente, si es que cabe alguna explicación racional.
La primera es que no avance. Que se trate de un anuncio de utilería sin ningún efecto concreto, como para congratularse con la vicepresidenta y ponerse del lado kirchnerista de la vida. Florecían en redes los aplausos a Alberto por la “osadía” de su medida. Sabiendo que eso no prosperará, en los hechos el anuncio se parece a un “chasqui boom”. Arenga la tropa y nada más.
A la segunda explicación hay que buscarla en las complicaciones judiciales que se le vienen a la vice y su familia. Terminó el 2022 condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, donde el tribunal encontró que ella y una decena de acusados habían diseñado un mecanismo para robarle al Estado.
La Cámara de Casación debe definir ahora si hace juicio por presunta corrupción en manejo de los hoteles Hotesur y Los Sauces. Esa causa involucra a sus hijos Máximo y Florencia. Florencia no tiene fueros. Horadando al Poder Judicial deslegitima los futuros pronunciamientos.
La tercera tiene que ver con la certeza de que al oficialismo le llega el ocaso: están preparando la retirada. El kirchnerismo es hoy una ideología caduca que no ha podido construir un futuro mejor, pese a que ha tenido no sólo la oportunidad por el hecho de gobernar sino porque lo hizo en un escenario que no se volverá a repetir en la Argentina.
Tras la dolorosa salida de la convertibilidad, el país se asomó en 2002 a la mejor competitividad de su historia, con infraestructura productiva robusta y contratos y salarios desacostumbrados a ajustar por inflación.
Fue el tiempo de las vacas gordas, pero reventaron esa oportunidad histórica regalando plata en planes, jubilaciones gratis y tarifas baratas en lugar de apostar a crecer en serio.
Los trabajos buenos que faltan estarían hoy si las cosas se hubiesen hecho diferentes entonces.
Hoy el kirchnerismo sabe que con una inflación que orilla el 100 por ciento no hay gobierno capaz de retener el poder. Ese índice representa el estancamiento social y la imposibilidad fáctica de que los padres adviertan que sus hijos estarán peor de lo que están ellos hoy. Se huele el fin de ciclo y eso conlleva un problema: no tienen nada que perder, si en definitiva todo está perdido de antemano.
Nada que perder
Cuando ese razonamiento se apodera de quienes gobiernan el peligro es que están dispuestos a todo y eso incluye la destrucción de la institucionalidad.
Algunos sostienen que eso estuvo en riesgo de verdad cuando Alberto anunció que era imposible de cumplir el fallo de la Corte Suprema y logró la adhesión de un buen número de gobernadores, de esos que no tienen nada que perder.
El derrumbe de los bonos, la disparada del blue y las advertencias de fondo de Sergio Massa explicarían su recule posterior o, al menos, “principio” de recule.
No está claro hoy si Alberto cumplirá la orden de la Corte de pagarle a Horacio Rodríguez Larreta lo que reclama, si lo hará parcialmente o si buscará un atajo.
La Corte no le dio la razón plena a la Ciudad de Buenos Aires: partió la diferencia en dos entre lo que le pagan ahora y lo que reclama Larreta. Son 17 mil millones de pesos el mes: dos monedas, lo que refleja que el altercado es político y no económico.
Pero lo grave es que por dos monedas, el Gobierno argentino pareciera dispuesto a arriesgar quizá lo único que le queda a este país derrumbado: las instituciones funcionan y de las últimas dos crisis profundas –1989 y 2001– se ha salido con respuestas democráticas.
La lectura de largo plazo es que el gobierno argentino está dispuesto a desconocer el fallo del máximo tribunal de Justicia si ese fallo le resulta adverso o antipático.
¿Cómo vamos a atraer inversiones? Argentina está estancada hace 10 años y la inversión representa apenas sólo 17% del PBI anual. Esto alcanza a duras penas para mantener el capital existente: para un salto cualitativo tiene que estar arriba del 22. Noquear las instituciones sólo puede empeorar la situación.
¿Quién se va a animar a sacar los dólares de la caja de zapatos? ¿Quién los va a traer de afuera? ¿Quién los va a blanquear, si la ley que habilite este proceso puede ser desconocida? ¿Quién le va a creer a un Gobierno que dice que no devaluará y que no habrá canje compulsivo de la deuda en pesos? ¿Quién va a confiar en que cumplirá con el pago de las importaciones pateadas 180 días?
No es gratis escupir las instituciones. Pueden no gustarnos, podemos disentir, podemos castigarlas con el voto. Pero son las que tenemos, y las que seguirán estando cuando los oficialismos se vayan.
