A 100 días del inicio de su gobierno, Javier Milei está a mitad de camino con el prometido sinceramiento de las tarifas energéticas –luz y gas–, un rebalanceo clave para disminuir el déficit que los subsidios generan en el gasto público.
La lentitud del proceso, para los objetivos que el mismo Milei se había planteado, muestra a las claras que volver a poner las tarifas en su valor real es mucho más que voluntarismo: talan fuerte el impacto social y las vallas jurídicas que se deben saltar para poder materializarlo.
En realidad, la Argentina lleva 20 años de tarifas subsidiadas. Néstor Kirchner alimentó la idea de que el gas y la luz debían tener un costo político y no el que emana de la necesidad de pagar su generación, transporte y distribución.
De hecho, vació de poder a su entonces vicepresidente Daniel Scioli cuando en 2003 anticipo que habría una actualización tarifaria. Kirchner le echó a todos sus colaboradores y lo aisló, disciplinamiento que duró por años. En 2005, los subsidios eran de “apenas” medio punto del PIB.
Desde allá hasta acá, los subsidios tarifarios se llevaron U$S 150.000 millones del presupuesto nacional, según cálculos de Alejandro Eintoss, investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Podría afirmarse que con esos dólares se diluyó el desarrollo del país.
Tras la malograda experiencia de Mauricio Macri, que chocó contra todo tipo de rechazos a su intento de sinceramiento tarifario desde la oposición hasta entidades de defensa de los consumidores, el gobierno de Alberto Fernández recién actuó con la ya famosa segmentación por capacidad económica sobre el final de su mandato. En términos de PIB, el “rojo” fue de 2,3 puntos en 2021, 2 puntos en 2022 y 1,5 en 2023.
Milei prometió motosierra a fin de bajarlos a 0,5 puntos del PIB y la sociedad convalidó con su voto el objetivo. Pero decirlo es una cosa, y hacerlo es otra.
Para el caso del servicio de gas natural las tarifas están congeladas desde mediados del año pasado. Los hogares argentinos pagan menos del 20% del costo real de abastecimiento de ese hidrocarburo. En las audiencias públicas realizadas hasta ahora (Milei no quiere repetir la frustrada experiencia macrista), las empresas pidieron subas mayores al 500%.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, consideró que directamente hay aquel criterio de la segmentación. “La tarifa tiene que reflejar el costo del suministro y no la capacidad adquisitiva del usuario”, señaló días atrás. El subsidio, debe ser “para sectores sociales vulnerables, con consumos razonables”, reafirmó. Todo el resto, a pagar lo que vale.
“El gobierno está sin dudas con graves problemas con la reestructuración tarifaria. Pero está decidido a hacerla. La compleja situación social torna muy costosa la decisión final porque es muy significativo lo que hay que subir”, indicó José María Rodríguez, investigador de temas energéticos en el Ieral-Fundación Mediterránea.
Ese incremento ya tiene porcentuales: en números redondos, un usuario de gas de altos ingresos (N1) pasaría de una boleta de $ 5.000 en enero a $ 24.000 por el mismo consumo en abril, con un aumento de 480%. Cifras parecidas deberían afrontar los usuarios de ingresos medios (N3). Los de bajos ingresos (N2) llegarían a abrir con un salto de casi 700%, aunque con facturas más bajas: de $ 2.200 a $ 17.000.
Algún ruido debe haber en la línea porque la Casa Rosada postergó la definición. El viernes pasado era la fecha prometida por Rodríguez Chirillo para difundir el nuevo esquema en el gas y de paso enviarle también una señal al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se había llevado esa promesa para febrero. Al organismo se le quieren pedir 15 mil millones de dólares, para salir del cepo cambiario.
Los tiempos se aceleran
Con esto, “el sinceramiento, por ahora es parcial por la parte del gas y lento en la energía eléctrica, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio evolucionó y eso impacta en el gas y en el precio del monómico de Cammesa”, explicó Alejandro Ferrario, experto en temas energéticos. Cammesa es la compañía que administra el sistema y podría ser reemplazada por otro esquema, indicó el secretario de Energía.
“Si no hay un equilibrio total y general pronto, la cuentas no le van a cerrar”, agregó el analista, quien comparte el criterio de Rodríguez Chirilo acerca de disponer de tarifas que soporten los activos, la infraestructura y la disponibilidad de los servicios para el usuario final.
Para Ferrario, “en Argentina siempre se habla del tarifazo, pero nadie habla de la contrapartida que es el planchazo, es decir, de la falta del ajuste que corresponde” para hacer viable el sistema.
Con el invierno a la vista y obras demoradas, la estatal Enarsa lanzó una licitación para comprar 10 barcos con GNL. Las curvas se cruzan sin remedio: mientras un usuario paga hoy U$S 0,7 por millón de BTU, el costo promedio de ese gas contando el fluido nacional es de U$S 4,10 y el que viene en barco, de siete a ocho dólares.
Asimilar el golpe
En el sinceramiento de la tarifa eléctrica, el Gobierno ha ido un poco más rápido, con consecuencias diferentes por regiones. En el Amba aparecen los mayores ajustes porcentuales, como consecuencia de que el retraso era mucho mayor que en provincias como Córdoba.
El golpe es, sin embargo, muy duro para la industria, el comercio, los servicios y los clientes residenciales de mayor poder adquisitivo según aquella segmentación de Fernández. El aumento facturado desde febrero que se paga en abril, implica ajustes de hasta el 110%. Un hotel del interior cordobés pasó de una boleta de $ 2,3 millones de pesos a directamente $ 4,6 millones. Son $ 150 mil diarios solamente en ese insumo.
Pero para las otras categorías de ingresos medios y bajos, hasta 400 kWh de consumo mensual, no hay ajustes. Ahí está la decisión más difícil porque representa el 60% del universo de usuarios. Rodríguez señaló que el Gobierno “está evaluando dejar esa segmentación, ir reduciéndola de manera tal que los subsidios solo se focalicen en la tarifa social”.
Es aquello que expuso Rodríguez Chirillo en cuanto a que el kilovatio o el metro cúbico de gas “es el mismo para todos los usuarios a nivel mayorista, se paga por el consumo y también por la disponibilidad del servicio”.
Así las cosas, ¿de 1 a 10 cuánto se avanzó en la actualización tarifaria en estos 100 días de Milei? “Estaríamos en 5 o 6, no más porque hay muchas cosas que redefinir”, evaluó Rodríguez.
