A casi 18 meses de la administración de Martín Llaryora en la Municipalidad de Córdoba y a un año del inicio del largo conflicto con el gremio de los municipales (Suoem), el cambio político más sustancial que representó el arribo de Hacemos por Córdoba a la Capital provincial se evidencia en la reducción del poder de la corporación sindical que por décadas conformaron los municipales y los recolectores (Surrbac).
Las vías por las que la gestión Llaryora logró morigerar el poder de obstrucción de esos gremios son diversas. El resultado es una reducción abrupta de la conflictividad, que fue la característica definitoria del municipio en las últimas dos décadas. El sigilo de las negociaciones y la total desaparición de la agenda pública de los temas gremiales es el otro gran cambio: el Ejecutivo impuso su criterio de que no se negocia por los medios de comunicación y tampoco en situación de conflicto.
En el caso de la UTA, que ayer completó un paro de 48 horas en adhesión a una medida nacional, el municipio durante casi un año había mantenido a raya la conflictividad con un esquema de subsidios directos que complementa los aportes de la Nación y la Provincia.
En el caso del Surrbac, el cambio fue inmediato y elocuente desde diciembre de 2019. El combativo gremio de los recolectores pasó a ser un aliado permanente de la gestión Llaryora, que al asumir encontró a la conducción gremial en una compleja situación judicial –Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estaban detenidos– y avanzó en una negociación que evidencia total colaboración sindical con el ente Córdoba Obras y Servicios (Coys).
Pero es el caso del Suoem el que marca la diferencia más sustancial puertas adentro del municipio, y también puertas afuera: desde seis meses, y pese al avance de la gestión en numerosos proyectos históricamente rechazados por el gremio, es casi nula la conflictividad entre los municipales.
Esto se mantuvo incluso durante la negociación de la paritaria semestral que terminó ayer con un acuerdo por el 27,6 por ciento semestral en tres cuotas, que dilata por casi nueve meses el impacto de la inflación sobre una masa salarial que en 2020 tuvo un recorte histórico,
La calma municipal llegó tras el prolongado y virulento conflicto gremial que estalló hace justo un año, cuando el Ejecutivo aplicó un sustancial recorte salarial por la vía de la reducción de jornada y la quita de adicionales: el salario bruto promedio municipal cayó de 135 mil pesos en enero de 2020 –el primer mes de Llaryora en el municipio– a poco más de 90 mil pesos en julio pasado.
Recién con la paritaria de noviembre pasado comenzó una progresiva recuperación de los ingresos de los municipales que, no obstante, a marzo pasado todavía se encontraban 15 por ciento por debajo del momento en que asumió Llaryora en términos nominales y 5,7 por ciento abajo respecto de marzo de 2020. Cuando a esa cifra se agrega la inflación interanual de 42,6 por ciento, la baja real interanual a marzo superaba el 48 por ciento.
La paritaria firmada supone una actualización por inflación, pero no una recuperación de lo perdido a nivel salarial por los municipales.
Cambio de escena
La gestión Llaryora entre mayo y noviembre del año pasado apeló a todas las herramientas a su alcance en la pulseada con el Suoem.
La colaboración de la Provincia con inéditos despliegues en torno del municipio para contener las violentas protestas, la diligente actuación judicial –hay decenas de empleados con causas en proceso y hubo municipales detenidos por largos períodos– y el avance en numerosos recortes que luego del conflicto se fueron restituyendo parcialmente (eliminación de horas extras, quita de chapas a los inspectores y amenaza de replantear el régimen docente) marcaron la cancha para la nueva normalidad que vino después. El mensaje parece haber sido comprendido por toda la dirigencia gremial.
El Ejecutivo municipal tampoco habla más sobre los gremios. La relación con el Suoem tiene interlocutores políticos, a menudo el propio Llaryora y el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano; una interlocutora técnica a la que el gremio atribuye carácter implacable y mayor responsabilidad en el ajuste, la secretaria General, Verónica Bruera, y otro interlocutor decisivo para el cierre de las discusiones, el secretario de Economía, Guillermo Acosta. Además, cada secretario atiende a los delegados de su sector, que mantienen sus planteos constantes, aunque ya no lo hacen en estado de asamblea permanente, como era habitual en el municipio.
La instrucción que rige para todos los funcionarios es evitar la confrontación pública y “no cantar goles” respecto de la nueva realidad que muestra el frente gremial.
Llaryora suele repetir el agradecimiento a la dirigencia sindical por los “acuerdos colaborativos alcanzados” y los voceros del intendente repiten que el objetivo de la gestión en ningún momento fue el avance contra los gremios sino que el municipio preste más servicios.
Sostienen también que el nivel de gasto salarial heredado de la gestión Mestre –durante años hubo cláusula gatillo mensual o bimestral de impacto pleno y acumulativo– hacía inviables las prestaciones mínimas y que tras el ajuste, el objetivo es incrementar las prestaciones y avanzar con los proyectos de la gestión.
Lo cierto es que varios de esos proyectos fueron postergados por décadas por la resistencia gremial y hoy constituyen lo medular de la gestión municipal de Llaryora.
La digitalización casi total de las áreas clave de la administración dejó al gremio sin la posibilidad de bloquear las cajas municipales durante los conflictos y sin acceso a la información crítica de la gestión. Hace dos décadas fue el Suoem quien impidió la digitalización.
La descentralización de las áreas operativas, que en breve estarán desconcentradas en los obradores que se están poniendo en marcha en el área de cada CPC, también fue impedida por años por el gremio.
La habilitación automática y digital para los negocios está a punto de ponerse en marcha, luego de sucesivos fracasos de la ventanilla única por obstáculos gremiales. Y hasta cuestiones operativas tales como el traslado de reparticiones en la actualidad se resuelven sin atender las objeciones gremiales.
Más personal no sindicalizado
La otra constante en el municipio es el ingreso de nuevo personal a través de diferentes mecanismos que suponen retribuciones muy inferiores al sueldo de los municipales y carecen de representación sindical.
El esquema irrumpió durante el largo conflicto gremial del año pasado y se volvió permanente: hay casi dos mil servidores urbanos, un millar de becarios y centenares de monotributistas que realizan tareas municipales sin relación con el Suoem.
Si se suman los casi 1.700 empleados de las empresas municipales Coys y Tamse, Llaryora además de los 10.300 empleados afiliados al Suoem, cuenta con unos cinco mil agentes más prestando servicios.
Cuánto gasta el municipio en todas esas retribuciones es un verdadero misterio, porque el Ejecutivo incumple la obligación de publicar sus ejecuciones presupuestarias.
La total ausencia de información oficial sobre la evolución de las cuentas municipales tampoco permite conocer el impacto real a nivel económico de los cambios drásticos que se observan a nivel de reducción del poder gremial.
