Sería torpe e irresponsable negar la enorme dificultad que tienen los países para combatir delitos complejos como narcotráfico, venta ilegal de armas o trata de personas.
Un informe de BBC News Mundo indica que las cifras fabulosas que mueven esas actividades son estimativas, por la naturaleza ilícita de lo que se intenta medir.
Agrega que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de U$S 2 billones (dos millones de millones). Y precisa que esta cifra equivale a un 3,6% de todo lo que produce y consume el planeta en un año o, en clave latinoamericana, de cuatro a 10 veces el PIB de algunos de sus países (datos de 2016).
Sería entonces injusto pretender que esa actividad fuera totalmente controlable en Argentina. No obstante, ello no impide que señalemos las erráticas gestiones (involuntarias o de las otras) que al respecto se han aplicado durante décadas en nuestro país.
Sólo a título de ejemplo, podríamos decir que en Argentina no existen sistemas carcelarios especiales para los autores de delitos complejos, establecimientos que debieran estar situados a miles de kilómetros de los centros más urbanizados, sin conectividad ni visitas de familiares, y sólo con comunicaciones de telefonía fija controladas por operadores del servicio penitenciario.
Un niño desaparecido
Pero vamos al caso Loan Peña. En lo particular, hablo de impericia, negligencia o, lo que es peor aún, de complicidad. Nadie puede desconocer que apenas desaparecen un niño o una niña de esa edad, las alertas se deben activar entre las dos y cinco horas de conocido el hecho, de acuerdo con las circunstancias en que se produjo.
Cualquier funcionario de seguridad o judicial, aun de un pueblo pequeño, debe tener conocimiento de los protocolos adecuados por seguir de manera inmediata.
Aquí la alerta Sofía se activó 23 horas después de sucedido el hecho (difícil entender tanta impericia, salvo que haya sido a propósito), y lo mismo ocurrió con la alerta Amber.
Recién 11 días después, la Justicia provincial se declaró incompetente, un detalle no menor que aumenta nuestras dudas.
La desaparición de un niño, una niña o un/una adolescente cae de inmediato en el supuesto del delito de trata de persona. Es un delito complejo y, por lo tanto, de manera inmediata de ocurrido el hecho, son las autoridades federales las que deben actuar.
La urgencia en la toma de decisiones en este sentido es vital e indispensable. A las dos horas, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval debían estar en alerta y actuando. Registrando todos los vehículos que circulaban por rutas nacionales, provinciales y caminos secundarios o terciarios, incluidos los pasos fronterizos que se conocen dónde están, pero que nadie controla.
En las aduanas, la requisa debió haber sido exhaustiva e inmediata. Hoy la tecnología nos permite la inmediatez. ¡Y eso no se hizo! Recién el 17 de junio Interpol lanzó la alerta amarilla. El tiempo que se perdió es imperdonable, reprochable por donde se lo analice y hasta sospechoso.
Me atrevo a opinar que al haber cinco niños que estaban junto a Loan en el mismo momento en que este desapareció, el resultado de la cámara Gesell, si se hubiera realizado de manera inmediata y con pericia, profesionalismo e independencia política y judicial, el resultado hubiera sido otro.
Todo indica que una prueba de esta naturaleza se debe realizar con el acondicionamiento y las herramientas recomendadas para estos casos, y a cargo de especialistas de experiencia y gran profesionalismo. Y si no los hubiera en el lugar, pueden llegar en menos de dos horas de vuelo. Es obvio que no se los convocó.
Más dudas que certezas: ¿quién hizo la primera cámara Gesell? ¿Qué arrojó esa primera prueba? ¿Por qué la jueza federal de Goya solicitó después de 42 días una nueva cámara Gesell? Según los expertos, las declaraciones de los menores después de casi mes y medio de sucedido los hechos pueden estar desvirtuadas por el impacto que seguramente produjo en ellos la exposición mediática y los comentarios intrafamiliares al respecto.
¿Por qué el Gobierno nacional demoró tanto tiempo en actuar? ¿Por qué las fuerzas federales no tomaron las acciones y las investigaciones a las pocas horas de la desaparición? El hecho no sólo tuvo alto impacto en todos los medios nacionales, también hubo reportes en CNN, BBC News Mundo, El País de España, Telemundo y en muchos portales de los países vecinos.
¿Hubo pedidos de informes o interpelaciones respecto de la demora de las autoridades nacionales en ocuparse de inmediato del tema? Sabemos que el número de menores que desparecen en el mundo es desolador, tremendo. Tan desolador como la impericia para abordar este problema en Corrientes. En Argentina, las denuncias de niños y niñas desaparecidos por año oscilan entre 1.500 y 1.700, según datos de Missing Children Argentina y el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME).
Ocurre que el caso Loan es muy particular por las circunstancias en que ocurrió: la poca urbanización del lugar y la nula conectividad de rutas cercanas. Y lo más llamativo, a pesar de ser un hecho positivo y altamente esperanzador, fue la presencia de cinco niños al momento de la desaparición.
Los niños no mienten, no inventan. La cámara Gesell hecha de manera oportuna y profesional hubiera arrojado los resultados que la Justicia parece no encontrar o que, por impericia o complicidad, no puede hacer.
* Exdiputada nacional
