Alberto Fernández se recluyó en Chapadmalal para unos días de descanso, al tiempo que seguirá con atención la promoción del juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
Está claro: en su agenda no figuran los problemas de la sociedad, que están vinculados con la inflación, la inseguridad y la baja calidad del empleo, ya que cada vez hay más monotributistas y contratados.
Nada de esto dice en sus innumerables intervenciones, en algunas de las cuales, como sucedió en Mar del Plata, combina en su retórica anuncios para chicos sin cuidados parentales, con su declamada obsesión contra los jueces.
Hasta un medio partidario bonaerense lo castigó en su título de tapa: “En medio del pedido de juicio a la Corte, Alberto Fernández mezcló a niños con jueces”.
La cruzada del Presidente es acompañada por el kirchnerismo duro, que pretende televisar las sesiones de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y denigrar, así, a los miembros del máximo tribunal.
Un bumerán
La escalada contra la Corte se traduce en incertidumbre y desconfianza en el terreno de la economía. Un bumerán para el ansiado despegue.
¿Qué actitud asumirá el Presidente cuando la Corte resuelva sobre un tema económico que afecte al Estado nacional? ¿Acatará el fallo o no lo cumplirá?
La pregunta tiene relación, principalmente, con el ahorro de los argentinos, sea en pesos o en dólares.
Si el Gobierno decide cambiar la devolución de ese dinero –“reperfilar” la deuda– y los ahorristas acuden hasta la Corte para hacerse de su dinero, ¿respetará el fallo, como sucedió, por caso, con otro Gobierno con la devolución de los depósitos en dólares ordenada tras la caída de la convertibilidad?
Las preguntas –sin respuestas contundentes– forman parte de los análisis de ahorristas e inversores institucionales.
Las señales serán más claras cuando deba renovarse la deuda en pesos del Tesoro nacional, que este año incluye vencimientos por ¡nueve billones de pesos!.
La disputa pone en riesgo, además, cualquier acuerdo con la oposición sobre temas como el blanqueo y una nueva moratoria impositiva.
¡Ay, la inflación!
Sergio Massa, ahora lanzado como precandidato presidencial –una aspiración que en realidad nunca abandonó pese a sus tropiezos– intenta disimular el impacto de la inflación en la vida cotidiana.
Botones de muestra: funcionarios se sorprendieron por la cantidad de argentinos que en sus vacaciones prefieren cruzar a Brasil o a Chile, con esperas de hasta ocho horas en la frontera, o por la alta demanda de pasaportes.
Miles de argentinos cruzan al país trasandino para cambiar ¡los neumáticos del auto!
Aunque la temporada será buena, no “excepcional” como anticiparon algunos operadores, agentes del sector reconocen que los precios de alojamiento, de los alimentos y de otros bienes son más bajos en los países vecinos.
Aun así, Massa no sacó un conejo de la galera para retener a los argentinos y frenar la sangría de divisas.
No hay dólares
No hay dólares para la producción ni para importar los artículos de una megatienda, que amenaza con cerrar sus grandes locales en la Argentina.
Es el derrotero que ya siguieron una veintena de grandes marcas.
“El problema no es sólo lograr la autorización para importar insumos o bienes intermedios, sino luego lograr los pagos por parte del Banco Central”, reconoce Miguel Zonnaras, al frente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y de la federación que las nuclea (Fecacera).
De los 3.900 pedidos de autorización cursados desde el 16 de diciembre, sólo se autorizaron 820, agregan los industriales (UIA).
La industria sentirá el parate en la actividad y en el empleo.
La “tercera Niña”, que genera malas condiciones en el 38% del área sembrada con soja, podría restar ingresos por unos 10 mil millones de dólares, según sectores de la producción.
La designación de Fernando Haddad, como ministro de Economía de la tercera gestión de Lula y las primeras medidas están decepcionado al mercado.
La devaluación del real puede complicar los planes de exportación al principal socio comercial y generar presión devaluatoria sobre el peso.
La agenda de urgencias es extensa, pero el Presidente prefiere una pelea que busca deslegitimar a la Justicia y desacreditar sus sentencias.
Un rédito político injustificable y dañino frente a las demandas de la sociedad.
