La Cámara de Diputados inició el tratamiento de una ley que, en caso de estar vigente, ayudaría a encuadrar como trata de personas un presunto delito investigado en Córdoba, donde nueve personas fueron citadas a declaración indagatoria por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que subroguen sus vientres.
El proyecto es del diputado cordobés y demócrata cristiano Juan Brügge, y comenzó a tratarse en la Comisión de Legislación Penal, presidida por otra representante de la provincia, Laura Rodríguez Machado (PRO), quien acordó abrir el juego a iniciativas del bloque dialoguista mientras se debate la agenda de seguridad de la ministra Patricia Bullrich.
El proyecto de Brügge propone ampliar el artículo 145 bis del Código Penal, que actualmente establece que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
El agregado es para que no solo se contemplen los fines de explotación sino también “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”.
“Creemos que con ese agregado es más que suficiente para poder captar desde el punto de vista normativo todos esos hechos que hoy generan una discusión acerca de si pueden ser considerados como delitos de trata si tienen otra finalidad”, precisó el abogado penalista Darío Vezzaro, quien participó del debate junto a Brügge.
El diputado coincidió en que “en sede judicial se discute mucho este artículo y en muchos casos tienen que recurrir al Protocolo de Palermo”, que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata, especialmente de mujeres y niños, y que fue incorporado al ordenamiento jurídico argentino hace exactamente 22 años.
La iniciativa de Brügge recoge el modelo europeo, donde adopciones ilegales, matrimonios forzosos o maternidad subrogada para explotación reproductiva son considerados como trata de personas.
Caso en Córdoba
El pasado 12 de julio, el Juzgado Federal Nro. 2 de Córdoba citó a prestar declaración indagatoria a nueve personas acusadas de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para oficiar de vientres subrogantes en procesos de fertilización asistida para terceros. Las indagatorias terminarán este viernes y el juez Alejandro Sánchez Freytes deberá resolver.
La medida fue ordenada luego de un pedido realizado por los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, por al menos catorce hechos ocurridos en dos clínicas de salud reproductiva, cuyos nombres no fueron dados a conocer.
Se investiga a los titulares y allegados de los dos centros de salud, donde las prácticas se desarrollaron de manera similar. Allí, según información oficial, los acusados habrían captado con fines de explotación a un número aún no determinado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes a cambio de una suma de dinero aún no determinada.
Para los fiscales, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación, que es la única vigente en el Código Penal. Para saldar dudas a futuro, el diputado Brügge propone ampliar el delito a cualquier otra finalidad que atente contra la integridad psicofísica de la víctima.
En su presentación, el Ministerio Público solicitó que, además de las indagatorias, se ordene la inmediata detención de los máximos responsables, incluso los acusados de hostigamiento. Y requirió que se disponga de asistencia psicológica, médica y jurídica para las víctimas, así como medidas de protección.
