El legislador opositor Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba) presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial que propone reducir en un 30% el Impuesto Inmobiliario Urbano. En la iniciativa se aseguró que el incremento de este gravamen en 2025 trepó en algunos casos “hasta un 600% anual”.
“Estamos frente a un verdadero impuestazo”, afirmó Agrelo al hacer referencia a la Resolución N° 60 de la Secretaría de Ingresos Públicos, del 23 de diciembre de 2024, a la hora de establecer un sistema de cálculo del Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI). Y fundamentó con un estudio realizado por su bloque que es posible en Córdoba bajar el Inmobiliario Urbano.
Según el legislador, el proyecto no sólo es constitucionalmente cuestionable por delegar la fijación de la base imponible a un organismo dependiente del Ejecutivo, sino que, además, aseguró que “existen márgenes presupuestarios para sostener una rebaja del 30% sin comprometer el superávit”.
De acuerdo con los números que presentó Agrelo, el Gobierno provincial prevé un superávit fiscal de $ 49.736 millones para este año. La rebaja del 30% propuesta implicaría una caída de ingresos por $ 54.107 millones.
Sin embargo, el legislador sostuvo que hay formas de compensar esa pérdida: por ejemplo, recortando un 5% los aportes provinciales a las agencias estatales (excepto la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiamiento), lo que generaría un ahorro de $ 5.341 millones, y cancelando la obra de refacción del casino de Villa Carlos Paz, que representa otros $ 1.495 millones.
Señaló, además, que hay gastos que podrían reconsiderarse. “Solo el estacionamiento del Estadio Kempes cuesta $ 15.184 millones, el equivalente a un descuento del 10% del tributo”, afirmó.
Y agregó: “Así como el déficit fiscal sostenido es perjudicial, también lo es un superávit basado en una presión impositiva excesiva. Una rebaja permitiría aliviar al ciudadano y fomentar la actividad económica”.
En cifras, el Impuesto Inmobiliario Urbano representó en 2024 el 3,9% de la recaudación provincial. Para 2025, el Ejecutivo estima que esa participación trepará al 6,4%, con una recaudación proyectada de $ 204.254 millones, según Agrelo.
El legislador también cuestionó la falta de desagregación entre el Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural.
El proyecto de Agrelo establece también en el 2 artículo el reintegro a los contribuyentes que ya hayan abonado las cuotas del segundo semestre o la cuota 7, sin importar si el pago fue hecho bajo protesta. Para esto, especificó que Rentas deberá restituir la diferencia entre el monto pagado y el nuevo valor resultante de la ley.
Además, detalló que sólo con los aportes provinciales a las agencias -que en 2025 sumarán $ 783.041 millones (sin ACIF, $ 106.814 millones)- podrían hacerse ajustes significativos. Un recorte del 5% en estas transferencias a las agencias explicó que representarían un ahorro de más de $ 5.300 millones, “suficientes para mantener un superávit fiscal”.
“El Estado no puede recaudar de más para hacer obras innecesarias, mientras los ciudadanos ven cómo se pulverizan sus ingresos”, insistió Agrelo.
“Todo lo expuesto es razón suficiente para proceder a disponer una baja del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano, decisión que no afectará en lo más mínimo la salud de las cuentas públicas de la provincia. No se pone en juego la sustentabilidad de las arcas provinciales”, concluyó.
