El discurso de ajuste que pregona el Gobierno sobre la política encontró una fisura en el Congreso: los legisladores nacionales aumentaron sus dietas en casi un 30%. El incremento está atado al de la paritaria de los empleados legislativos, rubricada a fines de febrero por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
De esa manera, según recibos de sueldo a los que accedió este medio, un diputado que en enero percibió $1.699.103,30 de bolsillo, en febrero pasó a cobrar $2.174.887,47, siempre sumando dieta y gastos de representación, un ítem extra que cobran todos los diputados por igual y cuyo valor definen las autoridades de ambas Cámaras.
Desde el año 2011, las dietas de los legisladores están atadas a la paritaria legislativa. En 2021, en un clima de malestar social por la pandemia, se desengancharon las dietas y se estableció que cualquier aumento debía ser votado en el recinto.
En noviembre de 2022 finalmente se derogó ese requisito del voto, y así los aumentos volvieron a quedar ligados a los de los legislativos.
La resolución conjunta firmada por Villarruel y Menem el último 22 de febrero (lleva el número 2/24) fijó para los trabajadores un aumento del 16% a partir del 1ro de enero, y del 12% más acumulativo a partir del 1ro de febrero. El acuerdo fue refrendado por la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN, los tres gremios con representación en el Congreso.
Esa suba fue comunicada por las propias autoridades en redes sociales. Pero como no ejecutaron ningún “desenganche”, el aumento se trasladó por omisión, de forma automática, a diputados y senadores, que vieron reflejado el incremento en la liquidación de febrero.
La decisión choca con el relato de austeridad pregonado por Javier Milei. En la apertura de sesiones del viernes pasado, el presidente intentó instalar la idea de que “ha habido mucho más de motosierra para la política” que para las clases medias. Incluso anunció, entre las medidas “anti casta”, una reducción “drástica” en el plantel de asesores de legisladores.
Desde que asumió en Diputados, Menem achicó el gasto en diferentes áreas y anunció cada paso en ese sentido, a diferencia de Villarruel, quien hasta el momento no dio a conocer medidas de ajuste en el Senado. En su entorno afirman que ya hubo avances y que los dará a conocer oportunamente. “Tenemos diferentes estilos”, aseguran, marcando la diferencia respecto del presidente de Diputados.
Apenas cinco días después de la asunción del gobierno, Menem eliminó la pauta publicitaria de la Cámara baja en medios de comunicación. Según reveló, durante todo 2023 se gastaron por ese concepto $1.700 millones, equivalentes a más de USD 3 millones. La medida fue en línea con la suspensión de la pauta oficial a nivel nacional.
Además, se eliminaron 78 cargos jerárquicos y se dieron de baja 220 contratos, lo que implica una reducción de $3.500.000.000 mensuales. Menem también bajó la cantidad de pasajes aéreos y terrestres e impuso nuevas reglas para su utilización.
Asimismo, se dio de baja un contrato para acceso a salones VIP en aeropuertos, que contemplaba 500 accesos por un total de USD 48.000, a un costo de USD 96 por ingreso. Por otra parte, se redujo un 33% la flota de vehículos oficiales, lo que generará “un ahorro anual de más de USD 150.000 en costos de mantenimiento y uso”.
Más allá de estas medidas, Menem quedó en los últimos días en el ojo de la tormenta por la designación de su sobrino segundo, Federico Sharif Menem, como director general de Secretaría Privada de la Presidencia. Sharif es hijo de Eduardo “Lule” Menem, tiene 23 años y cobrará un sueldo de unos $2 millones.
“Trabaja conmigo hace unos tres años. Es la persona en la que más confío de todas las que tengo a la vuelta”, se defendió Menem al ser consultado sobre el nombramiento. “No entiendo a quién quieren que busque para trabajar al lado mío. Simplemente, me tengo que rodear de gente en la que yo confío ciegamente”, se excusó en declaraciones a radio Mitre.
