En los 40 años de inestabilidad que pasaron entre 1943 y 1983 hubo casi 50 gobernadores en Córdoba. A la mayoría de ellos ese título les queda grande en términos institucionales: más de 40 fueron interventores federales, muchos designados por gobiernos de facto. Entre los elegidos por el voto perduran nombres como los de Juan Ignacio San Martín, Arturo Zanichelli, Justo Páez Molina y Ricardo Obregón Cano, aunque ninguno de ellos completó su mandato. Arturo Illia ni siquiera pudo iniciarlo.
En los casi 40 años de estabilidad democrática que comenzaron en 1983 fueron cuatro los gobernadores de Córdoba. Hubo un ciclo radical que duró 16 años: estuvo liderado por Eduardo César Angeloz –que dejó anticipadamente el poder en su tercer mandato– e incluyó una gestión de Ramón Bautista Mestre a fin del siglo XX. En el siglo 21, Córdoba sólo tuvo gestiones peronistas, aunque el sello del PJ haya permanecido camuflado bajo las marcas Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba en las seis gestiones que acumularon José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, miembros de la sociedad más sólida y estable de la historia política mediterránea.
Ese esquema de poder que comenzó con este siglo llega a su fin el 10 de diciembre próximo. El año comienza con la certeza de que deparará eventos políticos históricos.
Es ya una evidencia que se trata el año bisagra en la historia del peronismo cordobés, que con el anticipado lanzamiento de Martín Llaryora a la Gobernación –el acto fue el 31 de octubre pasado– procura un cambio que le garantice la continuidad partidaria. En simultáneo el actual intendente de Córdoba y ex intendente de San Francisco trae consigo el casi completo relevo de aquella generación que desde el peronismo logró volver “cordobesista” a la Córdoba radical.
Recambio y enigma
Ese recambio generacional que intenta el peronismo fue planificado al detalle por Schiaretti y se puso en marcha en el momento mismo en que Llaryora fue ungido como candidato a intendente de la Capital provincial. Pese a la previsión y el cálculo, se trata de una operación política de alto riesgo para el oficialismo, que se producirá en circunstancias que se volvieron excepcionales en todos los frentes y que de antemano no otorga garantías a nadie.
La primera de esas circunstancias excepcionales la marca la gestión Schiaretti. El gobernador llega al fin de su tercer período con niveles de aprobación récord entre los cordobeses y con un ritmo de obras públicas que se asemeja al que hace cuatro años redituó en la mayor candidad de votos para un gobernador cordobés. El dato es una rareza absoluta en una Argentina donde vuelve a emerger la antipolítica y baja la tolerancia a los gobiernos.
Schiaretti conserva esa imagen pese a los serios problemas de gestión de los últimos años. La conflictividad en alza en áreas estratégicas como Salud –al escándalo por la muerte de bebés en el Neonatal se sumó el profundo conflicto salarial con los médicos–, un nivel de insatisfacción creciente con la educación provincial y un esquema de seguridad desbordado por una realidad social de pobreza exacerbada en el Gran Córdoba son parte de ese frente complicado.
Todo el peronismo se pregunta si las demandas actuales se resuelven con las obras públicas que siguen a toda marcha. El schiarettismo sostiene que sí, pero el Llaryorismo prepara otras respuestas: las propuestas para la continuidad le aflojarán al cemento –el alto nivel de endeudamiento de la Provincia también incide en esta decisión– y apuntarán a los ejes sociales de la gestión. Educación, salud y desarrollo productivo en primer lugar.
Gestión versus discurso
La segunda circunstancia extraordinaria del escenario electoral 2023 es la gestión Llaryora en la Municipalidad de Córdoba. La Capital provincial es un territorio históricamente adverso al peronismo, y la experiencia de Germán Kammerath –que llegó al poder municipal aliado al delasotismo en 1999– había profundizado esa característica. Pero hoy la gestión de Hacemos por Córdoba también exhibe alto nivel de aceptación, tiene por delante seis meses repletos de inauguraciones y la perspectivas electorales entusiasman al peronismo.
Contra la opinión de varios de sus antecesores, Llaryora no considera que el Palacio 6 de Julio sea una trampa. Todo lo contrario: confía en que la gestión en la Capital lo lleve a la Provincia y defiende la unificación de fechas electorales en la convicción de que el PJ retendrá el municipio. El viceintendente Daniel Passerini es el mejor posicionado del peronismo para esa carrera. La posible “desersión” del radical Rodrigo de Loredo –que dejó de pensar en la Capital y le disputa la candidatura provincial a Luis Juez– fortalece esta opción.
Pero también en este punto hay la inquietud oficialista. Todo el peronismo se pregunta cuánto de la buena imagen de las gestiones se traducirá en intención de voto y cuántos votos de Schiaretti se tranferirán a Llaryora en el interior provincial. Las respuestas no son unánimes: ¿Por qué va a querer cambiar alguien que entiende que Hacemos por Córdoba gobernó bien?, preguntan los optismistas. ¿Por qué va a elegir continuidad después de 24 años de peronismo el mismo votante que a nivel nacional busca insistentemente un cambio?, razonan los pesimistas.
La tercera circunstancia excepcional de la elección provincial que se aproxima es la indefinición total de la oposición. Muy lejos de representar una ventaja para el PJ, la intriga que constituye la principal estrategia política de Juez y De Loredo –hasta el momento no se conocen planes, propuestas o ideas concretas sobre la provincia– es el elemento que más inquieta a un oficialismo acostumbrado no solo a conocer de antemano el comportamiento del adversario sino a incidir de forma determinante en él.
Aún es un enigma cómo resolverán Juez y De Loredo la competencia que los mantiene unidos. Pero tampoco existen señales de ruptura que presagien papelones opositores similares a los de 2019. Los sectores de Juntos por el Cambio que amagan con romper para unirse al peronismo son, de momento, minoritarios.
Otra excepcionalidad de la elección es que el peronismo acepta de antemano que debe sumar nuevos socios para ganar. Llaryora busca aliados radicales y del PRO a nivel provincial (se reunió con Mauricio Macri en esa búsqueda). No solo va por la continuidad del cordobesismo, sino que intenta concretar un partido cordobés con todas las letras.
La circunstancia más extraordinaria de la elección provincial es la actitud de los cordobeses ante el contexto nacional. Nunca había sido más fuerte el rechazo al kirchnerismo en el poder, ni tan marcado el respaldo a las figuras nacionales de Juntos por el Cambio. La oposición viene repitiendo elecciones nacionales récord en Córdoba y nada indica que en 2023 sea diferente. Juan Schiaretti ganó dos elecciones provinciales en circunstancias similares, pero supo tejer antes los acuerdos que mantuvieron alejado de la escena provincial a Mauricio Macri y que incidieron para que no haya una oferta opositora unificada.
Llaryora no descansa en la búsqueda de acuerdos similares, pero no está tan claro que los obtenga. Schiaretti procura construir ahora la alternativa nacional que desechó en 2019. La idea de “exportar cordobesismo” entusiasma a los peronistas que diseñan la campaña provincial, pero no de momento no encuentra el espacio ni los socios fuera de Córdoba.
2023 no solo es bisagra. También es enigma histórico.
