Martín Llaryora cumplirá este miércoles su primer mes al comando del Ejecutivo provincial. Sus pasos iniciales están atravesados por un paisaje general tenebroso desde el punto de vista económico y social. El gobernador marca el punto de inflexión 10 días antes de la asunción del presidente Javier Milei: “Todo se derrumbó de repente y a una velocidad increíble”.
Llaryora entrecruza dos variables elocuentes de impacto directo y profundo en la línea de flotación de cualquier gestión: caída estrepitosa de ingresos y disparada veloz de todos los costos, incluida la deuda. No es más ni menos de lo que pasa en cada hogar del país.
Córdoba y el resto de las provincias vieron menguado en un 50% el goteo nacional vía coparticipación. Esa contracción financiera, a la que hay que sumarle el fuerte freno de la recaudación propia por la caída de la actividad económica, seguirá por varios meses. No hay nada en el horizonte cercano. En paralelo y por efecto de la misma devaluación que genera inflación con recesión y aprisiona la manguera de los ingresos, el peso de la deuda cordobesa dolarizada se duplicó con el salto devaluatorio que ejecutó el líder libertario apenas pisó la Casa Rosada. Esa es la panorámica que tiene Llaryora cada mañana cuando se asoma a los ventanales de su despacho en el Panal.
Frente a esa realidad compleja, Llaryora está apelando a las mismas herramientas que utilizó en crisis anteriores y que, hasta ahora, lo muestran saliendo airoso y ratificado luego por la voluntad popular. Le sucedió en San Francisco y en Córdoba capital. Ahora, el desafío es de otra escala y magnitud. Igual, Llaryora va. No tiene opciones, si quiere sobrevivir políticamente a la crisis.
Tras un arranque rápido donde primó activar su primera promesa de campaña vinculada a los cambios en el área de seguridad para intentar mitigar la creciente delincuencia, el gobernador se internó esta semana en una debate incómodo, aunque necesario, que abarca al grueso del plantel de los empleados estatales de la Provincia.
En medio de una disputa salarial que en los próximos días tendrá nuevos capítulos y que viene caldeada tras el desenganche forzoso de la indexación inflacionaria directa y la suba de aportes personales que ejecutó el gobierno a contramano de los intereses de los gremios, Llaryora movió una ficha fuerte que sacudió la estructura del ecosistema estatal.
Por primera vez, desde la cúpula del poder se expone abiertamente ante la sociedad que una parte del personal médico –no todo, por supuesto– saca provecho del Estado prestando servicios muy por debajo –en algunos casos– de la media en puestos similares en el sector privado. Llaryora expuso cifras alarmantes de niveles de inasistencias de parte del personal de salud (del 12% al 56%, cuando la media en clínicas va entre el 4% y el 8%). Y le sumó –siempre según esos datos propios– falta de productividad a los agentes estatales en comparación con centros de salud privados.
Llaryora lo dice sin inmutarse y con determinación: “Los médicos no son vacas sagradas. Los que se abusan del sistema, que se vayan. Se acabó”.
En esa descripción que plantea el gobernador hay un aspecto clave que resalta en las conversaciones que ha tenido sobre el tema en las últimas horas. “Desde hace un tiempo, los equipos de salud tienen sueldos iguales o mejores que en el sector privado. Que quede claro: no nos están dando una mano a los cordobeses. Y, además, cuando se jubilan en la Provincia cobran haberes que duplican a las otras jubilaciones. El que no quiere trabajar en estas condiciones, que se vaya. Hay un montón de muy buenos médicos que tiene que trabajar el doble por las faltas de otros”, se enardece Llaryora en privado, y llama a los gremios a contrastar en una mesa de diálogo los datos con los que argumenta su decisión de revisión.
En la Provincia dicen no desconocer que hay falencias en el sistema sanitario. Y aseguran que atenderán esos reclamos, pero marcan como prioridad modificar esta inercia que a juzgar por la mirada del gobernador se sintetiza en una palabra: ineficiencia.
En el oficialismo hacen equilibrio para no escupir para arriba. La herencia de esta realidad que ahora expone Llaryora es toda del PJ. “Hicimos mucha obra pública, pero hay áreas de la gestión clave que necesitan ajustes”, reconoce un schiarettista. Esos baches de la administración son muy sensibles: salud, educación y seguridad. La escasa diferencia por la que Llaryora se impuso a Luis Juez en junio pasado explica, en parte, el cuadro de situación.
Llaryora sostiene que la Provincia necesita mejorar la productividad sanitaria cuanto antes porque será el sistema público el que deberá dar contención a los cordobeses que dejen las prepagas y las obras sociales impedidos de pagar cuotas que ahora, con la desregulación de Milei, se actualizan copiando la fuerte inflación.
El gobernador se muestra indignado por esa realidad que no desconocía y que quedó expuesta con crudeza en una larga reunión de más de tres horas que mantuvo a finales del año pasado con todos los directores de los hospitales públicos de la provincia. En el encuentro, los administradores de esos centros de salud marcaron que nada podrá implementarse de las reformas que plantea Llaryora para el área si antes no se comienza con mejorar los índices de eficiencia y productividad, ambos afectados por el ausentismo.
El gremio de los estatales (SEP) y los representantes sindicales de la sanidad niegan con contundencia los guarismo informados por la Provincia, denuncian faltante de insumos, piden por más contratos para el verano y prometen resistir con protestas y medidas de fuerza. Están indignados con la actitud del gobernador. Y lo acusan de estar produciendo un ajuste. Llaryora retruca en privado. Dice que la motivación de sus acciones nada tienen con ver con ajustar: “No voy a tocar ni un cargo. Esto no es un ajuste. Lo que quiero es que los puestos que contratamos cumplan en línea con lo que pagamos”.
Docentes, en carpeta
Lejos de levantar el pie del acelerador, Llaryora considera que el momento de sacudir la alfombra estatal es este, atravesado por un marco general de crisis y un aroma nacional de revisión general de lo establecido que promueve –habrá que ver con qué efectividad– el presidente Milei.
En ese contexto de oportunidad, Llaryora planea otra movida que generará seguramente un nuevo foco de conflicto: antes de que comience el nuevo ciclo lectivo, también habrá novedades para los docentes provinciales.
“No puede ser que en las escuelas dicten clases los suplentes de los suplentes de los suplentes”, se queja el gobernador también por el nivel de la inasistencias. En su entorno no descartan que haya modificaciones vía decretos o mediante leyes en la Unicameral que otorguen herramientas para un mejor control del trabajo estatal y que abarque también al equipo médico y a los docentes.
Marzo, con la vuelta de la actividad plena, el agravamiento de la crisis y la reincorporación de los planteles docentes, está apuntado con fibrón rojo. El inicio de clases no está garantizado, recordaron esta semana desde la UEPC, sin aún conocer los nuevos planes que tiene en mente el gobernador.
Lo que Llaryora no podrá decir es que estos niveles de ineficiencia que ahora hace públicos comenzaron el pasado 10 de diciembre. Son la consecuencia de políticas ejecutadas por José Manuel de la Sota y por Juan Schiaretti, los padres de esta gestión en la que está debutando el exintendente capitalino.
Contra esa contradicción también deberá batallar el peronista en las próximas semanas que serán tan o más intensas que las transcurridas en este primer mes al frente de la conducción del Panal.
