Los planos de la disociación entre los discursos ciudadanos y los del poder son cada vez más marcados, más allá de que estemos en tiempos electorales.
Hay una agenda oficial que ofrece a diario marcados contrastes con las preocupaciones urgentes de la población y que se instaura en todos los planos. Esa separación se suele agravar en estas etapas previas a las votaciones y llega al extremo de tener tanto a oficialistas como a opositores sin lograr hacer foco en determinadas realidades.
Pero, como decíamos, no es sólo una cuestión proselitista. Tiene que ver con el funcionamiento de los distintos poderes del Estado y su respuesta a las necesidades de la gente.
Por caso, Córdoba vive por estas horas –con profundo dramatismo– un ejemplo claro de esa situación. Otro femicidio sacude a la capital provincial: el de la joven Milagros Bottone, acribillada por su padre en barrio Alta Córdoba cuando intentaba proteger a su mamá, expareja de aquel. Las derivaciones del caso plantean cuestiones que interpelan a la sociedad y al poder.
Está más que claro que no se podrá frenar y erradicar la violencia machista sólo con el accionar de los organismos estatales y que no se logrará hacerlo de inmediato con la simple aplicación de normas. Pero hay dudas que emanan del femicidio de Milagros que nos obligan a reflexionar sobre cómo se están llevando adelante determinadas políticas públicas.
La familia de Milagros dijo que habían denunciado al asesino Ricardo Bottone –quien se suicidó tras cometer el crimen– en al menos ocho ocasiones. Pero la Fiscalía General de la Provincia se apresuró a aclarar que sólo había tres presentaciones, lo que planteó una discusión cuantitativa que parece no tener en cuenta la dimensión de este flagelo.
Es más, la fiscal adjunta Betina Croppi sostuvo que de la primera presentación no surgía la figura de un delito.
La jueza de Niñez, Adolescencia y Violencia de Género, Mariana Wallace, también se aferró a ese número de tres denuncias previas y hasta llegó a decir que “se tomaron todos los recaudos”.
Puede que haya habido una imprecisión de la familia sacudida por la inexplicable tragedia. Pero no es descabellado pensar que existen problemas de registro de las denuncias. Que la sistematización de cada presentación sea tan deficiente que nadie en el Poder Judicial logre identificar que está relacionada con una misma persona o hechos similares. Lo vemos en múltiples casos de hechos delictivos de distinta índole.
Tampoco parecen contabilizarse otras presentaciones efectuadas por los vecinos respecto de la conducta violenta y de las amenazas proferidas por Bottone.
Poca prevención
La hermana de Milagros, Florencia, fue muy dura contra el funcionamiento del Polo de la Mujer, adonde tanto ella como su mamá habrían concurrido en varias ocasiones, sin que hubiera un correlato judicial de esas exposiciones.
No es la primera vez que se formulan críticas sobre el funcionamiento del Polo y del Ministerio de la Mujer, donde el nuevo femicidio no alteró las formas y los tiempos de la campaña electoral en la que participan sus responsables.
Lo cierto es que las advertencias no eran menores. A Bottone le incautaron armas en un procedimiento, mientras la familia denunciaba que violaba la restricción perimetral. Pero ninguno de esos elementos pareció ameritar para fiscales y jueces intervinientes un motivo para privarlo de la libertad o para establecer medidas de control de sus movimientos, como una tobillera, más allá de la provisión de un botón antipánico a su expareja.
Es más, con semejantes antecedentes de denuncias de violencia familiar, amenazas y portación ilegal de armas, seguía siendo titular de licencias de taxis.
Florencia viene diciendo que el femicidio de su hermana se pudo haber evitado. Los funcionarios judiciales sostienen que no.
Es una disociación tan pero tan profunda que lo que se discute es lo único irreparable: la muerte.
