Los jubilados, pensionados o retirados están obligados, desde hace años, a recurrir a los tribunales de Justicia para reclamar el cobro de las diferencias de sus magros haberes, invocando los derechos que les reconocen la Constitución, las leyes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Estos juicios se tramitan durante años en razón de que los representantes de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) los demoran para que se postergue su resolución final, lo cual hace que, en muchos casos, terminen cobrando los herederos de los pasivos que iniciaron el pleito.
Cuando los gobiernos necesitan fondos para hacer gastos, ajustes, pagar deudas o evitar que aumente la inflación, recurren principalmente a los fondos destinados al pago de haberes de la clase pasiva, atento a que ese sector social no está en condiciones de hacer paros o reclamos callejeros que afecten el funcionamiento de los servicios públicos y, por ello, atenten contra la paz social, como ocurre con otros sectores activos, sindicalizados o unidos por vínculos políticos.
El año pasado, ingresaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 45.678 nuevos casos judiciales, la cantidad más alta de los últimos 10 años.
La variación porcentual respecto del año anterior verificó un incremento del 41,71%. Los organismos estatales son los principales recurrentes, y a estos los lidera Anses, con el 91,6% de ellos, que alcanzan a 23.414 juicios recurridos.
La cantidad total de fallos dictados por la CSJN en 2024 fue de 12.521, que impactaron sobre 20.237 casos judiciales.
La distribución por materia de los recursos resueltos fue: previsional, 40,4%; penal, 18,9%; laboral, 15,8%; tributario-aduanero-bancario, 8,6%; contencioso administrativo, 8,4%; civil y comercial, 5,9%. El 2% restante correspondió a otras materias.
El 99,85% de los casos resueltos fueron decididos exclusivamente por los ministros del Tribunal, y en el 0,15% se requirió de conjueces para decidir, lo que demora aún más los fallos.
El crecimiento de la informalidad laboral hizo disminuir de manera considerable los aportes de los trabajadores activos destinados a las cajas previsionales, y las distintas moratorias aprobadas en los últimos años provocaron que el número de pasivos haya aumentado de manera notable, sin que se previeran los recursos necesarios para pagarles sus haberes en condiciones similares a quienes hicieron aportes.
El Congreso acaba de aprobar una ley que aumenta los haberes (o, mejor, que sólo actualiza en parte lo que perdieron meses anteriores los pasivos como consecuencia de la inflación) y el bono que cobran los jubilados, pensionados o retirados. El Poder Ejecutivo anunció que lo vetará y que por ello volverá al Congreso, donde se votará si dicho veto es rechazado; si lo fuera, la actualización dispuesta por el Congreso se hará efectiva.
La “justicia social”, que declara la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 19 y que es repudiada por el presidente Javier Gerardo Milei, exige que a los pasivos no se les confisque ni se les postergue la parte de sus ingresos que en justicia les corresponde.
Esta descomunal cantidad de pleitos es el principal problema que tiene la Justicia argentina.
*Profesor emérito de las universidades Nacional y Católica de Córdoba; exdiputado de la Nación
