El gobernador Martín Llaryora ha enviado su proyecto de presupuesto sin el más mínimo atisbo de ajuste o de corrección de las distorsiones que vienen acarreando nuestras cuentas públicas. La era Milei no ha impactado aún en la gestión de la Provincia.
El gasto público lo seguimos pagando los empresarios y comerciantes cordobeses, a través del ultrajante Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa el 82% de todos los ingresos tributarios de origen provincial, en comparación con el Inmobiliario, que sólo es el 6,4%, o el Automotor, con un 3,3%. Con “sellos” –que también entorpece la actividad comercial–, la actividad económica pagará el 90% de “la fiesta”.
Córdoba sigue aplastando así la única actividad que puede generar trabajo genuino. Para callar al sector, nos entregan una Agencia ProCórdoba con 26 personas y una de Competitividad con 13 (que no es igual a la de “Conectividad”, que tiene 11 empleados).
El resto de las agencias son –en realidad– dependencias públicas disfrazadas de entes mixtos, para evitar el control del Tribunal de Cuentas. ¿Gran picardía o dolosa maniobra?
Las “vacas sagradas” están intactas: Lotería mantiene sus 1.100 empleados. Epec, igual, con todos los mismos privilegios y sin dar señales de apertura a la competencia o a la privatización. Lo mismo el Banco de Córdoba.
Caminos de las Sierras tiene un presupuesto asignado de $ 266 mil millones. Una enorme transferencia a una sociedad anónima sin mayor control. Si van a hacer obras desde allí, ¿por qué no licitarlas desde Obras Públicas, para hacerlo en forma transparente?
Una novedad es cómo crece el presupuesto de la Universidad Provincial. ¿Habrá intenciones de manipular fondos desde allí? Son $ 83 mil millones para financiar cuatro facultades y un total de 15 mil alumnos.
¿Para qué tenemos esta universidad si ya existe la nacional y es “libre y gratuita”? Mucha atención a esta unidad, que tiene (entre otras curiosidades) un programa de “género” con títulos oficiales obligados a decir licenciado, licenciada y “licenciade”.
El agujero negro sigue siendo la Caja de Jubilaciones. Todos los cordobeses –no importa si aportamos a la Caja de Abogados, de Ingenieros ¡o a ninguna!– pagaremos $ 36 mil millones mensuales para sostener el déficit de una entidad que tiene jubilaciones muy por arriba de la media nacional, en más del 50%.
Dato alarmante: no hay más presupuesto para Seguridad, Salud y Educación. Y la plata que va a Desarrollo Social sigue teniendo la indolencia de que más de la mitad es para pagar sueldos y burocracia. Apross sigue intacta.
¿Pará qué seguimos financiando la Agencia Córdoba Joven, la Defensoría del Pueblo o la de los “derechos de niños, niñas y adolescentes”?
Ha llegado la hora de que los cordobeses reaccionemos. ¡Se trata de nuestros impuestos! Exijamos que el mismo proceso que se está produciendo a nivel nacional se aplique también aquí: menos impuestos, más “motosierra”, menos ministerios, agencias y cargos para “la casta”, menos propaganda y un gobierno que gestione con la consigna “no hay plata”.
* Presidente de Civilitas; dirigente del PRO Córdoba
