En carta al rey Fernando del 20 de enero de 1513, Vasco Núñez de Balboa imploraba a su majestad “que ningún bachiller en leyes pase a estas tierras, so una gran pena, porque no ha pasado ninguno que no sea diablo, y tenga vida de diablos, y no solamente ellos son malos, sino que hacen y tienen forma para que haya mil pleitos y maldades”.
Ignoramos si el rey desoyó la súplica o, lo más probable, no pudo impedir que los letrados cruzaran el océano. Y así, muchos habrán actuado como Balboa lo prevenía, mientras otros lo hicieron valerosamente, como tantas veces lo exige la profesión.
Barranca Yaco
Barranca Yaco es un paraje del norte cordobés, próximo a Sinsacate, cuya posta, junto al Camino Real, era un punto de enlace decisivo en la época colonial, y aun después de la Independencia.
En ese paisaje serrano, quebrado por talas, espinillos y algarrobos, Facundo Quiroga fue asesinado el 16 de febrero de 1835. Santos Pérez y su partida lo emboscaron cuando regresaba de una misión en Santiago del Estero y Tucumán.
Nadie de la comitiva pudo escapar a la matanza, ni siquiera un niño postillón que clamaba por su mamita. El crimen, más allá de sus implicancias políticas, adquirió rápida fama de aleve y atroz.
En Córdoba mandaban entonces los cuatro hermanos Reinafé: José Vicente –gobernador–, José Antonio, Guillermo y Francisco. Eran hijos de un irlandés radicado en Tulumba en el siglo XVIII. Su apellido era Queenfaith. Con natural apego a la tierra adoptiva, lo tradujo literalmente al español.
El poder del clan descansaba en la tutela del general Estanislao López, gobernador de Santa Fe. Con José María Paz fuera de escena y los unitarios derrotados, López, Rosas y Quiroga se repartían el mapa federal en un equilibrio precario, sostenido apenas por conveniencias transitorias.
Precisamente con Quiroga tenían cuentas pendientes: viejas ofensas y el temor a que intentara nuevamente adueñarse de Córdoba, como ya lo había hecho instigando una revolución sofocada. Si lograba imponerse, López también perdería una provincia adicta.
Amparados en esa presunta impunidad, los Reinafé planearon el homicidio y calcularon mal la reacción del resto de los caudillos. Fueron imprudentes y dejaron huellas por todas partes.
El gobernador José Vicente ordenó una investigación en Sinsacate, una farsa que nadie creyó: en Córdoba todos sabían que Santos Pérez había actuado por órdenes del gobierno.
La suerte de la familia quedó sellada cuando López les retiró el apoyo. Rosas, ya consolidado en Buenos Aires, se convirtió en su acusador principal y ambos exigieron la renuncia del gobierno cordobés y la comparecencia de los hermanos en Buenos Aires, para ser juzgados en esa jurisdicción. Intentaron huir, pero fueron capturados.
También Santos Pérez. El propio general Paz, prisionero en Luján, los vio pasar rumbo a su destino.
El juicio y la defensa de Gamboa
El doctor Marcelo Gamboa era ya un reconocido letrado porteño cuando aceptó defender a dos de los hermanos. No ahorró coraje ni recursos en su ministerio. Desarrolló argumentos políticos y constitucionales que minaban la legitimidad del proceso.
Advertía que “justicia y no venganza es el grito del pueblo argentino”. Censuraba que Buenos Aires tuviera atribuciones para juzgar a los Reinafé, pues en una circular Rosas ya los había señalado como culpables.
“Todas las leyes –decía el defensor– aborrecen que el que ha manifestado su juicio sobre cualquiera causa antes de resolverse, pueda ser juez en la misma”.
Pidió permiso para publicar su escrito en la prensa, quizá para atenuar el reclamo popular.
La petición exasperó a Rosas: “Sólo un unitario tan desgraciado como bribón pudo concebir la idea de publicar en forma aislada la defensa de los feroces ejecutores de una mortandad sin ejemplo en la historia del mundo civilizado”.
La incidencia se resolvió no sólo prohibiendo la publicación, sino sancionando al letrado: no podía ejercer la abogacía ni presentar escrito alguno, so pena de ser paseado en un burro celeste o fusilado si intentaba fugar.
“La crueldad –dice Cárcano – está mezclada con la burla; el vejamen, con la risa; brota el sarcasmo como expresión de la suma del poder”.
Obligado al silencio, Gamboa mató el tiempo estudiando medicina. Sus clientes y Santos Pérez, en cambio, fueron fusilados y sus cadáveres, colgados bajo los arcos del Cabildo.
Siempre el coraje es mejor
En su Milonga de Jacinto Chiclana, Borges decía que nadie se arrepiente de haber sido valiente.
La abogacía ofrece oportunidades para probarlo. Hoy no existe un gobierno con la suma del poder público, pero los tribunales han sido colonizados por una ideología punitiva que suele borrar la mesura y los límites de la legalidad.
Frente a ella, la misión del abogado penalista es afirmar el derecho y las garantías constitucionales, porque la defensa en juicio no ha sido instituida para hacerle las cosas más difíciles a la Justicia cuando se trata de reprimir al delincuente, sino como un escudo protector para evitar la condena del inocente frente a las acusaciones arbitrarias, antojadizas o malintencionadas.
Litigar en un medio hostil, pararse solo ante la opinión pública adversa exige coraje que, va de suyo, no convierte al abogado en héroe, pero honra la dignidad de su oficio.
Abogado
