La Dirección General de Aduana informó este lunes que descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar sorteando los controles del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y luego “alquiló” esa cautelar a otra firma importadora.
Así lo informó la repartición estatal que conduce Guillermo Michel en un comunicado dado a conocer este lunes. En el mismo, señaló que la segunda empresa no tenía aprobada la operación de importación para poder ingresar mercadería (carteras fabricadas en China) y conseguir los dólares del Banco Central.
Por ello, la Aduana inició una denuncia penal y aplicó multas a las empresas implicadas en el hecho denunciado.
Este tipo de controles había sido reclamado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus últimos actos públicos.
La Aduana dijo que descubrió que la firma Yoko SA obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI, pero luego “cedió” la autorización a otra firma, Tropea SA (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia), para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
En ese sentido, la Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que Yoko SA no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea SA.
Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko SA mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca “Tropea” solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.
Las autoridades de la Aduana entienden que Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). “En definitiva, Yoko funcionó como una usina de SIMI”, dice el comunicado oficial.
“La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señalo Michel, titular del organismo.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por la situación, la Aduana se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que “habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal”.
