Cada 25 de abril, el mundo recuerda el compromiso asumido por la comunidad internacional para erradicar el maltrato infantil, una de las formas más crueles y persistentes de violencia.
Esta fecha, establecida por la Unesco, no es un simple recordatorio sino una exhortación a enfrentar una realidad que muchas veces se encuentra invisibilizada o toma el interés de los medios cuando un hecho aberrante sucede. No tenemos que llegar a ese punto.
Para capacitar a funcionarios en derechos de los niños, no era necesario que Lucio pasara por el calvario. Para empezar a discutir una legislación conforme a estándares internacionales en materia de compraventa de niños, no debería haber desaparecido Loan.
Hay transformaciones imperantes; negarlas u obstaculizarlas sólo abona a continuar expandiendo el contexto de violación de derechos de los más indefensos.
No hace falta ver una serie como Adolescencia para darnos cuenta de la distancia del mundo de los adultos con el mundo de los chicos, y las amenazas que acechan.
Diferencias alarmantes
Argentina ha ratificado tratados internacionales que nos obligan a tomar medidas concretas en materia de abordaje de violencias contra niños/as y adolescentes, pero la diferencia entre los compromisos y las acciones es muy alarmante.
El maltrato infantil no distingue clases sociales ni territorios; sin embargo, con siete millones de chicos bajo contexto de pobreza en nuestro país las condiciones de precariedad de derechos se potencian.
No nos vamos a cansar de decirlo: según The Economist, la Argentina es el peor país de la región en abordaje de violencia sexual infantil.
Si a eso sumamos patrones culturales, estructuras familiares frágiles y sistemas de protección debilitados o desfinanciados, nos encontramos ante el más desalentador de los escenarios.
El Comité de los Derechos del Niño ha sido contundente en sus observaciones hacia nuestro país en septiembre del año pasado. Ha señalado situaciones preocupantes en torno de la violencia y el acceso a la Justicia y ha recomendado reformas urgentes.
Sin embargo, cuando quisimos aprobar la implementación de protocolos de detección temprana y abordaje de violencia sexual en instituciones públicas o privadas, se argumentó que no había plata. ¿Para qué queremos déficit cero si estamos condenando por desidia al futuro?
No es un delito más
La violencia es multidimensional. Necesitamos, de mínima, sancionar penalmente el maltrato infantil de manera específica. No es un delito más; implica una acción, sostenida en el tiempo, de ejercicio de violencia asimétrica.
También es violencia la imposibilidad de acceso a la Justicia cuando alguien que fue víctima de abuso sexual de niño/a decide denunciar y le responden con que no se puede hacer nada debido a la prescripción de la causa. Debemos sancionar con mayores penas los homicidios que tengan a niños/as como víctimas, como se da en el caso de la violencia de género.
Tenemos una ley de víctimas que no contempla herramientas para dar un trato diferenciado que se adapte al paradigma de la Convención de los Derechos del Niño (con rango constitucional).
Las amenazas son cada vez más grandes. Los depredadores sexuales que, escondidos tras el celular, están al acecho de nuestros hijos para obtener material que vulnere su intimidad, hoy no quedan alcanzados por la ley de grooming. Seis de cada 10 niños/as chatean con personas desconocidas por internet.
La ausencia de políticas públicas de prevención, la revictimización y la escasez de recursos humanos y presupuestarios destinados a la protección integral de la infancia también implican violación de derechos por omisión.
Necesitamos nuevas leyes y cumplir las que ya existen. Sin el acompañamiento del Gobierno nacional y la articulación con las provincias, esto es imposible. El problema no es nuevo y se vio agravado por el aislamiento durante la pandemia. Unesco advirtió el aumento exponencial de casos, la mayoría dentro del ámbito familiar, y el Poder Ejecutivo hizo caso omiso en su momento. Este gobierno también ignora la gravedad de la situación.
En este contexto, el Congreso de la Nación tiene un papel central que no debe eludir. Hay una agenda clara. Necesitamos del acompañamiento y el interés de todos los sectores de la política, los medios, la sociedad civil, padres y madres, clubes, instituciones religiosas y personalidades públicas para saldar esta deuda del Estado argentino con sus niños/as y adolescentes. Y a diferencia del FMI, aquí la infancia no puede esperar.
La lucha contra la violencia infantil es la base misma sobre la cual se construye el futuro de un país. El 25 de abril no puede ser sólo una efeméride: es un llamado a la acción.
- Diputada nacional por Córdoba (UCR)
