Quienes vivimos en una república democrática, con un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, estamos obligados a sufragar.
Pero antes de hacerlo, debemos analizar por qué y para qué emitir ese voto o ser, eventualmente, candidato.
Diagnóstico social
Antes que nada, quienes votan y también los candidatos, como los médicos, tienen que estudiar y diagnosticar la salud de nuestra sociedad política, la que al parecer está descentrada y fragmentada, tanto territorial como funcionalmente, porque en ella hay heridas o grietas que dividen:
A quienes están abajo y quienes están arriba de la línea de la pobreza.
A quienes viven en las calles y quienes tienen viviendas.
A delincuentes que causan inseguridad y quienes quieren vivir en paz.
A quienes tienen acceso a servicios médicos y a medicamentos, y quienes no.
A quienes trabajan de manera informal y quienes están formalizados.
A quienes cobran de la previsión social y quienes no.
A quienes se educan y aprenden a enfrentar la vida, y quienes no.
A quienes viven en tierras desfavorables y quienes lo hacen en zonas residenciales.
Todo esto es contrario a democratización de las oportunidades, de la igualdad ante la ley y de poder vivir con dignidad.
Diagnóstico gubernamental
Una rápida mirada a nuestro gobierno republicano y democrático nos indica que este no funciona como ordena la Constitución Nacional (CN), por estas razones:
El Congreso casi no sesiona de manera ordinaria y sus comisiones dictaminan poco; hace dos años que no se sanciona el Presupuesto general de la Nación.
El jefe de Gabinete no asiste mensualmente a informar a las cámaras; no se cubren las vacantes de los tres diputados y tres senadores que integran la Auditoría General de la Nación.
Los bloques políticos se multiplican y dividen, lo que hace que la principal institución de la República no se ocupa de legislar y, con ello, de fijar las políticas públicas que el país reclama.
En el Poder Ejecutivo hay conflictos entre el Presidente y su vicepresidenta, la supuesta “traidora”, a pesar de lo cual el primer mandatario le delega el mando cada vez que viaja al exterior, lo que ocurre con frecuencia.
Las obras públicas están suspendidas.
La Defensoría del Pueblo está vacante desde 2009 y muchas decisiones políticas las deciden el “triángulo de hierro”, conformado por el presidente Javier Milei, su hermana Karina –secretaria General de la Presidencia y “jefa” de La Libertad Avanza (LLA)– y el ciudadano e influencer informal Santiago Caputo, quienes entre otros cometidos se ocupan de armar LLA en todo el país, acordar frentes electorales, designar sus autoridades y proponer candidatos.
El Poder Judicial es encabezado por una Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por sólo tres jueces y tiene dos vacantes, a la que se suma la del titular del Ministerio Público Fiscal y las del 30% de los magistrados de toda la Justicia federal.
Está pendiente desde 1994 el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la denominada “Justicia Nacional”, que equivale a la de las provincias y que financiamos todos los argentinos, con lo que se incumple con el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Diagnóstico de la política
El populismo llegó a nuestro país con la elección del presidente Milei, un outsider sin partido, que construyó su liderazgo en los medios de comunicación con un discurso agresivo y con una motosierra en la mano.
Los partidos políticos están debilitados, divididos, sin vida ni elecciones internas. Las Paso, ideadas para mejorarlas, fracasaron. El manejo de sus recursos financieros es poco transparente.
Abunda el “borocotismo”, como se les atribuye a políticos que cambian de partidos o de ideología. Se insiste en las “candidaturas testimoniales” cuando se incluye en las listas de candidatos a personajes que no asumirán el cargo si son elegidos.
Otros lucran con una “carrera política” remunerada, al ejercer distintos cargos públicos, muchas veces cambiando de partidos, de bloques, de ministerios, etcétera. Los empleados “ñoquis” son otra realidad deleznable de la mala política.
Las reelecciones en cargos ejecutivos son otra práctica escandalosa, como lo es el caso del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien ejerce ese cargo desde hace 35 años.
La corrupción y el narcotráfico han ingresado, también, en la vida política.
Receta
Con este diagnóstico, las respuestas son complejas, pero no imposibles si se las asume como políticas arquitectónicas y sin la oculta intención en sacar algún provecho personal o sectorial.
Para ello, los candidatos deben elaborar respuestas adecuadas a fin de solucionar los graves problemas que padecemos, y que luego sirvan para dialogar, debatir y alcanzar acuerdos políticos que permitan concretar soluciones que nos acerquen al anhelado “bienestar general”, como indica el preámbulo de nuestra CN.
Si eso se logra, será fácil saber votar; si no, habrá que optar por el mal menor.
Es profesor emérito de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, y fue diputado de la Nación
