Se ha explicado que la actual época “líquida” abre puertas a diversos fenómenos; entre ellos, a la crisis de las representaciones políticas.
Frente a esta circunstancia, los analistas otorgan mejores pronósticos de abordaje a los sistemas parlamentarios (monárquicos o republicanos), porque los jefes de Gobierno son agentes de la mayoría o de los consensos alcanzados en el parlamento entre minorías. Aunque estas, a veces, lleven su tiempo y desgaste y devengan en “transacciones” que transformen de manera sustancial la agenda del ganador.
En los presidencialismos, el ganador “toma todo” el Ejecutivo, en principio sin compartir con otras fuerzas. Si posee mayoría legislativa, la relación será más estable. Si se comparten minorías, a mayor cantidad de partidos se dificultarán el acuerdo y la agenda: un juego de suma cero.
La fragmentación también genera oportunidades inéditas donde antes existía un vallado infranqueable (los partidos mayoritarios). En ese punto, las coaliciones post 2001 (kirchnerismo y luego macrismo) reemplazaron al bipartidismo tradicional, pero tras su rápido desgaste, quedó un campo disponible, aprovechado por La Libertad Avanza.
Decisiones del gobierno libertario
En un esquema tan fraccionado, potenciado por el carácter multicéntrico del federalismo, tras alcanzar el objetivo presidencial en tres vueltas, Javier Milei tomó opciones:
Armó su núcleo duro inicial a partir de relaciones estrictamente personales. En un segundo círculo, mechó cuadros con experiencia de gestión, tras acuerdos con sectores del PRO o el peronismo cordobés.
Intensificó la presencia en redes, refractario de la tradicional “corrección política”, probablemente fidelizando su base de adherentes.
Sin mayorías legislativas (apenas 27 diputados propios sobre 252 y siete senadores sobre 72), sin gobernadores afines y con apenas tres intendencias de su sello sobre más de 1.700 municipios en el país, propuso un programa económico “hiperortodoxo” (según sus palabras), verticalista; controlando la protesta pública con protocolos de seguridad; revaluando en más de un 100% el dólar oficial; recortando asignaciones (publicidad oficial, programas sociales, contratos de trabajadores, transferencias a organismos descentralizados como las universidades públicas); restringiendo los giros a las provincias (exceptuando la coparticipación, porque constitucionalmente le está vedado); aumentando la presión impositiva; prorrogando el presupuesto 2023 (para diluir sueldos y pasivos por efecto de la inflación, con implicancias sociales y económicas); dejando de pagar compromisos (entre ellos, la millonaria deuda con las empresas de energía) o transformando deuda (el caso de los “pases” del Banco Central).
Sin planes propios, adoptó unos materiales prodesregulación elaborados por técnicos de Juntos por el Cambio, que con ayuda externa se transformaron en grandes paquetes normativos: el DNU 70/2023 y el proyecto conocido como “ley ómnibus”, que proponía derogar o modificar decenas de instrumentos legislativos de diferente calibre. Su primera versión fracasó en la prórroga de sesiones del Congreso dispuesta en el verano. Su segunda versión, acotada y negociada, hoy es debatida en el Senado, con pronóstico reservado.
En el orden internacional, se ha acercado a Washington e Israel, como hechos más visibles. Ha tomado distancia de los Brics y, en lo regional, mostró poco interés por sostener vínculos fluidos con los países sudamericanos. Su agenda global parece más guiada por empatías o antipatías personales (útiles para la construcción del personaje dentro y fuera del país) que por afianzar vínculos estratégicos.
Los anuncios (no siempre reflejados en rápidas decisiones) resumen una idea: extender la emergencia y facilitar el dictado de instrumentos de excepción o propiciar la delegación de facultades legislativas, y establecer un régimen desfederalizado, procurando la subsistencia con financiamiento externo –FMI u otros agentes–. Sin recurrir a vías fácticas, pero apelando al centralismo, limitación de las autonomías de otros poderes y provinciales, uso generalizado de los DNU, característicos de aquellas.
El accionar de su grupo de confianza se completa con un intento de “armado nacional” de su partido en torno de la figura de su hermana Karina, principal operadora, con presencia regular en las provincias para obtener la personería partidaria en todo nivel jurisdiccional.
Más allá de la ortodoxia
El influjo economicista-racionalista sobre el cual se fundó la versión libertaria de Milei ha ido mutando. Siendo menos conocido, primaba el histrionismo salpicado con teorías y números. Cuando pasó de mediático a político, se ajustaron. Pero aplicadas las dos versiones al mismo objetivo (antes, acceder al poder; ahora, ejercerlo), seguimos sin saber quién efectivamente gobierna.
A Milei no puede analizárselo en términos ortodoxos. Gobierna confiando en el 56% del balotaje. Capitalizando ese acervo, incide ante legisladores y gobernadores. Confía en que con los resultados económicos (en realidad, si baja la inflación) se afirmará.
El mandato transcurre y la política convencional demora respuestas coordinadas. Mientras, el sistema judicial analiza diferentes tramos del DNU. Más allá de la constitucionalidad de sus disposiciones, debería estudiarse si existió la necesidad –imprescindibilidad– como la urgencia –inmediatez– de modificar o derogar decenas de leyes eludiendo al Congreso. ¿Puede el mecanismo utilizarse de modo tan abierto?
En cuanto al segundo intento de “ley ómnibus”, prima la tesis de los conocedores del sistema (quizá representados por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y otros), que en la primera versión del proyecto chocaron contra la intransigencia oficialista y la imprudencia de algunos actores (diputados o sus jefes) apurados por arrimar, a la concesión de ventajas adicionales (manejo de fondos fiduciarios, financiamiento de cajas previsionales, coparticipación de impuesto Pais, etcétera), un lucimiento propio en la vidriera nacional.
En este camino de desenlace del proyecto, que tendrá notable impacto en un sinnúmero de aspectos de la economía y la sociedad, palpita el inminente pero aún difuso “pacto de mayo”.
Podrá tratarse de una reunión exprés, de un hito histórico o de un razonable punto intermedio que señale rumbos probables. En cualquier caso, es una oportunidad para retomar el camino del consenso más allá del cortoplacismo. Encontrarle el punto a la frazada, corta para Milei y también para los gobernadores. Todos necesitan abrigarse –y abrigarnos– en una circunstancia compleja para la Argentina.
A veces desesperamos, pero como decía mi inolvidable maestro Francisco Delich, “construir instituciones lleva décadas, y vivimos en un mundo de impacientes”.
* Docente universitario
