La certeza es fundamental para cualquier contratación. Saber que lo que se compra es lo que aparenta ser y que quien lo vende tiene derecho a hacerlo es la base de toda transacción. Esto protege de posibles estafas tanto al comprador como al dueño. Esta búsqueda de certeza se denomina “seguridad jurídica”.
La seguridad jurídica es esencial para el desarrollo de las sociedades modernas, de modo que las relaciones jurídicas y comerciales se realicen con certeza. Esto se logra mediante la publicidad registral, que garantiza que los titulares de derechos no serán privados de ellos sin su consentimiento y que los adquirentes pueden estar seguros de su adquisición.
La seguridad registral protege el derecho de propiedad, incrementando el valor comercial de los bienes y facilitando su uso como garantía para obtener créditos en mejores condiciones. Los distintos sistemas registrales han evolucionado en respuesta a la necesidad de seguridad y de la tradición jurídica de cada nación.
Existen sistemas registrales con diversos grados de rigidez y protección. Los sistemas más rígidos, como el germánico y el sistema Torrens en Australia, ofrecen mayor seguridad, garantizando que la información registrada es confiable y que el Estado asumirá la responsabilidad en caso de error. Por otro lado, sistemas menos desarrollados, como algunos en Estados Unidos, ofrecen menor protección, lo que obliga a los particulares a buscar certeza mediante investigaciones y seguros de títulos.
El sistema registral del automotor argentino, similar al alemán, garantiza la propiedad mediante la inscripción en el Registro. En Francia y España, tienen regímenes con el mismo grado de inoponibilidad. En Estados Unidos, la reglamentación es local, dependiendo de cada estado. Sin embargo, desde 1992, el Estado Federal administra el Sistema Nacional de Información sobre Títulos de Vehículos Motorizados, creado por la Ley contra el Robo de Automotores.
Este registro electrónico federal se nutre con la información de las agencias estatales de titulaciones de vehículos motorizados, diseñado para proteger a los consumidores del fraude y de los vehículos inseguros y para evitar que los vehículos robados se revendan.
Desde su creación, el gobierno federal trabaja con los distintos estados para diseñar oficinas de registración de automotores que otorguen mayor seguridad a los compradores y también brinden a las fuerzas de seguridad información valiosa para la persecución de distintos delitos. Aunque la Ley contra el Robo de Vehículos no exige que los estados modifiquen la forma en que se registra la titularidad, se recomienda establecer requisitos para garantizar la legitimidad del documento de título y verificar el historial del vehículo antes de emitir un nuevo título, confeccionando un registro a partir del número de identificación vehicular.
En la actualidad, ya se encuentran incorporados 50 estados, con Hawái en vías de implementación. Contar con información segura respecto del historial de los automotores es valioso tanto en países con sistemas registrales más complejos como en aquellos con menores requisitos, al punto que el clásico ejemplo de estos últimos, como Estados Unidos, se encuentra desarrollando programas para contar con un registro nacional del que surja el historial de la titularidad de automotores.
Según el orden jurídico de cada país, el registro es más o menos rígido, y en ellos se inscriben algunos derechos reales y sus mutaciones, o todos los actos que afectan la situación jurídica del bien o de su titular. Puede ser gestionado por el propio Estado o por particulares a quienes se les encomienda la prestación del servicio. Sin embargo, en lo que conocemos como el mundo occidental, la registración es una realidad que protege no sólo los derechos de los propietarios sino también colabora con el cumplimiento de otros fines que benefician el bien común.
Nada de esto es incompatible con un registro moderno, electrónico, sencillo y accesible para toda la población. El sistema registral alemán se encuentra en proceso de digitalización, lo facilitará el acceso y la gestión de la información registral. Este sistema requiere grandes barreras de entrada para asegurar la perfección de los derechos que inscribe, generando un alto grado de seguridad jurídica sin necesidad de mecanismos complementarios. Ello se logra a partir de la llamada “calificación registral”, que es el control de legalidad que obligatoriamente debe realizar el registrador respecto de los documentos o actos cuya inscripción se le requiere.
La calificación registral es una tarea interna del registro, que no debe implicar mayor burocracia ni demoras para el usuario. También en Francia y España se puede acceder a la registración en forma remota de los automotores a través de una plataforma administrada en el primer caso por el propio Estado o por profesionales registradores privados que actúan por delegación en España, con un modelo de gestión similar al que se aplica en Argentina. En Estados Unidos, se hace en un DMV (Department of Motor Vehicles) al que puede accederse en línea en algunos estados.
En Argentina, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor se encuentra enteramente digitalizado y mantiene también la atención presencial. Se puede acceder a la información y también realizar algunos trámites de forma remota. No es mucho lo que resta para que se convierta en el primer organismo nacional híbrido, donde convivan la modalidad digital con la manual a opción del interesado.
Esto ofrece una metodología adaptada a las necesidades o preferencias de los ciudadanos, reconociendo los variados perfiles de usuarios y las diferentes realidades tanto de infraestructura digital como de valores culturales en el territorio nacional.
* Abogada, miembro de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor
