A pedido del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, el oficialismo posterga para después del balotaje la acusación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño.
“Le pedí a las autoridades de la Cámara y de la comisión que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral, porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”, reveló Massa en la entrevista que concedió al canal La Nación+, e insistió: “Planteé que los legisladores no mezclaran el juicio político a la Corte con el proceso electoral”.
Tras ese pedido, el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, un día antes del recambio presidencial. Lo hizo a través del decreto 583/23, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
De esa manera, el Frente de Todos podrá firmar el dictamen en la Comisión de Juicio Político después de la segunda vuelta electoral, ya que, de lo contrario, el plazo límite era el lunes 20 de noviembre, el feriado posterior al balotaje (con lo cual, en rigor, había tiempo hasta el 17, el último viernes hábil).
“Pedí que este tema no forme parte de la agenda de disputa ahora, porque además cambia la composición del Congreso”, insistió Massa, aunque no respondió cuál es su postura sobre el juicio político: “No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. Es un tema del Poder Legislativo. Después del 19 de noviembre voy a ponerme a leer los fundamentos”.
Nueva reunión y descargo de los jueces
La comisión que preside Carolina Gaillard volverá a reunirse este martes a las 13 para dar cuenta de los escritos presentados por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vice, Carlos Rosenkrantz, en respuesta a los numerosos cargos formulados en su contra. Los otros dos integrantes del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, se llamaron a silencio.
Además de la instancia escrita, los cuatro magistrados tenían la oportunidad de asistir personalmente este mismo martes a la comisión para ejercer su derecho a defensa, pero fuentes consultadas informaron que no asistirán. De todos modos, su ausencia no obstaculiza el avance del proceso.
El bloque oficialista, a cargo de Germán Martínez, tiene mayoría propia en la comisión (16 de los 31 miembros) para firmar el dictamen de acusación, pero en el recinto no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobarlo, e incluso estará más lejos de alcanzar esa mayoría después del 10 de diciembre.
Los cargos formulados contra los jueces están vinculados a cuatro causales: el fallo del “2x1″ que beneficiaba a represores de la última dictadura en el cómputo de la pena; el fallo que alteró la composición del Consejo de la Magistratura; el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el giro de coparticipación; y supuestos desmanejos en la obra social del Poder Judicial de la Nación.
El oficialismo dio por confirmada la hipótesis de que las sentencias mencionadas fueron dictadas en connivencia con el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Juntos por el Cambio rechaza la acusación y sostiene que en el proceso se violaron derechos y garantías. Y esa misma línea fue la que utilizaron los jueces Rosatti y Rosenkrantz para defenderse por escrito.
“Durante el trámite del sumario de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, advirtió Rosatti, y agregó que “la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso”.
Para el titular de la Corte y del Consejo de la Magistratura, “se realizaron pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando ello resultaba ineludible”. En ese sentido, “se solicitó, por ejemplo, el acceso a contactos y comunicaciones privadas (telefónicas, de mensajería instantánea y correos electrónicos) y videos de eventos privados”.
También advirtió que “se requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal”, y cuestionó la validez de los chats filtrados donde se infiere que su asesor, Silvio Robles, y el exministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, negociaron el fallo sobre coparticipación.
“Se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal. Se formularon cargos basados en esa prueba y fue además utilizada para interrogar a testigos, generando un efecto claramente intimidatorio”, alertó Rosatti.
Por su parte, Rosenkrantz sentenció: “Este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria”.
“Las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la comisión se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”, denunció.
También consideró que “la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario”.
“Se pretende enjuiciarme porque dicté sentencias, o escribí votos, que contrarían las preferencias ideológicas o políticas de algunos o muchos de los diputados y, quizá, de aquellos a quienes ellos representan”, lamentó.
Para el vicepresidente de la Corte, “ni las denuncias formuladas ni los cargos provisorios me imputan la comisión de delito alguno ni tampoco explican, con un mínimo de rigor técnico, de qué modo las sentencias a las que se refieren traducirían ineptitud moral o intelectual para desempeñar el cargo de juez de la Corte Suprema”.
