Asistimos en las últimas semanas al debate en torno de qué hacer con los subsidios y los planes sociales en Argentina, que se fueron incrementando con el correr de los años hasta alcanzar a casi 1,3 millones de personas (contando sólo el Plan Potenciar Trabajo).
Las políticas públicas transitorias, destinadas a paliar los efectos de las crisis económicas, no deberían transformarse en políticas permanentes. Que eso ocurra es un indicador de los límites de la economía para generar producción y empleo de calidad, que son la única manera de proveer un horizonte de progreso para las familias que viven con los ingresos mínimos brindados por estos planes.
A su vez, cuando las medidas transitorias se hacen permanentes, las distorsiones en el mercado de trabajo se profundizan, enraizándose en la conducta y en la cultura del trabajo.
El sector privado debe ser protagonista
Resulta llamativo que las propuestas para cambiar planes por empleo que se están debatiendo no tengan al sector privado como protagonista. Las alternativas que se barajan van desde sumar a las personas beneficiarias a los municipios y a los gobiernos provinciales hasta la creación de un salario básico universal.
Hoy nadie discute la necesidad de cambiar planes por empleo, pero el primer consenso fundamental debería orientarse al tipo de trabajo que se busca promover. En ese sentido, el sector privado es el gran empleador de la economía, y la migración debería orientarse a incorporar a las personas beneficiarias de planes sociales a la actividad privada.
No obstante, esta no es una tarea sencilla, debido a los problemas estructurales que enfrenta la economía, que desde hace una década no logra generar empleo privado de manera sostenida.
Para abordar el problema del empleo, es necesario considerar múltiples factores. Sin dudas, el crecimiento económico sostenido es indispensable para insertar en el mundo del trabajo a los millones de personas que se encuentran fuera del mismo.
Cargas impositivas
Otra dimensión esencial corresponde a las elevadas cargas tributarias y el marco normativo que afrontan las empresas a la hora de sumar un trabajador.
Un tercer aspecto es la llamada economía en negro, circuito por donde se mueve buena parte de la economía y que tiene consecuencia directa sobre la formalidad laboral.
En cuarto lugar, la estructura de subsidios y de planes que se fueron acumulando con el correr de los años generó distorsiones en el mercado laboral, que se van profundizando a medida que se consolidan en el sistema económico nacional.
Para realizar una propuesta viable, es necesario combinar las condiciones macro de crecimiento con un análisis profundo de las diferentes realidades a nivel micro. En esa línea, es preciso segmentar a la población de beneficiarios de programas. No es posible aplicar una misma política de promoción laboral a una persona de 50 años que a una de 25.
También hay que considerar su lugar de residencia, sus capacidades, su nivel de escolaridad y la composición del grupo familiar, entre otros factores. Aquí, la perspectiva de género es clave, ya que más del 60 por ciento de las beneficiarias son mujeres, muchas de ellas con hijos a cargo.
Proyecto Puentes
La propuesta del Proyecto Puentes consta de siete políticas públicas que están diseñadas para aplicarse de manera conjunta y buscan generar los incentivos y un marco normativo adecuado para convertir los planes sociales en empleo genuino. Para ello, es necesario crear un programa nacional de entrenamiento laboral en el sector privado, de 12 meses de duración, que sea el puente al empleo formal.
Se establece una intervención gradual de cuatro etapas, con cohortes divididas por edades y lanzadas cada cuatro meses. La incorporación será de carácter obligatorio y tendrán un período de tres meses para encontrar un empleador privado. Transcurrido ese tiempo, la persona beneficiaria dejará de percibir la asignación estímulo hasta encontrar empresa.
A su vez, se crea una unidad especializada en intermediación laboral, en brindar capacitaciones obligatorias en habilidades sociolaborales y oficios, y en generar espacios de cuidado para los hijos y las hijas de las personas beneficiarias del programa, para que puedan insertarse en el mundo del trabajo, tomando modelos exitosos.
Política sin costo fiscal
Para que las empresas contraten a las personas beneficiarias del programa de entrenamiento laboral, se propone eximir de cargas patronales por cinco años. Esta política no tiene costo fiscal, porque se ahorraría el costo de pagar la asignación correspondiente al plan social. Y, finalmente, las empresas contratistas y prestadoras de servicios del Estado nacional deberán abrir sus puertas, receptando un porcentaje determinado de personas para realizar las prácticas del programa de empleo.
Por supuesto que la implementación de estas propuestas requiere de un seguimiento minucioso que permita, en caso de ser necesario, generar medidas y acciones complementarias para lograr el éxito del proyecto. Esta capacidad de calibración al poner en marcha el proceso es indispensable, porque generar políticas públicas que permitan desandar el camino asistencial que desde el Estado nacional se viene transitando no es tarea fácil.
Para lograrlo, se necesita del compromiso y el trabajo de todos los actores que forman parte del proceso productivo: empresas, sindicatos, universidades, cámaras empresariales, organizaciones sociales, trabajadores y miembros de la sociedad civil.
De esa manera, trabajando en conjunto sector público y privado, se puede reconstruir la cultura del trabajo que sirva de base para el desarrollo productivo del país.
* Economistas, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal
