La democracia está sujeta a reglas que someten la contienda política a procedimientos. Esos procedimientos garantizan la finalidad más excelsa: la expresión de la ciudadanía para elegir a sus autoridades y autogobernarse políticamente.
Ver: El fraude de las candidaturas testimoniales
Entre las pautas más relevantes, sobresalen las reglas del proceso electoral. Ellas buscan asegurar un “juego limpio” entre contendientes, quienes se someten a la decisión de la ciudadanía, que elige a alguno para gobernar.
Por eso, las reglas electorales son una pieza fundamental de la ingeniería democrática. El modo en que ellas interactúan entre sí, y con otros elementos del sistema político, tiene una importancia sistémica muy relevante. Las piezas de este engranaje son esenciales para analizar cuán comprometido está un sistema con algunos principios normativos. En especial, si aseguran de manera clara, predecible y equitativa una democracia incluyente, como dicen Marcelo Escolar y Ernesto Calvo.
Sacar ventajas
La Reforma Constitucional de 1994 consagró un conjunto de “derechos políticos”. En lo que aquí interesa, el artículo 37 de la Constitución Nacional “…garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia...”. Establece, por esta vía, el derecho a elegir –sufragio activo– y a ser elegido –sufragio pasivo–.
De esto se derivan varias consecuencias normativas de importancia: son derechos fundamentales que tienen valor intrínseco e instrumental.
En lo que hace a lo primero, tutelan la autonomía política de los sujetos. El ordenamiento jurídico debe proteger sus expresiones y decisiones políticas; ya sea que se refieran a cómo debe conformarse nuestra comunidad –sufragio activo– o a la participación activa en la vida política, ofreciéndose como potencial representante de sus conciudadanos –sufragio pasivo–.
Estos derechos también tienen un carácter instrumental: están vinculados de manera directa con el fortalecimiento del autogobierno colectivo.
El juego democrático, entonces, está sometido a reglas constitutivas que determinan, entre otras cosas, cómo debe participarse y quién puede hacerlo. Su manipulación oportunista es una buena vara para medir el compromiso institucional de quienes están en el poder.
El problema es conocido: quienes tienen la posibilidad, por sí solos o acompañados por socios políticos más o menos visibles modifican las “reglas de juego”. ¿Para qué? Para estar en mejores condiciones ante una elección; para sacar ventaja.
Modificaciones de último momento
Según Chequeado.com, hasta noviembre de 2022, San Juan, Salta y San Luis modificaron sus leyes electorales. Aun cuando cada una de estas modificaciones tienen sus propios problemas, sólo me interesa resaltar un punto: son modificaciones sorpresivas sobre comicios en ciernes.
El caso de la ciudad de Córdoba es paradigmático en este sentido. El oficialismo provincial venía jugando a las escondidas con la convocatoria a elecciones. Finalmente, fijó fecha para el 25 de junio. Esto tuvo un impacto directo en el ámbito municipal. Un grupo de concejales, cercano al intendente, presentó un proyecto para modificar el Código Electoral Municipal. En un trámite exprés, el proyecto fue aprobado.
Hasta ahora, un candidato podía disputar un cargo provincial y otro municipal de forma simultánea. La modificación, que parecería tener nombre y apellido, cercena esta posibilidad. Este tipo de maniobras tiene problemas políticos, jurídicos, y sistémicos o institucionales.
Los primeros son ostensibles: demuestran la vocación de manipulación y la voluntad de jugar con desprecio por las reglas. En pocas palabras, se busca hacer trampa para perjudicar al contrario.
Los jurídicos no son menos manifiestos. En el caso de la oficialización de la candidatura del actual intendente, la Cámara Contencioso Administrativo sostuvo la relevancia del “principio de participación”. En esa oportunidad, insistió en que no podía perderse de vista que existían dos derechos en juego: el del candidato a participar de la contienda y el del electorado a elegir. Para el Tribunal, siempre hay que estar a la posibilidad de que el candidato pueda participar.
La misma posición defendió el Tribunal Superior de Justicia en aquel caso. Para eso, invocó el “principio de participación en igualdad de condiciones imperante en materia electoral”.
Además, esta modificación sorpresiva de las reglas electorales vulnera la expectativa legítima que podría haber tenido un eventual candidato a participar de ambos comicios: municipal y provincial. Más aún si las elecciones provinciales ya fueron convocadas.
También tiene importantes problemas institucionales o sistémicos. En Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que “las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”. Los autócratas, más o menos sigilosos, suelen recurrir a tres estrategias: apresar a los árbitros, marginar a actores clave y reescribir las reglas de juego.
Juez y parte en causa propia
En nuestra ciudad, parece evidente que la reescritura de las reglas de juego se hace para marginar a actores clave. Así, además, parece vulnerarse el “principio de buena fe institucional” al que se refirió la Corte Suprema cuando el oficialismo nacional partió el bloque de senadores para ocupar un sitial más en el Consejo de la Magistratura.
En Córdoba, pivotea la sesión que modifica el Código Electoral nada más ni nada menos que el candidato ungido por el actual intendente. Parece que uno y otro eligieran sus propios contendientes: parecen que son juez y parte en causa propia.
En cualquier caso, si las exigencias para participar en una contienda electoral resultan irrazonables o no respetan los principios que informan el sistema democrático, debemos encontrar una vía de escape. Esta, por supuesto, no puede ser otra que el ejercicio del control de constitucionalidad por jueces independientes.
Pero, y quizá más importante, deberíamos tener en cuenta estas cuestiones al ejercer uno de los derechos que están afectados con esta manipulación institucional: el voto. Derecho que deberíamos ejercer con más responsabilidad que con la que algunos ejercen su autoridad.
* Abogado (UNC), docente de Derecho Constitucional (UNC y Universidad Siglo 21)
