El Censo de 2022 dejó más dudas que certezas. Algo relativamente previsible cuando se advertía la obstinada posición tomada al no permitir la inclusión de preguntas técnicamente correctas para saber cuántos habitantes, en la República Argentina, tienen discapacidad.
Hay constancia de organizaciones y profesionales que instaron con insistencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a incluir con claridad lo relativo a las personas en situación de discapacidad. No ocurrió.
Si se siguen los informes que emiten con periodicidad el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), surge de modo indubitable que es certero lo que han venido mostrando e, inclusive, pronosticando.
Para estas instituciones, el porcentual de personas con discapacidad a nivel mundial alcanzaba en 2010 al 15% de la población. Y es preocupante porque, se agrega, está “en alza”. Finca esta aseveración en lo que se denomina como el envejecimiento de la población. Ello implica un incremento en el número de personas con discapacidad, por algunas situaciones que se asocian con la mayor edad.
En ese contexto, y como consecuencia de los índices de pobreza e indigencia que aumentan mes a mes, identificar cuántas personas con discapacidad pueden ser incluidas en esos sectores postergados nos brindará datos preocupantes.
Si partimos de un dato concreto –conforme al Indec– que indica que la población argentina alcanza a algo más de 46 millones de habitantes y tomamos la validez de los datos de organismos internacionales que señalan un 15% de población con discapacidad, el resultado lleva como número probable que hay en el país unas 6,9 millones de personas en esa condición.
Se puede reprochar que son datos que refieren a estadísticas mundiales, pero estos organismos explican claramente el modo de obtener el porcentual, lo que despeja cualquier reproche. El censo 2022 se constriñe a las personas con certificado único de discapacidad e indica como cifra cierta un millón y medio de habitantes, dato parcial que de modo discriminatorio oculta en un cono de sombra a muchísimas personas con discapacidad.
La diferencia es abismal y, aun siendo restrictivos, las organizaciones sociales de Argentina indican que la cantidad de personas con discapacidad en el país alcanza a cuatro millones.
Esta cifra es menor a la que resulta de aplicar los porcentuales que dan la OMS y el Banco Mundial. Pero este dato de las organizaciones será la base para hacer un cálculo que nos permita alcanzar con algún grado de certeza la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran dentro de los grupos económicamente vulnerables, según los últimos datos de pobreza e indigencia que difunde el Indec.
Una sencilla operación matemática nos dice que con una base de cuatro millones y si tomamos el 39% de pobres, al menos 1,56 millones de personas con discapacidad estarían comprendidas en esa situación de vulnerabilidad.
Si se realiza la misma operación en relación con personas indigentes (el 8% de la población), equivale a 320 mil personas en situación de discapacidad dentro de ese grupo vulnerable.
Súmese a lo anterior la imposibilidad palpable de acceder a vivienda, alimentación, prestaciones de salud, educación, trabajo digno, y un etcétera vergonzoso.
Esta información, dolorosa, debe interpelar con firmeza a los responsables políticos para que se realicen el prometido censo nacional y así conocer el número de personas con discapacidad y, hasta que ello suceda, adopten las medidas para visibilizarlas y garantizar los derechos de los que son titulares.
* Ciudadana
