Sumidos en una inestabilidad económica profunda, determinadas profesiones asumen una responsabilidad mayúscula en las tareas de preservación social. Es el caso de la abogacía.
Más allá de estereotipos negativos, mayormente fundados en prejuicios sin correspondencia, la vida de los profesionales de la abogacía es intensa, exigente y requiere un total compromiso con la actividad profesional y la formación continua.
Últimamente, la abogacía debió enfrentarse a cambios radicales en la actividad: digitalización de los procedimientos, conversión de una gran cantidad de juicios en orales, modificación integral del Código Civil y Comercial y, hace poco, un DNU y un proyecto de ley que vulneran nuestras incumbencias profesionales pretendiendo alterar las reglas de juego vigentes en nuestro sistema, por lo cual tenemos la obligación de defendernos ante estos embates y estudiar con dedicación las reformas que se realizan, adquiriendo nuevas competencias para las transformaciones.
Esta dedicación, que marca la realidad de los profesionales, debe compensarse con una retribución acorde, que justifique el esfuerzo asumido y constituya un incentivo para la elevación de la calidad de la asistencia profesional.
Al igual que ocurre con otras profesiones de gran impacto social, la abogacía debe acceder a honorarios ajustados a su dignidad profesional, porque tiene en sus manos una tarea compleja: la defensa de los derechos de los ciudadanos. Los honorarios, además de importar el medio de subsistencia para los abogados –y sus familias–, deben suponer una retribución equitativa de una tarea que contempla la responsabilidad profesional comprometida en la defensa de los derechos de los clientes.
Falta de actualización
Sin embargo, existen circunstancias que atentan contra la posibilidad de fijar una retribución digna y equitativa de nuestra labor.
Una de ellas tiene que ver con la falta de actualización de honorarios tarifados o mínimos, que permanecen estables durante largos períodos, aun en contextos de elevada inflación.
Además, cuando finalmente estos honorarios se ajustan, el incremento se coloca por debajo del incremento inflacionario, lo que consolida la pérdida patrimonial.
Esto demandaría la adopción de mecanismos indexatorios en aquellos casos en que la ley lo permite, y la modificación de reglas de determinación de honorarios que conllevan su congelamiento por lapsos prolongados.
Otro problema recurrente es la “perforación” frecuente de los honorarios mínimos, cuando los tribunales consideran que, a pesar de que la ley arancelaria fija ciertas pautas legales para fijar los honorarios, es “adecuado” establecer una suma inferior a la legal. Ello apunta a pagar menos a los abogados de lo que la ley ordena, y nunca más de lo que ella manda.
Contradicen, además, dos normas expresas de la ley arancelaria que obstan a esta práctica, que suelen soslayarse sin mayor argumentación por algunos tribunales.
Esto significa que un abogado que asume una causa en la expectativa legítima de una ganancia fijada por la ley se encuentra, al concluir el proceso, con que se decide que esa suma legal es excesiva y se le paga una suma inferior, sin importar el tiempo y esfuerzo que llevó.
En definitiva, en muchos casos se regulan honorarios inferiores al mínimo legal; y en otros, la costumbre consiste en regular honorarios que oscilan entre el mínimo y el punto medio, por lo que subyace un preconcepto de los magistrados, en el sentido de que la tarea de los letrados merece una retribución de intermedia a baja, pero jamás superior a la media.
Calidad del servicio
Resulta difícil acceder a un servicio de calidad cuando la retribución es exigua. Si abogados y abogadas tienen remuneraciones reducidas, deben asumir una cantidad mayor de causas para subsistir, sacrificando la dedicación que podrían darle a cada caso en particular. Poseen, además, menores incentivos para actuar en casos reducidos o de menor cuantía, lo que deja una cantidad importante de causas sin atención profesional.
Por último, no pueden prepararse de modo adecuado para los casos a su cargo, pues deben concentrarse en hacer lo imposible por subsistir con dignidad.
La realidad económica es acuciante para todos y no muestra evidencias de mejoría a corto plazo. En este contexto, ante una cultura jurídica que desvaloriza la tarea de los letrados y propicia retribuciones lesivas de su dignidad profesional, resulta necesaria una actitud activa y coordinada de los profesionales y las entidades que los representan, a fin de lograr ser escuchados, poder exponer sus argumentos y gozar de una tutela efectiva de sus derechos patrimoniales.
El respeto de la dignidad profesional y de los intereses de los clientes demanda la adopción de soluciones legales y jurisprudenciales coherentes, que aseguren la actualización permanente de los aranceles y desestimen toda solución que implique regular honorarios por debajo del mínimo legal.
* Abogado
