El siglo 21 parece que es el siglo de las grandes urbes. Más de la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas, mientras que muchos cálculos señalan que para el año 2050 esta proporción alcanzará casi al 70%.
Con este proceso de crecimiento y concentración, viene aparejado un sinnúmero de desafíos que las ciudades deben afrontar con celeridad y eficiencia. Uno de los grandes temas que deben abordar las ciudades es el del trasporte.
Cabe preguntarse: ¿desde qué lugar partimos para hablar del transporte? Es menester recordar el concepto del sociólogo Robert Park sobre el “derecho humano a la ciudad”.
Esta idea nos permite abordar la discusión sobre el transporte desde otro lugar, tomando en cuenta las características esenciales que deben atenderse: accesibilidad universal, inclusión, participación ciudadana para establecer sus parámetros, respeto por el ambiente, la salud y el confort de los usuarios, entre otros.
Con este prisma, no podemos sino concluir –como lo hará cualquier vecino de la ciudad de Córdoba si se le pregunta– que el sistema de transporte actual es un verdadero caos.
La falta de frecuencia de los colectivos (y las unidades viejas que a menudo se rompen y se incendian, con uno de los boletos más caros del país), las calles rotas, las obras mal diseñadas y peor ejecutadas, y la falta de ideas nuevas y creativas, son las características más salientes de este fracaso de la gestión pública de un peronismo cordobés que lleva ya seis años al frente de la ciudad. Fracaso que se recorta sobre un fondo crucial: la declaración de emergencia del sistema de transporte.
Este marco de situación, sumado a los conocidos problemas económicos del país, propició, como sabemos, la instalación y el incremento de un transporte alternativo basado en aplicaciones virtuales, que se hizo al margen de la regulación y la intervención del Estado.
Estas nuevas plataformas son ya una realidad diaria, no sólo en nuestra ciudad, sino en el mundo entero.
En Córdoba, según datos difundidos por la prensa, sólo Uber ya contaba, en abril de 2023, con 2.600 conductores en las calles, mientras existían a esa fecha 2.300 remises con chapa y 4.035 taxis habilitados.
La proyección indica que en los próximos años la balanza se equilibraría, si se consideran taxistas y remises juntos.
Estos desafíos no pueden ser ignorados por la política de la ciudad.
Por ello, hace pocos días presentamos como bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular y dar garantías jurídicas al servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas electrónicas (STPA), que contempla a las conocidas aplicaciones Uber, Cabify y Didi, y otras de similares características, tanto para el uso de autos como de motos, y que busca habilitar a taxis y a remises para que participen de ellas.
En la actualidad, la inexistencia de reglas claras y de atribución de responsabilidades ha generado una comprensible inquietud entre los trabajadores de los sectores ya regulados (taxis y remises), ante la posibilidad de que las nuevas alternativas de transporte produzcan una competencia desleal o, en su caso, desarrollen su actividad en su desmedro.
En consecuencia, y asumiendo con liderazgo la vocación de gobierno que no tiene la gestión de Daniel Passerini, queremos darle un marco regulatorio que garantice la equidad y la eficiencia del transporte alternativo, en un momento en el que crecen y se multiplican las ofertas y la competencia.
En efecto, tanto Llaryora como Passerini obstruyeron cualquier intento de discusión pública real acerca de esta problemática. Alejaron del Concejo Deliberante y de la ciudadanía debates que les son propios, con la finalidad de reconcentrar el poder en el intendente.
Con el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que obliga al municipio a regular las aplicaciones vinculadas al transporte alternativo, el peronismo salió desesperado a presentar una nueva iniciativa legislativa, pero no solucionará la problemática, porque de alguna manera su proyecto está equiparando al STPA respecto de taxis y remises, porque le impone al STPA un exceso de regulación.
Lo hace al querer regular la cantidad de licencias habilitadas; al obligar a plotear a los vehículos e imponer una tarifa mínima y una dinámica con tope.
En consecuencia, el proyecto oficialista va en contra de algunos principios fundamentales del STPA, como la tarifa anticipada, estructura contractual y el estar librado de cualquier ploteo, etcétera.
En cuanto a la discusión jurídica del tema, vale señalar que el transporte privado, como sistema privado y alternativo, no es ilegal, es decir, no está expresamente prohibido por la legislación de fondo; y por el contrario, como surge de la lectura del artículo 1.280 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, estipula los elementos del contrato de transporte.
Además, la Justicia Contencioso Administrativa de Córdoba, en un fallo de 2020, dijo claramente que la actividad que desarrollan estas aplicaciones constituye “un servicio privado, que se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación; la falta de regulación no puede equivaler a la prohibición del servicio, y la Municipalidad no puede descansar en su omisión regulatoria”.
- Concejal de la ciudad de Córdoba (UCR)
