El ministro Sergio Massa aplicó una devaluación del tipo de cambio y en el acto hubo una ola de remarcaciones de precios en productos de consumo masivo. De inmediato, el candidato Sergio Massa prometió: “Seré el presidente argentino que derrote a la inflación”. Hay tanta distancia entre la realidad y el discurso que conviene indagar sobre ese abismo.
Massa salió a mostrar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional como un logro que convalida sus aspiraciones presidenciales. Esa exhibición de buenos vínculos con el FMI merece ser tamizada con datos reales.
Es evidente que el Fondo evitó castigar con máxima dureza al gobierno argentino por su condición de incumplidor serial. El trazo fino de este último acuerdo indica a las claras que el FMI no cedió a los reclamos de Massa, sino que tomó la decisión de no ahogarlo hasta después de las elecciones primarias.
A cambio de esa concesión, Massa tuvo que llevar primero como ofrenda una doble devaluación: selectiva para el tipo de cambio exportador y fiscal para las importaciones.
El mercado entendió todo. El valor del tipo de cambio paralelo se estacionó más cerca del “dólar Fitito” (el ingenio popular lo imagina –no muy tarde– a $ 600) que del dólar cercano a 300 con el cual Massa asumió hace un año. Una correlación directa con la inflación interanual de tres dígitos que consiguió el ministro al mando de la economía nacional.
Para ocultar la profunda licuación de ingresos que la devaluación y la remarcación implican, Massa ordenó postergar la difusión del índice de precios y las estimaciones de inflación hasta después de las Paso.
Así como en sus primeros días en la cartera de Economía Massa intentó instalar la idea de que llegaba un súper ministro que en pocos meses frenaría los precios con un plan de estabilización que Alberto Fernández se negaba a aplicar, ahora postula una condición supuesta de súper candidato que resumiría, en una sola persona, la unidad alquímica para la diáspora peronista y la solución técnica para la inflación.
A su lado, Cristina Kirchner descree de ambas cosas. Ya dijo en más de una ocasión que para ella cualquier acuerdo con el FMI es siempre inflacionario.
Massa no ignora sus limitaciones, pero sigue a sus asesores de campaña, que le explican que es ministro y candidato en una elección crucial, frente a una sociedad rota, lacerada, fatigada y ausente tras una década de fracasos económicos y una decadencia institucional sostenida.
En ese contexto, no importa tanto cuántas contradicciones tenga un candidato ni lo evidente de sus mentiras, sino la convicción con que sean dichas.
Devaluaciones
A la par del ritmo de devaluación constante de la moneda, también para la política la noción de valor se ha depreciado. Con total impunidad, si la sociedad reclama un cambio, Massa busca presentarse como un opositor a sí mismo.
La misma candidatura de Massa es una apuesta radical a la profundidad oscura de esa enajenación social. En cualquier otro lugar, al gestor económico de un colapso inflacionario de tres dígitos anuales ya lo hubieran deportado al país de los fracasos. En Argentina, ese lugar es aquí.
Como una prueba consistente de las contradicciones que Massa elude, apareció el caso de YPF, cuya estatización con gendarmes sigue generando cuantiosas pérdidas que deberán afrontar con sus recursos todos los ciudadanos argentinos.
Mientras Massa entregaba otra devaluación mendigando dólares ante el FMI, se conoció que al menos U$S 5.000 millones más se sumarán al enorme pasivo que generó la dupla Kirchner-Kicillof con la estatización de YPF. Para peor, la deuda por pagar, en un nuevo juicio perdido en Nueva York, no es esta vez con los españoles de Repsol, sino con los sucesores del Grupo Eskenazi, aquellos “expertos en mercados regulados” que el kirchnerismo trajo desde el Banco de Santa Cruz para “nacionalizar” el capital de la petrolera. Cuya privatización los miembros del clan Kirchner habían votado con las dos manos en el Congreso Nacional.
La apuesta estratégica de Massa a la confusión de la sociedad argentina se funda también en las carencias que muestran sus opositores. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich ingresó ahora en una guerra franca de declaraciones disonantes, con las que descendieron un peldaño. Ambos habían optado por debatir sobre el “cómo” del cambio que proponen frente al oficialismo.
Hasta hace unos días, esa discusión era sobre las condiciones políticas del cambio: con qué actores ajenos a su coalición podrían acordar medidas, en qué momento del proceso electoral o de la construcción posterior de gobernabilidad. De esa estación, Larreta y Bullrich se trasladaron a otra: el “cómo técnico” del cambio económico. Una discusión a nivel extremadamente puntual sobre lo que se debería hacer primero y lo que se debería programar para después.
Si bien es encomiable que los candidatos opositores busquen transparentar desde ahora los pasos por seguir desde el 10 de diciembre, ninguno de ellos puede afirmar con un grado absoluto de certeza qué economía recibirá el próximo gobierno. Sus propuestas sólo pueden ser hipotéticas. Pero, incluso conociendo esa fragilidad, los comandos de campaña se pelean como si fueran la coalición del detalle.
Bullrich habló genéricamente de un “blindaje”. La asociaron sus propios aliados con el fracaso de aquel experimento sinónimo durante la gestión de Fernando de la Rúa. Larreta intentó definir una idea de salida del cepo; le pegaron desde adentro con el recuerdo del gradualismo que no le funcionó a Mauricio Macri.
En esa dispersión, el debate de Juntos por el Cambio se enardece por lo que debería hacer el próximo gobierno el día 365, mientras Massa miente sobre el día de hoy.
Al fallecido De la Rúa todavía lo castigan por la reducción de sueldos que en su momento aplicó.
Del 13% promedio fue la remarcación de precios de la última semana.
