Pablo Biderbost* y María Puerta**
(Especial para La Voz).
Durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), la política migratoria estadounidense experimentó una transformación drástica mediante acciones ejecutivas que afectaron la protección humanitaria, los controles fronterizos y la expedición de visados. Esta línea de acción, que construyó una narrativa negativa sobre la inmigración —en especial contra los latinos—, regresó con más fuerza desde enero de 2025, ahora sin las limitaciones internas del Partido Republicano.
En la actualidad, la población latina en Estados Unidos supera los 65 millones de personas, lo que representa el 19,5% del total nacional. Se trata del grupo minoritario más grande, con un perfil demográfico joven (mediana de edad: 30,7 años), altamente masculinizado y concentrado en estados históricamente receptores como California, Texas y Florida.
Esta juventud le confiere ventajas como fuerza laboral, pero también implica menor elegibilidad electoral, por edad y ciudadanía. Sólo un 53% de los latinos son elegibles para votar, frente al 72% del promedio nacional.
En las elecciones de noviembre de 2024, 36,2 millones de hispanos podían votar, una cifra récord. Aunque la mayoría respaldó a la demócrata Kamala Harris (56%), Donald Trump logró el 42% de los votos hispanos, el mayor porcentaje republicano desde 2004. Este avance se dio especialmente entre varones y personas en los extremos del espectro de ingresos.
Asimismo, 19 de 26 condados fronterizos votaron mayoritariamente por Trump, lo que sugiere una supuesta realineación electoral (que debe ser confirmada en próximos comicios).
Prioridades ignoradas
Pese al apoyo recibido, las prioridades económicas de los votantes latinos han sido ignoradas. Mientras el colectivo esperaba medidas contra la inflación, los primeros decretos del nuevo gobierno se enfocaron en políticas migratorias restrictivas. Estas incluyen redadas en lugares antes considerados seguros (como escuelas e iglesias) y afectan tanto a inmigrantes indocumentados como a ciudadanos latinos con familiares en situación irregular.
Cuatro grupos son especialmente vulnerables: solicitantes de asilo, beneficiarios de parole (por razones humanitarias, ahora revocado), merecedores de TPS (siglas en inglés de estatus de protección temporal, parcialmente cancelado) y quienes se encuadran en la figura de Daca (acción diferida para los llegados en la infancia, por sus siglas en inglés).
Aunque se ha reintroducido un proyecto bipartidista ("American Dream and Promise Act“) que ofrece un camino a la ciudadanía para algunos de estos grupos, el entorno jurídico sigue siendo incierto.
Un hecho preocupante es la orden ejecutiva de enero de 2025 que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense (decisión paralizada momentáneamente por el sistema judicial). Esta medida afecta principalmente a latinos, ya que el 72% de quienes nacen de padres indocumentados cada año pertenece a este grupo. Además del riesgo de apatridia, esta política compromete el acceso a servicios públicos esenciales.
Desde el punto de vista económico, los hogares latinos presentan ingresos más bajos que otros grupos (65.540 dólares anuales frente a 112.800 dólares en hogares asiáticos).
La nueva política económica —con aranceles, recortes fiscales y reducción del gasto público— pone en riesgo empleos en sectores con alta presencia latina, como construcción, agricultura y manufactura. La Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) elevó su previsión de inflación en Estados Unidos, lo que impactará de manera negativa en el poder adquisitivo de estas familias.
La hostilidad y sus efectos
El discurso oficial actual insiste en asociar el fenómeno migratorio con un supuesto colapso del orden social y económico. Esto ha permitido la normalización de discursos que criminalizan la inmigración y justifican el despliegue de recursos públicos para la vigilancia y deportación masiva.
A pesar de que muchos latinos cuentan con ciudadanía estadounidense, la retórica dominante alimenta una sensación de sospecha constante hacia cualquier persona racializada o hispanohablante. Este clima de hostilidad ha generado consecuencias psicosociales graves: incremento en el estrés, sensación de inseguridad y retraimiento de la vida pública.
Además, el desmantelamiento de políticas de diversidad, equidad e inclusión en instituciones públicas y académicas representa un retroceso importante en materia de derechos civiles. Esta tendencia afecta directamente a comunidades que han luchado por décadas por reconocimiento y representación, entre ellas la latina.
La cancelación de programas de apoyo, becas específicas y espacios seguros vulnera las trayectorias educativas y laborales de miles de personas. Este retroceso institucional contradice el principio de igualdad de oportunidades que el sistema estadounidense ha defendido en las últimas décadas.
En el plano económico, la percepción de la comunidad latina como beneficiaria de recursos públicos, más que como contribuyente neto, sigue vigente a pesar de la evidencia empírica contraria. Estudios recientes muestran que la población hispana sostiene buena parte del crecimiento económico de Estados Unidos, especialmente en sectores esenciales como la logística, salud, agricultura y servicios. Ignorar este aporte socava la cohesión social y limita la implementación de políticas de desarrollo inclusivas.
La gestión económica de la nueva administración, centrada en un proteccionismo económico agresivo, también está impactando negativamente a pequeños empresarios latinos. Muchos de estos emprendedores dependen del comercio internacional o del consumo interno de comunidades migrantes, que ahora están reduciendo su gasto por temor e incertidumbre. Las decisiones económicas, además de carecer de perspectiva redistributiva, parecen agravar la brecha entre grupos sociales y reforzar dinámicas de exclusión.
Frente a este contexto, urge fortalecer la investigación interdisciplinaria que analice el impacto diferenciado de las políticas públicas sobre la población latina y otros grupos poblacionales. Las universidades, centros de estudios y organizaciones civiles deben construir alianzas para incidir en el debate público y diseñar herramientas de monitoreo. Esto permitirá identificar tendencias regresivas, elaborar indicadores de alerta temprana y proponer alternativas sostenibles.
En definitiva, los desafíos actuales no sólo interpelan a la población latina, sino a los valores democráticos occidentales. La defensa de una ciudadanía plena y de políticas migratorias justas exige un compromiso sostenido por parte de actores sociales, académicos y políticos.
El ciclo electoral del próximo año marcará un punto de inflexión: será el termómetro de la capacidad organizativa de los sectores afectados y de la respuesta de la sociedad civil ante una agenda regresiva.
A mediano plazo, esta combinación de presión migratoria y vulnerabilidad económica podría generar un cambio en la conducta electoral de los latinos. Si el descontento crece, las elecciones intermedias de 2026 podrían parir un proceso de reversión de las tendencias observadas en 2024.
*Profesor asociado, Universidad de Salamanca, España
**Profesora adjunta Universidad de Valencia; ambos son miembros de la sección de Estudios Latinos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.
