De nada le servirá al presidente Milei continuar con su gira internacional con la que presume de acumular prestigio externo si el Gobierno a su cargo continúa destratando la eficiencia de la gestión pública.
Si como libertario quiere detonar el Estado –de una vez y para siempre, para que reine una anarquía, sin gobernantes, ni funcionarios– lo conseguirá al costo de hundirse atado al palo mayor de ese naufragio. Si como presidente aspira a sacar el país del abismo adonde la gestión anterior lo dejó enterrado, urge que deje de entretenerse disertando sobre novelas de caballería y se dedique a normalizar una administración que viene disfuncionando desde su inicio.
La caída del “pacto de mayo”, ese momento bisagra que imaginó Milei para expandir expectativas tras el fracaso legislativo de la “ley ómnibus”, fue el triunfo de una estrategia opositora. El kirchnerismo supo desde el primer momento que el maximalismo normativo que desplegó Milei con la ley ómnibus y el DNU 70 tenía como contrapartida el minimalismo parlamentario del elenco gobernante. Supo que lo que debía hacer era obstruir dilatando, en silencio o declamando en tono de circunstancia alguna tenue vocación colaborativa, pero trabando cada inciso para que el Gobierno transcurra su primer semestre sin ninguna ley aprobada.
Milei entró en esa emboscada con la candidez de quienes sobreestiman sus fuerzas; optó por fustigar a los opositores dialoguistas; intentó disfrazar sus derrotas en el Congreso como éxito y “principio de revelación” de la casta maldita. El fracaso del “pacto de Mayo”, en los términos en que fue concebido, está comenzando a erogar sus consecuencias. Opera como principio de revelación, pero de una debilidad que el Gobierno no quiere asumir.
La estrategia del kirchnerismo y sus aliados (el más nítido: la UCR de Martín Lousteau) no estuvo restringida al ámbito parlamentario. Se nutrió de la súbita hiperactividad gremial de gremios que hibernaron durante los últimos cuatro años, se subió a la demanda de los universitarios que denunciaron la defunción inminente de toda la educación pública y respaldó a los piqueteros que contraatacaron las investigaciones judiciales por el circuito de exacciones que montaron en torno del gerenciamiento de la asistencia social.
También en estos casos obtuvo de la gestión Milei la colaboración inestimable de un equipo de funcionarios entre inconsciente y engreído con su desconocimiento de la administración estatal. Ocurrió con la avanzada de los universitarios, ante la cual tuvo que ceder después lo que podría haber concedido antes, para evitar el conflicto. Sucedió nuevamente esta semana con la denuncia concertada entre el Episcopado y el referente vaticano Juan Grabois sobre el almacenamiento de alimentos perecederos destinados a mitigar la pobreza.
El Gobierno negó primero que existiera el problema, luego admitió que la denuncia no era del todo falsa y finalmente terminó enmarañado en trifulcas internas con acusaciones de opacidad y corrupción. Los gerentes de la pobreza investigados en la Justicia celebraron que el gobierno que los denuncia termine promoviendo acusaciones parecidas en contra de sus propios funcionarios.
Un caso similar de gestión disfuncional del sector público es el que se registró con el suministro de gas licuado. A los integrantes de la gestión libertaria les venían anticipando que se podía conformar una tormenta perfecta: el retraso de las inversiones para el transporte de gas, el giro demorado para el ingreso de gas por importación, el frío anticipado de un invierno que los funcionarios terminaron eligiendo como la excusa imperfecta. Tanto en el caso de los alimentos retenidos como en el del gas demorado, Cristina Kirchner salió a ponerle la firma a la oportunidad. Metiendo el dedo en la llaga: el Presidente no está.
Pacto
La expresidenta es una dirigente devaluada por la condena judicial y, sobre todo, por el desastre que legó con su último gobierno, pero no por eso debe ser subestimada en su capacidad para percibir la oportunidad y el momento político. Está saliendo a pegar no sólo porque necesita preservar una porción de liderazgo en el PJ, sino porque percibe que hay puntos flojos de la gestión que pueden mellar a Milei. Cristina sabe que si Milei continúa con los índices de aprobación que tiene actualmente y lograr validarlos en la elección del año que viene, su tiempo político habrá terminado definitivamente.
Ese cálculo explica por qué hace silencio con la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Cristina tiene en su bolsillo los votos que Milei necesita en el Senado. No los va a poner para que el Presidente obtenga su primera ley en los términos que hubiese querido; es más posible que los ponga para que Milei consiga el nombramiento de Lijo y desde ese momento quede embarrado en un pacto oscuro: con sus peores adversarios, para designar al peor candidato, persiguiendo el peor de los objetivos institucionales posibles, que es el intento de manejar la Corte con una mayoría adicta.
El despido de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete despertó un volcán de versiones en la Casa Rosada, entre ellas las recurrentes en todo gobierno sobre la administración opaca de los servicios de inteligencia. Pero sobre todo detonó un método de gestión, sin que esté claro si será reemplazado por otro distinto y más eficiente.
Posse fue un jefe de ministros cuya condición para serlo fue no involucrarse en la explicación de las políticas públicas. Una ilusión irrealizable en la dinámica democrática. Pero una ilusión hasta cierto punto compartida por el propio presidente que pretende distanciarse al máximo de la gestión para lanzarse al esclarecimiento ideológico de la aldea global. El reemplazo de Posse por Guillermo Francos es la imposición de un principio de realidad sobre aquella ilusión tecnocrática de un gabinete ministerial gerenciado en ausencia.
El problema es que Francos tampoco podrá gestionar al ogro filantrópico que los libertarios quieren destruir si el jefe del Estado no aterriza en el país para ocuparse de los menos gratificantes aspectos de la política doméstica.
