En medio de un clima de debate sobre el uso de la prisión preventiva y de la figura de la asociación ilícita en la Justicia cordobesa, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, defendió la validez constitucional de estas herramientas, aunque reconoció que su aplicación debe estar sujeta a un marco determinado. En ese sentido, repasó casos emblemáticos donde se utilizaron estas figuras.
En diálogo con el streaming La Voz en Vivo, Tarditti aseguró por primera vez no tener interés personal en integrar la Corte Suprema de Justicia, desestimando versiones que la ponían en esa carrera. La funcionaria judicial defendió el ingreso de mujeres al máximo tribunal de la Nación.
La magistrada, además, cuestionó el desempeño del Fuero Anticorrupción y explicó los desafíos pendientes en la implementación de la reforma judicial. También reivindicó la experiencia de los juicios por jurado, que en dos décadas de vigencia ya superaron el millar de fallos sin anulaciones.
–Hay una discusión en relación a la utilización de las figuras de la prisión preventiva y de la asociación ilícita que tiene muchos años en la Justicia y que en Córdoba se reactualizó en las últimas semanas. ¿Qué posición tiene al respecto? ¿De qué lado de la biblioteca está?
–Voy a ser prudente por mi rol en el Tribunal Superior. Pero nosotros hace poco hemos tenido una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa audiencia se mostraron los porcentajes de presos preventivos sin sentencia y de los presos preventivos con sentencia. Los con sentencia, aunque no estén firmes, son una mayoría. Y sobre el tema de la asociación ilícita, el Tribunal de Córdoba, integrado por la Sala Penal con votos míos y de los otros colegas, tenemos jurisprudencia acerca de la validez constitucional de la asociación ilícita y acerca del uso razonable que ha habido en esos casos concretos que hemos fallado. La criminalidad organizada a veces lleva al uso de estas figuras. Y si la figura ha sido bien o mal usada hay todo un sistema de controles dentro de la Justicia. Si algo no le falta al sistema son los recursos.
–Es decir que usted no cree que haya un exceso de la utilización de esos recursos en Córdoba.
–Yo no puedo decir si en un caso concreto puede haber un mal uso. Lo que digo es que hay una criminalidad importante y hay investigaciones importantes que se han llevado adelante. Recordemos que la asociación ilícita se utilizó en el juicio del Banco Social para alguna de las líneas investigativas, se utilizó en la causa del Registro de la Propiedad, en alguna de las líneas. También se utilizó en algún caso donde estaban implicados policías con otro tipo de personas, en adulteraciones de documentación de automotores, robo de automotores, etcétera. Tiene un uso general.
–¿Usted dice que su uso no distingue la condición de quien está siendo procesado?
–Es un delito del Código Penal. Entonces, en algunos casos se aplica. No es que se aplica en todos los procesos. No porque haya dos o tres personas delinquiendo está el uso de la asociación ilícita.
–Hay un comentario extendido entre los abogados que alude a que la figura en la imputación aparece y luego es muy difícil de sostenerla al final del proceso cuando no están las pruebas para que finalmente se pueda comprobar que hubo una asociación ilícita. Y en el medio, quienes están imputados por ese delito tienen que atravesar por un proceso de prisión preventiva por el tipo de penalidad y de sospecha que hay.
–La gravedad del delito es un indicador muy relativo del riesgo procesal. Para que las personas estén preventivamente presas, tiene que haber otros componentes de riesgo procesal, en el cual la gravedad del delito es una pauta, pero no puede ser la única.
–La discusión sobre el uso de la asociación ilícita y de las presiones preventivas se instaló entre los cordobeses por un desacuerdo entre miembros del Ministerio Público Fiscal. ¿Le preocupa el nivel de discusión y por momentos de beligerancia que hay entre actores importantes allí?
–Sin duda no es positivo ese tipo de intervenciones críticas si es que se ha referido a fiscales concretos. Ante la presentación de los fiscales que se sintieron aludidos por las declaraciones y se presentó esa nota en una oficina a mi cargo y giré las actuaciones al Tribunal de Ética Judicial.
–¿No hubo ninguna resolución todavía?
–Es que esto es muy reciente.
–Hay un tema sensible para la sociedad que tiene que ver con cómo es el tratamiento judicial de los poderosos en Córdoba. Hablemos puntualmente de la situación del exlegislador Oscar González. Hay causas abiertas en la Justicia Provincial y en la Federal, con una gran diferencia en la velocidad de la segunda sobre la primera. ¿Eso pasa por el poder que ostentó González?
–La Justicia de Córdoba juzgó a un exgobernador que era senador, juzgó directivos del Banco Social, investigó todos estos casos complejos de la causa del Registro, de los abogados y otros directivos de ART, también fueron llevados a juicios muy importantes. En relación a la causa en contra de Oscar González, relacionada con el accidente de tránsito, tengo entendido que esa causa ya está a juicio. La otra investigación relacionada con el Fuero Anticorrupción, ustedes ya saben que yo tengo una opinión negativa acerca de cómo ha resultado el funcionamiento de ese fuero.
–Es importante esa crítica que tiene usted porque realmente es un fuero que es para cuestionar su desempeño.
–Usted puede ver que ningún bloque legislativo peticiona en forma consistente una reforma vinculada con ese fuero. No es un fuero que haya resultado en su funcionamiento satisfactorio y que haya merecido el crédito social. Entonces, cuando algo no tiene crédito, uno tiene que revisar. Esta idea puede haber sido buena en su comienzo, pero no funcionó.
–¿Hay que eliminarlo o hay que reformarlo para que funcione bien?
–A la luz de los resultados, ese fuero tendría que ser objeto o de reformas o de refuncionalización de sus competencias porque no ha resultado una experiencia positiva.
–¿Por qué continúa suspendida la reforma judicial en Córdoba y cómo es el proceso de avance para su implementación?
–Comenzar la oralización no es simple, no es solamente una cuestión de capacitación. Hay que pensar que Córdoba no es una provincia chica, tiene muchos asientos judiciales, no sólo es la ciudad de Córdoba, sino hay que pensar también en los juzgados y en las fiscalías múltiples de lugares pequeños en el interior. Se estaba trabajando sobre la oralización, se iba a comenzar a colocar en 2019 y vino la pandemia. La pandemia suspendió, pero a su vez también trajo beneficios como el expediente digital, se hicieron las contrataciones para colocar todo el sistema de las audiencias orales con un sistema de videoconferencia que se pudiera insertar el sistema de administración de causas. Este año vamos a tener el 100% de las audiencias orales en materia de prisión preventiva de las causas en flagrancia y en cuasi flagrancia.
–Se cumplieron 20 años de la implementación de los juicios por jurado en Córdoba. ¿Qué mirada tiene sobre los juicios por jurado?
–Mi mirada es totalmente positiva. Este año ya vamos a llevar más de mil juicios fallados por jurado. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente, ningún juicio que hasta ahora hayamos tenido que anular por alguna intervención inadecuada del jurado.
“Si una mujer denuncia un abuso sexual de su pareja seguro que será sobreestudiada”
–Hay varios proyectos en discusión que plantean aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión tiene respecto de ese debate?
–Hay varios proyectos y aunque tienen sus diferencias, coinciden en la integración de mujeres en la Corte. Algunos mantienen la cantidad actual de cinco integrantes, otros la amplían a siete u ocho y uno la amplía a quince. Pero el rasgo principal es el tema de la integración de las mujeres.
–¿Tiene posición tomada sobre el número?
–No debería ser una Corte muy numerosa porque la Corte, a diferencia del Tribunal Superior de Córdoba y de otros tribunales de provincia, no se puede dividir en salas. Entonces, eso quiere decir que en todos los asuntos tienen que intervenir todos los ministros. Si tienen más integrantes van a demorar mucho más los asuntos en salir.
–¿Está a favor de la política de cupos, por ejemplo, para el caso de las mujeres en la Corte?
–Creo que no hay otra, porque las decisiones de proponer integrantes de las Cortes o de integrantes de los Tribunales Superiores de provincia, salvo Chaco, que tiene concurso, depende de decisiones políticas de quien está en la presidencia o quien ejerce la gobernación y de los parlamentos que prestan los acuerdos. Y hasta ahora las decisiones políticas privilegian a la integración de varones. Entonces, si uno sigue el mapa de género de la Oficina de la Mujer de la Corte, ve cómo es una composición que no varía mucho. Las mujeres estamos entre el 27 y el 29 por ciento desde 2017. El resto son varones. Es una fórmula buena para el ferné, pero no buena para facilitar la integración de las mujeres en las Cortes.
–¿Usted tiene aspiraciones de integrar la Corte Suprema de Justicia?
–No. Pienso que a la Corte tienen que ir mujeres, pero tienen que ir mujeres que pueden estar entre un período no inferior a 10 años. El ideal sería que estuvieran 15 años por lo menos. Hay que pensar que las dos últimas ministras que tuvimos, que hicieron una labor extraordinaria, son Carmen Argibay, que estuvo 10 años, y Elena Highton de Nolasco, que estuvo 17 años.
–¿Y a qué se debe esa sugerencia de la ventana de tiempo? ¿Por qué?
–Porque son necesarias políticas judiciales. Las dos ministras dejaron un legado importante. Este tema de que las mujeres tienen que estar en la Corte, a veces dicen “es una apetencia personal”; no lo es, lo estoy diciendo desde ya: no es una apetencia personal.
–Llama la atención que lo aclare así.
–Lo aclaro porque por eso soy tan libre para decirlo. No tengo ningún interés personal en esto, sino que es una cuestión de derechos de las mujeres a integrar todos los espacios de decisión, y en la Justicia también. Muchos temas que llegan a la Justicia se relacionan con conflictos vinculados con los derechos de las mujeres. Los tribunales están abarrotados de temas de violencia, de un montón de cuestiones de discriminación, por eso tienen que estar las mujeres.
–Esta semana hubo un fallo muy mediático y duro que condenó la violencia de género contra la actriz Julieta Prandi que volvió a poner al tema del acceso a la Justicia en estos caso en debate. ¿Qué sucede en la Justicia de Córdoba?
–Se han hecho reformas, tanto de creación de fiscalías, de organismos, del Polo de la Mujer, de equipos técnicos. Pero todavía hay que hacer muchísimos más ajustes, faltan ajustes en las prácticas. Si una mujer denuncia un robo, no le van a estar haciendo una pericia a la mujer por si tiene algún interés, pero si denuncia un abuso sexual de su pareja o denuncia violencia seguro que va a ser sobreestudiada.
–¿Y la perspectiva de género en la Justicia de Córdoba y en los tribunales, cómo está ese proceso interno?
–Estamos alimentando una base de jurisprudencia con perspectiva de género de todos los fueros, que a su vez alimenta la base de jurisprudencia de la Oficina de la Mujer de la Corte, con todos los poderes judiciales provinciales, federal y nacional. Allí hay cientos de sentencias. Córdoba ha incorporado un gran caudal en todos los fueros y creo que eso es algo que se comienza a ver a partir de 2010 en adelante.
–¿Cómo se condice eso con el hecho de que el ministro de Justicia de la Nación y hasta el propio presidente hablen, por ejemplo, de negar la figura penal del femicidio o decir que es lo mismo la violencia que sufre una mujer que la que sufre un hombre? ¿Cómo se procesa esa discusión?
–Creo que ese es un concepto completamente equivocado. La violencia contra la mujer no es cualquier clase de violencia. La gente común lo distingue. En Córdoba, los femicidios son fallados por los jurados populares. O sea que el jurado comprende que esa muerte no es cualquier muerte. No es la muerte de una mujer en un robo o por un homicidio común. Tiene sus componentes y los componentes se ven en los hechos, en la forma por qué la mató, qué tipo de vinculación había entre el autor y la víctima, que no es cualquier vinculación.
