El recorte en jubilaciones ha sido un componente central en la reducción del gasto público efectuada en 2024. La concentración de decisiones en manos del Poder Ejecutivo –representado por el uso frecuente de decretos–, más la discrecionalidad que otorga contar con un Presupuesto prorrogado por segunda vez consecutiva y en un contexto de inflación, implican un papel cada vez más reducido para el Congreso.
Un ejemplo claro del fenómeno es el complemento previsional (o bono extraordinario), que fue producto de un decreto autónomo del Poder Ejecutivo, es decir que su monto puede ser fijado sin necesidad de debate legislativo.
Como consecuencia, el gasto mensual en prestaciones previsionales experimentó una disminución del 22% en términos reales en comparación con el promedio registrado entre 2015 y noviembre de 2023. Dado que es la principal partida del Presupuesto, este recorte explicó así el 20% de la reducción del gasto total.
En este marco, se produjo una pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios, mientras que la dinámica de consumo de los hogares que dependen de estos ingresos se vio seriamente afectada, con el consiguiente impacto en el acceso a bienes básicos.
El aumento inflacionario entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 contribuyó a una reducción de los haberes jubilatorios, que se actualizaban de forma trimestral y no fueron compensados de manera equivalente.
Mientras que en 2015 el haber mínimo –percibido por casi la mitad de los pasivos– equivalía a $ 494 mil a precios actuales, en 2025 este monto se redujo a $ 350 mil.
Esto se tradujo en una disminución del poder adquisitivo de los haberes, que impactó de forma negativa en el acceso a bienes y servicios esenciales, lo cual afecta la calidad de vida de las personas jubiladas.
Necesidad de debates
A la reducción del gasto en jubilaciones se sumó el vencimiento de la moratoria previsional el domingo 23 de marzo y el anuncio del Poder Ejecutivo de que no renovará dicho mecanismo, que permitió que personas sin los años de aportes necesarios accedieran a una jubilación.
El mercado laboral argentino estuvo marcado en los últimos años por altos niveles de informalidad y de empleo inestable. La moratoria fue una herramienta que permitió aumentar la cobertura previsional, sobre todo entre mujeres con trabajo no remunerado y personas en situación de informalidad.
La no renovación del mecanismo fue anunciada sin que hasta el momento se hayan ofrecido alternativas equivalentes de cobertura previsional.
Si bien existe el acceso a la pensión universal para el adulto mayor (Puam), esta sólo cubre el 80% de un haber mínimo, se otorga a partir de los 65 años y no concede derecho a pensión por viudez. De esta manera, en el futuro muchas personas podrían no contar con los recursos suficientes para ejercer su derecho a una vejez digna.
Una política fiscal con enfoque de derechos debe priorizar la provisión de recursos para aquellas personas que, por cuestiones de edad, salud o falta de oportunidades laborales, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La reducción del gasto previsional impacta de manera desproporcionada en un sector de la población –personas jubiladas y pensionadas– que dependen de esos ingresos para su sustento.
De este modo, decisiones que pueden exacerbar desigualdades sociales son tomadas sin que los potenciales afectados y afectadas por ellas tengan la oportunidad de participar en un debate amplio o influir en el proceso que origina dichas medidas.
* Economista del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij)
