El presidente Alberto Fernández rechazó este martes las acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py como testigo en la causa por presuntas irregularidades en las obras públicas viales entre 2007 y 2015.
El primer mandatario negó haber recibido instrucciones, cuando se desempeñaba como jefe de Gabinete, para asignar fondos hacia la provincia de Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario. “Definitivamente no”, sentenció.
Al responder las preguntas que realizó el abogado Carlos Beraldi, quien representa a la ex presidenta en la causa, Alberto Fernández remarcó que durante su gestión como jefe de Gabinete, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, “nunca las decisiones administrativas tuvieron el propósito de beneficiar a alguien”.
Seguido, Beraldi le preguntó si en aquel entonces “recibió instrucción de Néstor o de Cristina Kirchner para que se guiaran específicamente y de manera desproporcionada fondos a Santa Cruz”.
“Definitivamente no, ni a la provincia de Santa Cruz ni a algún lado”, insistió Fernández. Inmediatamente después, Beraldi completó preguntándole si hubo alguna instrucción para “girar fondos para beneficiar a algún empresario en particular”, y Fernández reiteró: “Definitivamente no”.
Alberto Fernández: No hubo nunca reparto arbitrario
Al declarar en los tribunales de Comodoro Py, el Presidente aseguró que “definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario” durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner y se quejó: “Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables, esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública, nunca fueron arbitrarias”.
Poco después, Beraldi trató de preguntarle al Presidente si Néstor y Cristina Kirchner lideraron una asociación ilícita que funcionó en el gobierno nacional para redireccionar fondos de la obra pública y beneficiar a empresarios, tal como se indica en el expediente de la causa.
El planteo generó un cruce entre los presentes. Primero, el fiscal del juicio oral, Diego Luciani, pidió desestimar la pregunta de Beraldi, que calificó como “absolutamente inadecuada”.
Ante la situación, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, le permitió a Beraldi reformular la pregunta y el abogado de Cristina Kirchner insistió ante Alberto Fernández: “¿Tiene algún conocimiento de que hubiera existido algún tipo de asociación ilícita en el funcionamiento del gobierno nacional?”.
Gorini lo interrumpió y le advirtió que era la misma pregunta y Beraldi se justificó al señalar que si interés es “saber si existe algún tipo de conocimiento por parte del testigo de algo que se describe fácticamente en la acusación”.
“Esto es lo que dice la acusación. Habla de asociación ilícita de carácter estatal y permanente, donde hay un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Donde hay una división de roles. Estos son presupuestos fácticos. Si no puedo preguntar se me está limitando el derecho a defensa. Es inaudito que tengamos una acusación de estos términos, por eso mi pregunta va dirigida a eso”, amplió Beraldi.
Por su parte, el fiscal Luciani ratificó su posición al señalar que “es una pregunta contaminada”. “Al haber escuchado el testigo el relato, que es la primera vez que actúa de esta manera, porque nunca a lo largo de este juicio ha sucedido esto, no hay ninguna duda de que lo está condicionando. Si el testigo hubiese visto algo, como jefe de gabinete tenía la obligación de denunciarlo como funcionario y como jefe de gabinete. Nunca se han permitido este tipo de preguntas, no entiendo por qué en este caso vamos a hacer una excepción”, manifestó.
Finalmente, el juez Gorini tomó la palabra y decidió formular la pregunta para Alberto Fernández: “¿Usted mientras se desempeñó como jefe de gabinete o posteriormente tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades a los efectos de redireccionar la obra pública en Santa Cruz o favorecer a algún empresario?”.
Y el Presidente reiteró: “Definitivamente no”.
Alberto Fernández se presentó a declarar como testigo en el juicio oral que enfrenta la Vicepresidenta, entre otros acusados, por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales durante su gobierno (2007-2015).
Esta es la primera vez en la historia judicial que un mandatario en ejercicio declara ante un tribunal que juzga a su segundo.
Según la fiscalía, hubo una asignación discrecional de obras viales de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, por un monto estimado en 46.000 millones de pesos.
