El reciente caso de Samuel, un joven cordobés muerto tras una intervención policial, volvió a exponer un patrón que ya no puede ser considerado excepcional.
Su nombre se suma a una lista dolorosa en la provincia: Blas, Jonatan, Facundo, Fernando, Pablo, Nahuel, entre muchos otros. Cambian las historias, pero no el fenómeno: violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad.
En cada episodio, la reacción institucional parece seguir un libreto conocido: rotular el caso y anunciar una capacitación.
Esta respuesta refleja no sólo una falta de sensibilidad ante la magnitud social del problema, sino también la incapacidad de sostener políticas públicas de seguridad que comprendan la complejidad del fenómeno criminal y de la relación entre Estado, ciudadanía y fuerzas del orden.
Tradicionalmente, la violencia institucional se aborda desde el aspecto normativo y jurídico. Se insiste en la prevención y en la necesidad de capacitar a la policía en derechos humanos, relegando la voz de las víctimas.
Sin embargo, reducir el análisis a figuras penales implica dos riesgos: hablar únicamente de desaparición forzada u homicidio calificado, una caracterización incompleta del fenómeno, e incapacidad para intervenir sobre sus causas estructurales.
Mientras las agencias estatales involucradas en el orden —Ministerio Público Fiscal, de Justicia o de Seguridad y fuerzas policiales o penitenciarias— se limitan a investigar cada caso de forma aislada o a impartir capacitaciones esporádicas, el fenómeno criminal que subyace permanece intacto.
Frente a estos casos, es importante saber que la Criminología ofrece la lente necesaria para ver el fenómeno criminal subyacente, aportando dos grandes virtudes: base teórica y evidencia empírica.
Actualmente, la criminología educativa, el tratamiento victimológico y las encuestas de victimización están dejando una huella. Estas herramientas observan un fenómeno criminal que los expedientes judiciales por sí solos no vislumbran.
En distintos municipios del país, es frecuente encontrar autoridades locales que dan por sentado que en su zona “no hay casos de violencia policial”, simplemente porque no existen denuncias formales.
Sin embargo, relevamientos independientes han demostrado múltiples veces que las irregularidades policiales se registran por vías paralelas, como los tribunales de Conducta o los organismos de control interno.
Los datos muestran patrones: muchos ciudadanos no denuncian ante la misma institución a la que consideran responsable del abuso, lo que incrementa la cifra negra y distorsiona la percepción del problema.
En esos contextos, los equipos criminológicos suelen enfrentar desconfianza cuando presentan información que no se basa únicamente en registros policiales, pese a que esos datos son esenciales para comprender y dimensionar la violencia institucional.
Al aplicar el análisis político-criminal a estos casos, notamos patrones claros. Todos los nombres mencionados pertenecen a jóvenes de entre 15 y 35 años de la provincia de Córdoba que murieron bajo la no aplicación de protocolos por agentes de fuerzas de seguridad, con evidencia de que la Policía falseó documentos o escenas del crimen. Todos fallecieron o desaparecieron en democracia.
Mientras algunos familiares encontraron respuestas, la mayoría aún espera justicia. Este análisis también revela un patrón de comportamiento social crucial: la preponderancia de las madres en la búsqueda de sus hijos, exigiendo su aparición con vida y, en los casos más desgarradores, luchando por la justicia y la memoria activa.
Hacia políticas públicas integrales
Este enfoque subraya la necesidad de políticas públicas integrales, que van desde la inteligencia barrial y los mapas de violencia institucional elaborados por referentes sociales hasta prácticas educativas para las fuerzas de seguridad y la creación de fiscalías especializadas. Un mundo de herramientas y posibilidades, que en general no son utilizadas.
Con esta caracterización, resulta evidente que en nuestra sociedad hay un gran caudal de conocimiento jurídico, pero un conocimiento criminológico escaso, y nulo conocimiento del análisis político-criminal.
La formación como eje central
Si algo queda claro es que la formación no puede reducirse a una capacitación aislada ni limitarse a las fuerzas de seguridad. Se requiere formación criminológica y político-criminal para quienes diseñan políticas públicas, para quienes las ejecutan y para quienes deben controlarlas.
Sólo así será posible pasar de respuestas reactivas a estrategias integrales que cuiden tanto la seguridad ciudadana como los derechos fundamentales.
En esta línea, distintas instituciones académicas aportan espacios de estudio y análisis especializados; entre ellas, Universidad Siglo 21 cuenta con la Especialización en Políticas Públicas de Seguridad y Criminológicas, una propuesta que busca fortalecer el desarrollo profesional en este campo y acompañar la construcción de políticas basadas en evidencia.
Director de la Especialización en Políticas Públicas de Seguridad y Criminológicas de Universidad Siglo 21
