La jueza federal Sandra Arroyo Salgado remarcó ayer en Córdoba las “traiciones institucionales” que verificó la investigación por al atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), del que este viernes se cumple un nuevo aniversario y que dejó 85 personas fallecidas, a las que sumó el asesinato de su exesposo, el fiscal Alberto Nisman.
La magistrada fue la oradora principal en el acto conmemorativo en reclamo de verdad y justicia por el 31 aniversario del ataque terrorista que le sucedió al perpetrado dos años antes, el 17 de marzo de 1992, a la Embajada de Israel, con un saldo de 22 muertos y 242 heridos.
La recordación que congregó a miembros de organizaciones de la comunidad judía, rabinos, funcionarios y legisladores, entre otros, tuvo lugar en el salón auditorio de La Voz y atravesó por momentos de emotividad pero también emergió como un fuerte pedido para que se lleve a cabo el juicio por ausencia contra los responsables.
Este proceso, si bien no posibilitaría otorgarle una pena de cumplimiento efectivo para los 10 iraníes y libaneses involucrados en el atentado, sí permitiría ventilar en un juicio abierto la prueba recogida por la planificación y ejecución del ataque, y las responsabilidades.
Tras la entonación de los himnos Nacional Argentino y de Israel, el secretario de Redacción de La Voz, Adrián Bassola, dio la bienvenida a un auditorio colmado y ratificó el “compromiso” por “dar a conocer ese grito de pedido de justicia” que alcanza a todos los argentinos.
El rabino Rafael Jashes realizó una invocación por la paz y luego, Luis Czyzewski, padre de Paola, de 27 años de edad, víctima del atentado cuando por primera vez en su vida pisaba la Amia, recorrió la etapa más emotiva de la recordación y señaló que en realidad Argentina sufrió tres atentados: el de la Embajada de Israel, Amia y el asesinato de Nisman.
Czyzewski remarcó que el fiscal fue eliminado “por lo que estaba haciendo”, ya que “tocó alguna fibra peligrosa”, y calificó al memorándum con Irán, suscripto por Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2013 como de “tenebroso”.
El entendimiento, que canjeaba energía por encubrimiento, fue luego avalado por la mayoría oficialista de aquél Congreso.
Como luego lo señalara Arroyo Salgado, el papá de Paola indicó que el juicio por ese pacto, que ya tiene fecha para su realización, implicará para los culpables, en caso de ser condenados, “una carga pública que van llevar de por vida”.
Entre quienes asistieron al homenaje se contaron el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el viceintendente, Javier Pretto; el ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Calvo, y su par de Justicia, Julián López. También dieron el presente las diputadas Laura Rodríguez Machado (PRO) y Alejandra Torres (peronismo cordobés), cuyas actuaciones para impulsar los juicios en ausencia fue destacada por la jueza de San Isidro.
Otras presencias destacadas fueron las de las juezas del Tribunal Superior de Justicia: María Marta Cáceres de Bollati, Aída Tarditti y Jessica Valentini.
Arroyo Salgado ponderó también el primer intento hace más de una década realizado para impulsar una ley similar, por el entonces diputados nacional Juan Schiaretti y valoró el cambio de postura ejecutado por el actual Gobierno de Javier Milei ante los foros internacionales al declarar a Hamás como una organización terrorista.
Traición institucional
En su mensaje, seguido con puntillosa atención por los más de 200 asistentes, la mujer con la cual Nisman tuvo dos hijas –Iara y Kala–, remarcó que el terrorismo no se limita al hecho violento, “sino que se perpetúa en el tiempo a través del encubrimiento, las complicidades y la traición institucional”.
Aseguró que en Argentina el Estado se convirtió en parte de esa “maquinaria de ocultamiento”, afectando no solo a las víctimas, sino también a “la confianza ciudadana en las instituciones”.
Vinculó la causa Amia con el asesinato del fiscal, ocurrido en 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta de la Nación por traición a la patria y encubrimiento con la firma del memorando con Irán. “No solo se trató de un magnicidio en ejercicio de funciones: fue un mensaje de impunidad”, afirmó.
Arroyo Salgado calificó ese pacto como “el acto de mayor avasallamiento a la división de poderes” de las últimas décadas, pero destacó que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo y el Congreso han dado pasos importantes en el último año para revertir la impunidad.
Señaló la sanción de la ley de juicio en ausencia como un avance clave para juzgar a los responsables iraníes y libaneses, y mencionó el reciente fallo del juez Daniel Rafecas que habilita ese proceso.
Reivindicó la denuncia original de Nisman como “válida y fundamentada”, y celebró que la Corte Suprema haya confirmado que debe ir a juicio oral.
También pidió la desclasificación total de archivos de inteligencia y recordó la condena al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad persistente.
La jueza agradeció a la sociedad civil, a los medios independientes y a los funcionarios judiciales y políticos que enfrentaron riesgos para sostener la búsqueda de justicia.
Cerró su intervención con un homenaje a las 85 víctimas del atentado y a sus familias, reiterando que la causa Amia sigue siendo una deuda pendiente con la República.
El intendente Passerini también hizo uso de la palabra y manifestó su compromiso con la causa, a la que identificó como una causa de todos los argentinos.
En la parte final del acto, el presidente de DAIA filial Córdoba, Adrián Ganzburg, acompañó el criterio de que no es posible “salir adelante sin institucionalidad”, y resaltó que el terrorismo todavía mantiene 51 secuestrados por Hamas. “Con vida los queremos”, insistió.
