“La causa se encamina hacia la verdad”, refería hace unos días La Voz del Interior en relación con que en breve serán enviados a juicio los autores materiales del asesinato de Aralí Vivas y de quien omitió su cuidado directo, la madre.
¿Es toda la verdad que hay que esclarecer? ¿Son ellos solos los responsables, no sólo del tremendo final, sino también del abandono y de la desidia que lo hizo posible?
Todas las disposiciones legales sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños marcan que es el Estado el responsable de proteger ese derecho vulnerado cuando la familia no puede proveer del debido cuidado, aun con apoyos apropiados. Y para cumplir eficazmente esa tarea, hay consenso en lo que las directrices de la ONU señalan:
“Deberían elaborarse y aplicarse sistemáticamente criterios adecuados basados en principios profesionales sólidos para evaluar la situación del niño y la familia, incluida la capacidad real y potencial de la familia para cuidar del niño en los casos en que la autoridad o la agencia competente tenga motivos fundados para pensar que el bienestar del niño se encuentra en peligro.
“Las decisiones relativas a la remoción de la guarda o a la reintegración del niño en la familia deberían basarse en esta evaluación y ser adoptadas por profesionales calificados y capacitados…”.
Preguntas sin respuesta
Estos fragmentos citados me generan varias preguntas.
¿Existen en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (Senaf), y en los juzgados encargados de controlar las medidas excepcionales, protocolos para realizar estas evaluaciones?
Si existen, ¿están determinados los indicadores que permitan evaluar la posibilidad que tiene una familia de realizar efectivamente las tareas de cuidado de sus hijos? Tanto la Senaf como los juzgados, ¿cuentan con profesionales calificados, capacitados y con la empatía necesaria?
Si se detectan dificultades parentales, ¿se determinan cuáles son los apoyos adecuados que permitirán a esa familia proveer del debido cuidado? ¿Se brindan? ¿Se sigue acompañando a la familia?
La verdad sobre la muerte de Aralí, su sufrimiento previo, el de sus hermanos, no se agota en el juicio a los perpetradores. Quienes como funcionarios y empleados tienen la función de aplicar las políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son responsables de no haber cumplido su tarea.
Casos de vulneraciones
A lo largo de los 14 años de funcionamiento de la Senaf, se vienen repitiendo casos en que la sociedad denuncia la negligencia de este organismo, muchos de ellos comprobados por la Justicia, muy pocos en los que tengamos conocimiento de medidas sobre los culpables de la mala praxis.
No llegaron a la muerte, pero mutilaron el futuro de muchos niños. Porque cada “caso” es una niña, un niño, un adolescente al que, cuando sus derechos fueron vulnerados, se le prometió una vida mejor y se lo entregó a nuevas vulneraciones, se le agostó la esperanza.
Otras causas judiciales que involucran a funcionarios y exfuncionarios se desarrollan en estos días; la lenidad hacia sus responsabilidades o la “imposibilidad” de determinarlas parece ser una constante. Neonatal, Apross, el crimen de las Altas Cumbres… Ahora, el horror de Brinkmann.
No es por afán de venganza por lo que pedimos identificar y sancionar a quienes, por impericia o desidia, fueron partícipes de lo sucedido. Si no se identifica y se castiga a los responsables, los inocentes seguirán siendo víctimas.
- Licenciada en Administración de Empresas
