En mayo se realizó el último censo nacional, bajo la consigna “Muy pronto vamos a reconocernos”. Y, como es sabido, las personas con discapacidad quedaron fuera de la lista de reconocimiento. Para subsanar tamaño olvido, el Indec aseguró que iba a realizar “La encuesta nacional de discapacidad”, que todavía brilla por su ausencia, a pesar de las distintas voces que se alzaron en protesta.
En diferentes órdenes, los olvidados a nivel nacional también son los olvidados a nivel provincial. En octubre, el Ministerio de Educación de Córdoba dio comienzo a las preinscripciones para el ciclo lectivo 2023 en el sector estatal, destinadas a nivel inicial, primer grado de primaria y primer año de secundaria. Las preinscripciones se realizaban a través del sitio provincial de Ciudadano Digital (Cidi), mediante un formulario de postulantes (FUP), pero este año no contempló la carga del certificado único de discapacidad (CUD), importante para que las escuelas tengan conocimiento del estudiante con discapacidad que va a ingresar y que además no debe ir a sorteo, circunstancia que incumpliría con la ley.
Este olvido trae como consecuencia el peregrinar de familias por las escuelas o reparticiones buscando reservar el banco para su hijo, banco que debería estar asegurado. Claramente, al Ministerio de Educación se les pasaron por alto las personas con discapacidad, con los que se relegan una vez más sus derechos.
Sumando olvidos…
En Salud, el panorama se agrava con la obra social de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) entidad autárquica que brinda cobertura a los agentes en actividad y pasividad a tres jurisdicciones del Estado (provincial, municipal y comunal), lo que comprende a un enorme volumen de afiliados “obligatorios” y a los que se les hace el descuento en el mismo momento que cobran sus haberes.
Esta organización, en referencia a la cobertura de las personas con discapacidad, tiene su propio nomenclador que no se rige por los valores arancelarios del sistema único de reintegro (SUR) como lo hacen otras obras sociales.
Así, por ejemplo, las prestaciones básicas de apoyo, como fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía y otras, tienen un valor SUR estipulado para septiembre de 2.325 pesos por sesión, mientras que Apross apenas abona $ 1.174, es decir 50% menos que lo establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y con el perjuicio de demoras permanentes en sus pagos (a la fecha, se abonaron en septiembre las prestaciones realizadas en julio).
Situación precaria
Ante los insistentes reclamos de las familias, y con el temor de que se suspenda el tratamiento a sus hijos por falta de pago, aranceles bajos y depreciados por la inflación, la mutual de los cordobeses, lejos de solucionar los inconvenientes, se limita a señalar la obligatoriedad que tiene el prestador de continuar brindando la prestación, y manifiesta la no competencia del beneficiario para realizar ningún tipo de reclamo administrativo a menos que se le haya suspendido el tratamiento, lo que crea un circuito nefasto donde las familias quedan atrapadas.
Cautivos de su obra social que asume un comportamiento monopólico agresivo, Apross pone a las personas con discapacidad en una situación precaria y sin respuesta eficiente ni efectiva.
Respetar los derechos de los más vulnerables no es sólo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común. Así lo entiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al establecer el 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que representa una oportunidad para reflexionar y promover las acciones necesarias para garantizar los derechos y el bienestar de ellas. En consonancia, la premisa en la agenda de Gobierno debiera ser “no dejar a nadie atrás”, para hacer de Córdoba un lugar más accesible y equitativo.
* Especialista en Accesibilidad
