Días atrás la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba informó que la jubilación media que paga es de 101.329 pesos. Claro que ese promedio esconde diferencias abismales: un jubilado del sector “municipios del interior” recibió un haber medio bruto de 74.151 pesos en febrero mientras que un magistrado o funcionario del Poder Judicial cobró en promedio un haber bruto de 516.254 pesos.
Pero hay situaciones mucho más extremas en la Caja provincial.
El récord absoluto es el de una persona que en febrero tuvo ingresos brutos de 1,7 millones de pesos mensuales, porque recibió una jubilación propia de aproximadamente 1.150.000 pesos en bruto y una pensión de 550 mil pesos, derivada de su cónyuge fallecido.
Ambos beneficios previsionales corresponden al agrupamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que en promedio multiplica por cinco a la media del resto de las jubilaciones.
Este caso marca el máximo beneficio que la Caja cordobesa abona a una misma persona.
Como durante la última reforma previsional de 2020 se impuso una carga denominada “aporte solidario” a todos los beneficiarios que tengan más de un ingreso y que perciban más de seis veces el haber mínimo, esta persona tiene un descuento del 20 por ciento sobre el monto de su haber menor, por lo que le descuentan unos 110 mil pesos. Es decir, que sus ingresos brutos mensuales quedan en casi 1,6 millones, según lo informado desde la Caja de Jubilaciones.
La enorme diferencia salarial entre los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el resto de los aportantes a la Caja es la que luego determina las diferencias entre los jubilados de ese sector y el resto.
El Ejecutivo provincial y el Tribunal Superior de Justicia atraviesan por estas horas la discusión pública más intensa que se recuerde en varios años por una medida dispuesta por Juan Schiaretti para morigerar de algún modo las subas automáticas que todos los judiciales reciben -dada la ley de equiparación que rige al sector- cada vez que la Corte Suprema de Justicia determina un aumento retroactivo.
Lo que estableció la Provincia en diciembre pasado es que los retroactivos que determine la Corte se pagarán a partir del ejercicio siguiente. En la práctica, se trata de un diferimiento que -dada la inflación- impacta negativamente en el bolsillo de los jueces y empleados judiciales, y también en el de los jubilados del sector.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, el viernes consideró que esa medida afecta la intangibilidad salarial y que “no se condice con la calidad institucional de la provincia de Córdoba”.
El régimen especial de los jueces y las autoridades del Poder Judicial de la Nación también está en la mira del Gobierno nacional: es justamente ese sector -junto al de los diplomáticos- el que figura como “sujeto a revisión” en el acuerdo entre el Ministerio de Economía y el FMI.
En Córdoba, ese agrupamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial es el único que no está afectado por el tope que rige para todo el resto de los jubilados, que no pueden cobrar más que el sueldo del gobernador. Los jubilados del Poder Judicial, además, son los únicos que no pagan impuesto a las Ganancias.
Sí continúa vigente -pese a las objeciones judiciales planteadas- el “aporte solidario” que deben pagar los jubilados provinciales con más de un ingreso y haberes mayores a los 156 mil pesos (seis veces la mínima). Buena parte de los jubilados del sector magistrados y funcionarios del Poder Judicial están afectados por esa medida que descuenta el 20 por ciento del menor ingreso.
En 2020 eran 6.500 los jubilados en esa situación. En la actualidad son más de 7.500.
