El gobernador Juan Schiaretti se asomó esta semana a ese territorio extremadamente incómodo para los peronistas cordobeses que es Buenos Aires.
El titular del Panal comenzó el tránsito hacia un impredecible juego que lo tiene, a pesar de estar cursando el tercer mandato al comando de la segunda provincia más importante del país, como un recién llegado a la liga nacional. Es curioso, pero el argentino promedio conoce más a Luis Juez que a Schiaretti.
El cordobesismo da, pero también quita.
Schiaretti está probando. En boca de sus interlocutores, “lo va a intentar hasta donde llegue”. El desafío puede prosperar o ser un completo fracaso.
Según cómo termine el dilema electoral “Paso sí, Paso no” –el gobernador ya explicitó que brega por la segunda opción–, el cordobés tendrá más o menos chances de avanzar en el intento. Schiaretti habla con algunos dirigentes, pero sabe que si no suma rápido aliados, sus posibilidades –ya acotadas por el efecto grieta– se achican todavía más.
Esa dispersión opositora que seguramente generaría la derogación de las primarias obligatorias sigue siendo el atajo más efectivo para atraer masa crítica por fuera de los extremos.
En su reciente incursión por Capital Federal, el gobernador apeló, otra vez, al “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”, la definición fetiche con la que eligió presentarse ante aquellos para quienes es aún una completa incógnita.
Esa síntesis conceptual, además de repetitiva, asoma insustancial frente a los enormes problemas por resolver que tendrá el sucesor de Alberto Fernández.
“¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus ideas para el futuro? ¿Qué reformas aceptaría? ¿Qué alianzas quiere hacer? ¿Qué visión tiene de la historia peronista?”, inquiere –sin personalizar en Schiaretti– el lúcido historiador italiano Loris Zanatta. Lo plasmó en una entrevista con La Voz en la que pone en cuestión cómo una fuerza que se pretende diferente del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no expone con mayor claridad sus visiones sobre lo que se debe hacer.
Acaso lo más concreto de lo dicho por Schiaretti en Capital Federal fue una confirmación: el espacio que lidera será cualquier cosa menos socio del kirchnerismo. El planteo, coherente con su andar de años, es relevante por lo que significa para el PJ de Córdoba. Y en especial para Martín Llaryora.
A diferencia de Schiaretti, el intendente cordobés cree que en el Frente de Todos hay figuras “recuperables”. Y piensa en ellas como pilares para fortalecer la estructura peronista en el interior, donde, a priori, su andar no tiene la firmeza que sí muestra en la Capital.
Las duras descalificaciones que Schiaretti lanzó sobre los K –los acusó de feudales, de secuestrar al peronismo y de no tener apego al desarrollo productivo— cayeron pésimo en las principales tribus en las que se fragmenta el peronismo “no racional” cordobés.
¿Será este el alumbramiento inducido de una lista frentetodista que hasta ahora estaba en duda? El albertista Martín Gill y dirigentes como Carlos Caserio y Gabriela Estévez tienen tarea para hacer en casa.
La paz nunca es completa
Llaryora atraviesa días movidos para la gestión. Cerró con el gremio municipal, el Suoem, una paritaria en la que las dos partes se consideran ganadoras. El intendente otorgó una cláusula “gatillo” que difiere tres meses la inflación a cambio de despejar el camino de conflictos salariales para cuando deba hacer campaña en 2023.
Para los liderados por Rubén Daniele, asegurarse estar a tiro de la suba de precios es un trato “justo” para el contexto actual y la musculatura del gremio.
La negociación, siempre compleja y marcada por la virulencia y el destrato que sufren los contribuyentes que financian el municipio, se enmarca en un proceso que se inició apenas asumió Llaryora y que debe verse en perspectiva.
En el Palacio 6 de Julio, resaltan que aquella primera tajada de la masa salarial quitada al gremio en el largo conflicto de 2020 se mantiene casi intacta.
Llaryora habla de puja “política”. Y apunta sus críticas contra los delegados “juecistas” y “radicales” que, según su mirada, son mayoría y prefieren el caos para afectar sus chances en la carrera para la Gobernación.
El frente que aún sigue abierto es el del transporte. En las próximas horas aparecería una parte de los fondos nacionales que no le faltan al Amba y que el interior, por primera vez, reclama con mayor astucia política, como se vio esta semana en una foto novedosa y auspiciosa en el Congreso, que mostró a opositores y oficialistas tirando la cuerda para el mismo lado.
La solución para la coyuntura no sería completa, pero ayudaría para desactivar el paro que UTA tiene lanzado de martes a jueves próximos. Córdoba necesita unos 1.500 millones de pesos para cubrir las necesidades del sistema en lo que resta de este año.
Es un monto similar al que calculan en el municipio que se ahorrará por el impacto que tiene el diferimiento de la suba de los municipales. “No vamos a pelear 40 días con el gremio para terminar tirando esa plata en el agujero del transporte”, sintetizaron cerca del intendente.
Nubarrones en la oposición
Con Llaryora blanqueado por Schiaretti y ahora sí lanzado abiertamente hacia 2023, en la oposición comenzaron a pasar cosas. El ruido interno subió de repente de volumen.
Decidido a disputarle la candidatura provincial a Juez –a lo Schiaretti, “hasta donde alcance”–, Rodrigo de Loredo activó un esquema de presión que irá en aumento en los próximos días.
El objetivo primario es la conformación legal de Juntos por el Cambio y la inclusión por escrito de que una interna abierta debe ser el mecanismo para resolver las candidaturas en caso de que no haya acuerdo.
Sectores de la UCR, el PRO –que se activó fuerte en esa línea y acató las órdenes que impartió Mauricio Macri– y la Coalición Cívica de Elisa Carrió le achacan a Juez dilatar esa definición, para que la falta de tiempo convierta la opción de una interna en abstracta y de imposible realización.
De Loredo destila racionalidad al hablar del intríngulis que tiene en vilo a opositores y oficialistas. Plantea que si Juez es el mejor posicionado, no habrá razones para hacer una interna. Pero completa –y aquí se tensa el asunto– que lo “lógico” es que haya competencia si ambos llegan empardados.
Por eso presionará, con “fecha límite” para la primera semana de noviembre, para que la cláusula democrática quede incluida en el acuerdo de las partes. La interna, se realice o no, terminará siendo una herramienta de negociación.
