El oficialista Frente de Todos tiene todo listo para discutir en el recinto de Diputados la semana que viene, o la primera de junio, la nueva ley de biocombustibles que remplace la norma que desde 2006 rige y promueve la actividad.
Este martes, y después de varios intentos frustrados (por falta de acuerdo con la oposición), se logró dictamen.
“Emitimos dictamen del marco regulatorio hasta 2030. Se establece el corte del combustible fósil con biocombustibles, con mínimo de 5% en gasoil y 12% en naftas, y las exenciones de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono”, sintetizó el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos, de Entre Ríos), una de las voces defensoras del proyecto discutido ayer en un plenario de dos comisiones y que se transformó en dictamen de mayoría.
Juntos por el Cambio calificó de “retrógrado” al proyecto y se pronunció a favor de prorrogar cuatro años la actual ley, tal como lo acordó el año pasado el Senado.
El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda sesionó ayer desde un salón del edificio anexo del Congreso, mezclando la modalidad presencial y virtual.
Uno de los primeros en fogonear el proyecto fue el kirchnerista cordobés Eduardo Fernández. Dijo que la iniciativa “expresa la experiencia del sector” acumulada durante los años de vigencia de la ley 26093 aprobada durante la presidencia de Néstor Kirchner y defendió la “intervención estatal” que criticó la oposición. “La industria tendrá más equilibrio”, sostuvo.
Por su parte, Alma Sapag, diputada del Movimiento Popular Neuquino, al dar su apoyo al proyecto oficial aludió a la necesidad de modernizar la industria.
La nueva ley, de ser aprobada, tendrá vigencia por diez años, con cinco más de prórroga. La ley 26093 fue prorrogada recientemente hasta julio.
“El mundo dejó atrás los biocombustibles de primera generación, que son los que produce la Argentina; se remplazan las materias primas que se usan para alimentos (los granos), con materias residuales”, explicó.
“Es un proyecto integral que abre una nueva etapa y brinda continuidad al sector productivo de los biocombustibles en forma compatible con un modelo de desarrollo nacional, federal y equilibrado”, sostuvo el santafesino Marcos Cleri, del Frente de Todos.
En el plenario se recordó que la industria de los biocombustibles, a partir de la ley de promoción de 2006, desarrolló inversiones por casi cuatro mil millones de dólares, y multiplicó en 54 plantas distribuidas principalmente Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba Tucumán. Unas 34 son de biodiésel, trece plantas producen bioetanol de caña de azúcar y siete de bioetanol de maíz. La suba de los precios internacionales de los granos, entre otros factores, puso en alerta a la industria. En el mundo se discute, además, si los alimentos deben ser usado para obtener combustibles.
Retroceso
La cordobesa Brenda Austin, del radicalismo, afirmó que el proyecto oficial implica “un retroceso en la búsqueda de la diversificación de la matriz energética en la Argentina”.
Para la diputada, el proyecto “es una suerte de ensañamiento particular del Gobierno con algunas provincias, casi como si fuera un leitmotiv del kirchnerismo” y dijo que “la baja en el porcentaje de corte de los combustibles” va contra compromisos asumidos por el país para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que el proyecto alienta “el intervencionismo estatal” y sostuvieron que los empresarios del sector están disconformes (tal como quedó demostrado en la primera reunión informativa).
El kirchnerista Cleri replicó: “Hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que los empresarios no consiguieron el ciento por ciento de sus demandas”.
